8-10-2020 La renuncia de Jaime Cárdenas Gracia a la dirección del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), el rimbombante nombre que le pusieron al viejo Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), exhibió actos de corrupción, malos manejos y fraudes inaceptables en cualquier ámbito de la administración pública y mucho más en una institución cuya función no es otra que la de tratar, precisamente, de administrar bienes y recursos provenientes de la corrupción o el crimen.
El antecesor de Cárdenas Gracia, Ricardo Rodríguez Vargas, había establecido con complicidades situadas por encima de él, un esquema de corrupción que iba desde la venta de bienes evidentemente por debajo de su precio hasta la sustracción de los mismos. La forma de operar quedó en evidencia con un reportaje que exhibe el modo de operación de este personaje.
Uno de los muchos ejemplos documentados es el de Grupo Texplus, S.A de C.V. Según documentos exhibidos por Bibiana en dicho reportaje, en el pasado mes de febrero, este grupo, por medio de su representante legal, Jacobo Farhi Duschi, presentó al entonces titular del Insabi el interés por adquirir de forma directa algunos de los lotes de telas que saldrían a la subasta, a lo que el Indep respondió con el oficio número DCCM/DEC/CCBM/109/2020 el 2 de abril, que los rollos de tela sí se encontraban en estatus para la venta. Hay que recordar que hasta hace unos años, cuando se decomisaban telas, éstas generalmente se donaban a distintas dependencias para utilizarse, por ejemplo, en tragedias naturales, en escuelas, en orfanatos y asilos.
La empresa Texplus, según la documentación, presentó una oferta por los 17 lotes de telas por 7 millones 620 mil pesos, IVA incluido. Estamos hablando de 120 toneladas de telas que en el mercado tenían un costo muy superior. Para el 22 de abril, Grupo Texplus presentó una oferta aún más agresiva, en respuesta al oficio DCCM/DEC/CCBM/121/2020, el cual indicaba los números de SAIB, de los rollos de tela que querían comprar, escogiendo los mejores lotes y ofertaron por ellos sólo tres millones 935 mil pesos.
Según la denuncia, Ricardo Rodríguez Vargas llegó a un acuerdo con esa empresa y le solicitó a los textileros comprar joyas mutiladas en la subasta, como una forma de obtener una retribución para él mismo. Así, nadie se enteraría que algunas de las joyas estaban mutiladas e incompletas, porque se les había quitado piedras y metales preciosos, y éstas se convertirían en parte de la transacción por el bajo costo de las toneladas de telas. La denuncia, que está en manos del ministerio público y de la secretaría de la Función Pública, fue lo que llevó, junto con muchos otros negocios también documentados, a quitar a Rodríguez Vargas del INDEP.
Pero hay otra denuncia que es mucho más grave, y que exhibe el reportaje de Bibiana. Por lo menos una decena de mujeres han denunciado al ex director del INDEP por violencia y acoso sexual. En una oficina en la que había siempre exceso de alcohol, Ricardo Rodríguez llegó a encerrar a algunas de las mujeres que trabajan ahí o que iban a visitarlo, obligándolas a beber con él, y como él tenía el control de la puerta de entrada, que sólo se abría con su huella dactilar y la de un ayudante de su confianza, él mismo decidía cuándo las dejaba salir. Literalmente, las encerraba contra su voluntad y las acosa. Las denuncias están tambien en poder de las autoridades.
Este personaje fue dado de baja del Indep, pero se lo propuso en la terna para elección del nuevo titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el Prodecon, una decisión hasta ahora suspendida por un juez de Nuevo León porque ninguno de los propuestos, incluyendo a Rodríguez Vargas, cumple con los requisitos. Esa terna será retirada en las próximas horas.
No existe peor combinación que un funcionario corrupto, que participa en el robo de bienes que tienen que regresar a la gente y que además, acosa, en sus propias oficinas, de mujeres que trabajan con él o van a visitarlo. Se le acabará la impunidad.
Consulta
La propuesta de sumar la consulta aprobada por la Suprema Corte a la jornada electoral del 2021, en junio, exhibe la intención que subyace detrás de la misma: poner en la campaña al presidente de la República. No importa que la consulta ya no sea sobre los ex presidentes, ni que el propio jefe de la UIF, Santiago Nieto, reconozca que si existieron delitos en los sexenio de Salinas, Zedillo y Fox, no pueden ser juzgados porque éstos ya prescribieron, o que el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, explique que la nueva consulta no puede ser vinculatoria o sea que su resultado no implica juzgar a nadie. Cara o no, legalmente la consulta tiene que ser el primer domingo de agosto del 2021.