23-10-2020 Se va Alfonso Durazo de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y más allá del juicio personal sobre su desempeño, nadie mejor que los electores de Sonora para hacerlo, lo cierto es que su salida abre una doble oportunidad para el presidente López Obrador. Por una parte, de renovar a su equipo y gabinete, en esa y en otras posiciones, con los movimientos que se tendrán que dar la próxima semana entre quienes quieran participar en los comicios de junio próximo. Por la otra, redefinir su estrategia de seguridad con aspectos que, a dos años de iniciado el gobierno evidentemente no han funcionado.
Hacer quinielas para adivinar quién reemplazará a Durazo no tiene sentido. Pero debería haber claridad sobre lo que hay que hacer con la secretaría. En los hechos, a diferencia del pasado, en esa área no hay demasiadas fuerzas operativas de las que echar mano. Un secretario muy operativo no tendría con qué operar. La fuerza real es la Guardia Nacional y ella está, en los hechos y bajo las nuevas normas, bajo el mando de fuerzas militares. Incluso muchos de los integrantes de la extinta Policía Federal han terminado siendo desplazados hacia otras tareas en la SSPC, pero ya no forman parte de las áreas operativas de la Guardia Nacional. No vamos a discutir el tema, y de si eso implica o no una militarización. Estamos hablando de algo que es un hecho en sí mismo.
Se ha especulado con la posibilidad de que llegara un militar, en activo o retirado, a la SSCP, pero en la actual coyuntura eso parece poco probable, más aún con el caso Cienfuegos tan reciente. Pero si se opta por un civil, lo más probable es que se tendría que cambiar el perfil de quien esté al frente de la secretaría. No creo que se necesiten políticos profesionales, como la mayoría de los actuales mandos de la SSPC, sino especialistas calificados que puedan abordar, por una parte y más allá de su conocimiento de tareas operativas, el que tendría que ser el verdadero desafío en esa área durante los siguientes cuatro años: la creación de una fuerza policial homogénea, preparada, que parta del modelo de la GN pero que se replique en estados y municipios con sus propias características, centralizando mandos, equipos, capacitación, manuales de operación.
La mayor debilidad del Estado mexicano en términos de seguridad está en la base en esas fuerzas policiales estatales y municipales que suman cerca de 400 mil elementos sin coordinación, en ocasiones sin control, sin capacitación y moviéndose, sobre todo en el ámbito municipal, con un pie en el desamparo y otro en la delincuencia.
Hoy, y así ha sido durante los dos últimos años, las prioridades están concentradas en la Guardia Nacional. Pero en el terreno de la seguridad, como en muchos otros, la administración López Obrador se maneja con criterios fundacionales, todo lo anterior debe ser reemplazado y todo debe ser nuevo. Las policías estatales y municipales han sido abandonadas por la Federación, que ha puesto esfuerzos, recursos y esperanzas en la Guardia Nacional. Hay estados y municipios, pocos pero los hay, que sin embargo han hecho bien su trabajo, y han logrado avances en los índices de inseguridad y en la conformación de sus fuerzas de seguridad. Ahí están la ciudad de México, Coahuila, Yucatán y Nuevo León.
Pero en el resto, las deficiencias son enormes. La actual administración tiene una oportunidad que nunca tuvieron sus tres predecesores: contar con una mayoría legislativa que les permita establecer esa estrategia global, homogénea, constitucional incluso, para contar con ese modelo policial que hoy no tenemos. Nunca estuvo convencido de ello el presidente Fox, pero sí Calderón y tímidamente lo intentó Peña Nieto, pero ninguno tuvo la fuerza para sacarlo. Incluso la llamada ley de seguridad interior de la pasada administración, que avanzaba en ese propósito, terminó siendo declarada inconstitucional sin que nadie se esforzara en reemplazarla por un nuevo texto legal que cubriera no sólo la necesaria participación de fuerzas armadas en temas de seguridad interior (que está hoy nuevamente en discusión) sino el de todo el entramado institucional en la misma, en un modelo que vaya reformando los ámbitos federales de seguridad y justicia, pero también las policías, fiscalías y sistemas de justicia en estados y municipios.
Claro que es una tarea titánica, pero se necesita por lo menos una hoja de ruta para encarar ese desafío. Hoy no lo tenemos. Y sería más que idóneo que en la SSPC pudiéramos tener especialistas que, más allá de la política coyuntural, pudieran concentrarse en diseñar y en la medida de lo posible implementar, ese objetivo.
Amparos
Hace unas semanas dijimos que la construcción de un hotel de la empresa RIU en Cancún tenía problemas jurídicos por la densidad de habitaciones que se planteaba construir. Ahora quienes se oponen no a la construcción en sí sino a la densidad que tendría la misma, han logrado un amparo definitivo para frenar esa construcción. No es la última palabra sobre el tema. Habrá y hay mucho más al respecto.