9-03-2021 La imagen, casi ignorada en México, recorrió la prensa internacional, muestra a un grupo de hombres fuertemente armados, recorriendo las calles de Aguililla, en Michoacán, lanzando vivas a Nemesio Oseguera, el Mencho. Aguililla, es la verdadera entrada a la Tierra Caliente, un lugar donde han nacido muchos de los principales narcotraficantes de la región (y cárteles como el de los Valencia o el Milenio, antecedente del CJNG) y es donde nació también hace poco más de medio siglo El Mencho.
Aguililla estuvo, sin embargo, en manos de cárteles rivales durante muchos años, el más reciente el cártel de Los Viagras. En la batalla casi de trincheras que se libra en la zona desde hace meses, parecen comenzarse a imponerse los del CJNG que festejaron la toma de Aguililla, paseando sobre los vehículos artillados, los llamados monstruos, que usaban hasta la semana pasada sus rivales de los Viagras. De las fuerzas de seguridad en la zona no hay noticias: la guerra en toda esa región de Michoacán, que se extiende a regiones de Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí y Nayarit, tiene dinámicas propias que se mueven caso sin interferencia con las fuerzas de seguridad.
En algunos capítulos se ha avanzado, nunca nada es jamás en blanco y negro, pero en términos generales, la estrategia de seguridad, por lo menos en reducir el número de asesinatos y en el establecimiento de un control territorial sobre las zonas de alta incidencia delincuencial, ha fracasado.
Nadie lo admite públicamente pero tanto es así que desde hace algunas semanas se está reconfigurando el modelo que se adoptó desde inicio de sexenio. Uno de los mecanismos que se están echando a andar, más allá de la reunión matutina, previa a la mañanera, con el presidente López Obrador, es una reunión de los integrantes del gabinete de seguridad (los altos mandos de sedena, semar, Guardia nacional, CNI, FGR, oficina jurídica de la presidencia, encabezados por la secretaria de seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez), sin participación presidencial, con cada uno de los gobernadores para ver, al detalle, la situación en cada estado, basados en la información de inteligencia que tiene el gobierno federal.
A la reunión llamada de judicialización, han sido invitados ya algunos gobernadores. La mayoría han salido sorprendidos y con información que les obliga u obligará a tomar medidas, en algunos casos drásticas. Algunos salen asustados por lo que vieron o les dijeron y unos pocos salen decididos a entrar en un esquema de plena colaboración con el gobierno federal. El encuentro no hace distingos de partidos o entidades y debería permitir ajusta las líneas de acción con los gobiernos estatales para establecer políticas comunes, y sobre todo avanzar en la construcción de fuerzas locales que puedan operar más allá del ámbito contención u operaciones de precisión de las fuerzas federales.
Según fuentes federales habría sólo cuatro fuerzas policiales confiables y con un buen nivel de desarrollo en este sentido: la policía de la CDMX, la más grande del país después de la Guardia Nacional, y luego, en ese orden, la de Yucatán, Coahuila y Nuevo León.
Hay gobernadores que, además, se han ido de esas reuniones no sé si con la convicción, pero por lo menos sí con las pruebas, de que algunos de sus más cercanos colaboradores están relacionados con el crimen organizado, y se les ha demostrado con material de inteligencia federal. Algunos han conservado su confianza en ellos, pero saben que tarde o temprano esa información de inteligencia se judicializará y con ellos podrán caer los propios mandatarios. Lo ocurrido en Nayarit con el fiscal Edgar Veytia y el gobernador Roberto Sandoval es prácticamente paradigmático al respecto. Pero hay otros estados en donde la situación, hoy, podría repetirse.
A todo esto, hay que sumar un tema que no es menor. Ya decíamos días atrás que uno de los temas que habían abordado el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado de la Unión Americana, Antony Blinker, era el de la seguridad con el compromiso de establecer una estrategia de colaboración bilateral. Dar una vuelta de tuerca a nuestra estrategia de seguridad será imprescindible si se la quiera empatar de alguna forma con la de la administración Biden.
Hay muchas temas que generan preocupación (ver el último informe anual de la DEA donde se califica al narcotráfico mexicano como el mayor riego de seguridad para Estados Unidos) en la administración Biden. El cártel de Sinaloa es uno de ellos. La detención de Emma Coronel es entendida, por sobre todas las cosas, como una forma de convertirla en testigo colaborador y que hable sobre muchas complicidades que se puedan dar en el entorno del Chapo Guzmán, pero sobre todo de sus hijos, los Chapitos. En el Citado informe anual, el cártel de Sinaloa sigue siendo considerada la organización criminal más poderosa del país. Y para la Unión Americana, el cártel de Sinaloa sigue siendo el mayor aprovisionador de opiacios, sobre todo de fentanilo, en su país.
Pueden cambiar en Estados Unidos los mandatarios, pero las agencias de seguridad no cambian de objetivos.