29-10-2020 La ficha roja emitida por Interpol para la localización de los ex funcionarios de seguridad federal, Frida Martínez y Jesús Orta admite muchas lecturas políticas, pero también exhibe el estrecho margen en el que se mueven quienes se desempeñan en cargos de seguridad con alto contenido político.
Son 19 los ex funcionarios de áreas de seguridad federal que han recibido órdenes de aprehensión por presuntos malos manejos y entre ellos es donde se incluye a los dos ex administradores generales de la PF, el también ex secretario de seguridad en la capital, ya con Claudia Sheinbaum, Jesús Orta, y Frida Martínez. Orta fue un pésimo secretario de seguridad capitalino, pero tenía fama de ser un administrador pulcro desde que fue oficial mayor de Marcelo Ebrard en seguridad pública, durante el gobierno de López Obrador. Desde allí hizo el resto de su carrera. Su enjuiciamiento no deja de ser un golpe, menor pero un golpe, tanto para Marcelo como para Claudia, dos aspirantes al 2024. Es también obviamente un golpe, por el caso de Frida Martínez, contra la anterior administración y contra Miguel Osorio Chong, el ex secretario de Gobernación, que fue su jefe político.
Pero esta historia, decíamos aquí semanas atrás, también nos recuerda otro caso que el ahora fiscal Gertz Manero inició cuando llegó a la secretaría de seguridad federal con el presidente Vicente Fox, en el año 2000, también contra funcionarios de PF y Cisen, por la compra de equipos, helicópteros y vehículos. En aquel caso se involucraba a una veintena de funcionarios de seguridad y de otras áreas, incluyendo al almirante Wilfrido Robledo y a Genaro García Luna, quien encontró refugio, como muchos de los acusados, en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), dependiente de la PGR que entonces encabezaba el general Rafael Macedo de la Concha. Luego de varios años de proceso, aquel caso finalmente no prosperó.
Pero en esta ocasión las acusaciones, partiendo de un marco similar, son diferentes. El capítulo más delicado, es el de los recursos para operaciones especiales no justificados, un tema, diferente al de la compra de helicópteros y aeronaves, pero que también en aquella gestión iniciada en el 2000, esgrimió Gertz Manero, denunciando malos manejos en la utilización de los recursos destinados para testigos protegidos. Hace semanas dijimos aquí que el verdadero problema de los acusados era el de las partidas confidenciales.
Según versiones oficiales, los 19 ex funcionarios de PF, Cisen y Gobernación están acusados de no justificar, según lo estableció la Auditoría Superior de la Federación, dos mil 500 millones de pesos de los fondos reservados para operaciones de seguridad. Los únicos autorizados a disponer de esos recursos, a autorizar su utilización, fuera del propio secretario de Gobernación, eran los jefes de administración de PF, en este caso Jesús Orta, durante la primera parte del sexenio pasado y luego Frida Martínez, por eso, ellos dos son los principales acusados.
Según el mecanismo establecido, para retirar dinero de ese fondo para operaciones especiales, en cada ocasión se debía dejar especificado, guardado en un sobre lacrado, para qué se habían utilizado. Lo que dice la Auditoria y ratifica la FGR es que se retiró el dinero pero no se cumplió con el procedimiento de justificar su utilización con los sobres lacrados. Dicen funcionarios de la anterior administración, acusados por el caso, que podrán justificar esa utilización, pero ya con la acusación a cuestas tendrán que hacerlo, ante el ministerio público, haciendo públicas, si algún juez lo considera así, operaciones secretas del pasado.
La información divulgada confirma que se trata de la partida 33701, que estaba destinada a operaciones de riesgo, urgencia y confidencialidad. Ahora sabemos también que unos mil 765 millones de pesos durante la gestión de Frida Martínez y 755 millones en la de Jesús Orta, se entregaron en cheques a subalternos que a su vez los endosaron para que los cobraran sus respectivos jefes, Martínez y Orta. La enorme mayoría de esos cheques, en la dos gestiones, fueron para un colaborador de segundo nivel, Leonel Ignacio Orozco. ¿Puede tener alguna razón operativa ese mecanismo?. Puede ser, puede tenerlo, pero debería estar justificado. Por lo pronto, como decía don Jesús Reyes Heroles, lo que parece, es. Y todo esto parece, no podemos afirmarlo, un fraude.
Irresponsabilidad
La forma en que las sesiones de la semana pasada en las cámaras de diputados y senadores se convirtieron en un foco de contagio de Covid demuestra la irresponsabilidad con que se actuó. Siguen dándose casos de contagio, ayer Josefina Vázquez Mota y Arturo Escobar dieron positivo a Covid, mientras que el gobierno capitalino está en virtual cuarentena, luego del contagio de Claudia Sheimbaun. Pero López Gatell asegura, sin la más remota prueba para sustentar dicha información, que el senador Joel Molina, fallcido el fin de semana, luego de la sesión del senado, no se contagio (¿ni contagió?) en ella. Una suma de irersponsables.