19-11-2020 La negociación que hizo el gobierno federal a través del canciller Marcelo Ebrard y del fiscal Alejandro Gertz Manero para lograr el regreso del general Salvador Cienfuegos, fue ejemplar. Se ha dicho que no hay que felicitar al gobierno por ello, pero creo que en esta ocasión así debe ser: la acusación contra el ex secretario de la Defensa era inverosímil, era un ataque al Estado mexicano y particularmente al ejército. Se puede cuestionar la gestión del general Cienfuegos al frente de la Defensa, pero nunca, en una carrera de 54 años, había tenido denuncias, ni siquiera rumores, de relación con el crimen organizado.
A ver cómo se procesa esta historia con el próximo regreso de Cienfuegos a México pero es muy importante que la FGR, luego de investigar el caso y revisar la información que se le envió de Estados Unidos no sólo esclarezca lo sucedido, sino también que se declare inocente al ex secretario de la Defensa, que se limpie su nombre y el de una institución, el ejército mexicano, que es, en muchos sentidos, ejemplar y uno de los principales sostenes del Estado.
Pero al mismo tiempo que se dan aciertos como la gestión diplomática en el caso Cienfuegos, hay decisiones desconcertantes. El martes, el presidente López Obrador aseguró que “todo esquema de subcontratación (outsourcing) que exista en el gobierno federal será eliminado, ya que no beneficia a los trabajadores”. Inmediatamente después, dijo que “no tenía información” de que existiera outsourcing en el gobierno federal pero que “todo lo que pueda existir de subcontratación se elimina en el Gobierno”.
O sea el Presidente decidió eliminar el outsourcing en el gobierno sin saber si se utiliza o no, y por ende sin saber qué consecuencias tendría hacerlo. En el gobierno hay miles y miles de trabajadores que trabajan bajo esquemas de subcontratación, su desaparición será presupuestalmente muy costosa para la propia administración federal y no beneficiará a los trabajadores, del gobierno y de la iniciativa privada, ya que se podrían perder hasta unos cuatro millones de empleos si la ley se vota como fue elaborada por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y enviada por el Presidente al congreso.
Con el outsourcing se han cometido abusos, y hay que eliminarlos. Y por supuesto que se debe legislar al respecto. Pero, en lugar de limpiar lo que haya que limpiar, reformar y corregir, lo que se hace es desaparece desde instituciones hasta mecanismos laborales, para ver luego qué se hace con ellos o cómo se los reemplaza, sin tomar en cuenta las consecuencias. Así ha pasado con el abasto y producción de medicinas, con las vacunas, con la salud, con las guarderías, con los fideicomisos, con la violencia contra las mujeres y con la seguridad pública. Desaparecer la subcontratación y de un plumazo equipararla legalmente con la delincuencia organizada será un tiro en el pie del propio gobierno.
Hoy el gobierno federal tiene acuerdos por cinco mil millones de pesos con una docena de compañías dedicadas a la subcontratación. Según una investigación publicada semanas atrás por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el Banco del Bienestar es la dependencia federal que más dinero ha gastado en contratar empresas de outsourcing. Pagó 408 millones de pesos en el 2019 y en lo que va de 2020 el monto se elevó a 463 millones.
Junto con el Banco de Bienestar, la otra dependencia federal que más recurre al outsourcing es la Secretaría de Hacienda, que a través de un contrato con vigencia de agosto de 2019 a diciembre de 2020, pagará 670 millones de pesos para la subcontratación de casi mil empleados que atienden el financiamiento agrícola. Los servicios de educación en línea y la administración de becas también fueron delegados a empresas de outsourcing.
Los contratos se han dado en prácticamente todas las áreas del gobierno federal: en las secretarías de Bienestar, Economía, Relaciones Exteriores, Marina, Sedena, Cultura y Educación, así como en Bancomext, Nacional Financiera, Banobras, el INEA y en centros de investigación.
Insistimos: hay abusos y muy graves en los sistemas de subcontratación, pero lo que hay que hacer es regularlos, hacer que las empresas que los utilicen cumplan con sus obligaciones, paguen impuestos y proteger a los trabajadores. Y qué bueno que se legisle al respecto. Pero acabar con el outsourcing traerá consecuencias muy graves para empresas y trabajadores, se perderán cientos de miles de puestos de trabajo, aumentará los costos de operación y sobre todo la economía subterránea e informal: esa que ocupa a la mitad de los mexicanos, que no paga impuestos y que pareciera ser, paradójicamente, mucho más protegida que la formal.
Por lo pronto, habrá que recordar que si el gobierno federal se queda de un día para otro sin subcontratación se generaría, como lo especifica la secretaría del Bienestar en uno de sus contratos de outsourcing, un “impacto negativo en lo social, económico y financiero muy alto, aunado a que podría traer como consecuencia la falta de credibilidad en el actual gobierno, ya que uno de sus principales ejes rectores es la entrega de recursos de programas sociales”. Y esa entrega está subcontratada.