4-03-2021 Sin cambiar ni una sola coma, como lo había demandado el presidente López Obrador, se aprobó en fast track en el Senado, la iniciativa preferente del presidente López Obrador sobre energía. Es un grave retroceso que será muy costoso para el país y que aleja a México no sólo de las energías limpias y renovables (y de las inversiones que ellas generan), sino también de los compromisos del Acuerdo de París y del TMEC.
En este contexto, se dieron dos movimientos extraños en Pemex, por una parte, se llegó a un acuerdo con Braskem-Idesa, la filial de Odebrecht, para seguir operando la planta de Etileno XXI. Por la otra, en una decisión sorprendente, Pemex decidió romper su contrato con la calificadora Fich, una de las tres del mundo encargada de calificar su desempeño y conducta empresarial.
Sobre la contra reforma energética se ha dicho mucho y todo lo que se diga se quedará corto respecto al daño potencial que generará para el país el modelo impuesto. En el mundo actual alejarse de las energías limpias y renovables para apostar por el monopolio estatal y las energías fósiles es un despropósito.
Más allá de todo lo que se ha dicho, los buenos números que tuvo en el pasado la CFE devinieron de los acuerdos que había adquirido la empresa con inversionistas y productores privados, asumiendo que la CFE era y es la única que finalmente puede distribuir la energía. Es más grave aún porque, como hemos señalado, en manos presidenciales estuvieron proyectos, uno de ellos con exclusiva participación privada nacional, para explotar gas y distribuirlo a todo el país, que generaría enormes inversiones de decenas de miles de millones de dólares y fueron desechados.
El eje del tema no es, como se lo enfoca incorrectamente, que la CFE tenga que comprar energía de productores privados, sino que es la única que lo distribuye, y eso es lo que le tendría que dar la rectoría del Estado que, muy en consonancia con los años 70, reclama el gobierno federal. Con una diferencia, en el modelo aprobado el sexenio anterior, incluso con los ajustes que se pudieran realizar, habría siempre energía suficiente y barata para hacerla llegar a toda la república mexicana. El esquema ahora aprobado no lo garantiza y lo hemos podido comprobar durante estos dos últimos años, incluso con los recientes cortes del norte del país, donde se quedaron sin energía ante la ola de frío en Texas.
La solución no es “dejar de depender” del gas que llega allende la frontera y recurrir al combustóleo (barato porque es tan contaminante ya no se utiliza ni siquiera en navíos de carga), sino en tener suficientes depósitos y generación propia de gas. Es ridículo, pero el gas que llega de Texas, viene de los mismos yacimientos que tenemos sin explotar debidamente en Tamaulipas, que con la nueva ley y con decisiones como prohibir el fracking en forma taxativa, se quedarán sin explotar.
Súmele a ello que, más allá de declaraciones, esta política energética chocará con la implementada por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, y como han expresado inversionistas de esos países, violará el TMEC y provocará demandas que se juzgarán en tribunales internacionales. Cuando nuestros dos principales socios comerciales están convencidos de apostar a que se cumpla con el Acuerdo de París, nosotros nos hemos alejado del mismo y de sus compromisos. En el mundo global e integrador, la soberanía y la rectoría del Estado, se mide en otros ámbitos.
De la mano con todo esto, ayer se anunció el acuerdo de Pemex para la operación de Etileno XXI. Con los acuerdos con Braskem-Idesa, filial de Odebrecht, se lograron ahorros considerables y muy positivos, pero el acuerdo sirve para ratificar lo que ya habíamos dicho aquí. Por una parte, no hubo testimonio alguno que relacionara la construcción de esa planta con sobornos de Odebrecht. Ninguno de los testimonios de los ejecutivos de Odebrecht o de Brasken en los procesos que se siguieron en Brasil y en Estados Unidos, se ha referido a irregularidades en la licitación o la construcción de esa planta, el mayor complejo petroquímico que se ha construido en el país en dos décadas.
En el caso de Etileno XXI ni la justicia de Estados Unidos y Brasil, en los proceso de Odebrecht, ni aparentemente la FGR con el caso Lozoya, han tenido prueba alguna de actos de corrupción en la licitación y construcción de la planta. Los que pusieron en entredicho el proyecto fueron las insuficiencias de Pemex, en la anterior administración, para aprovisionar el producto, algo que aparentemente se subsanó con el acuerdo anunciado ayer. No se podía descalificar de un plumazo un proyecto estratégico para la petroquímica nacional.
El aborto, Morena y el PAN
En lo que llaman la izquierda mexicana ocurren cosas extrañas. Morena y el PAN se aliaron en Quintana Roo para bloquear la aprobación de las leyes de derechos sexuales y reproductivos en el estado que, entre otras cosas, hubiera normado la interrupción legal del embarazo. La ley había sido aprobada en cinco comisiones legislativas, pero al llegar al pleno del Congreso local, repentinamente llegó la orden de echarla para atrás, y se hizo con un acuerdo Morena-PAN.