8-07-2021 La agenda energética cada día se le complica más al gobierno federal. Cuando la ideología quiere derrotar a las leyes y al mercado su destino suele estar marcado. En estas semanas la suma de desafíos, problemas, accidentes, malas decisiones en el sector resultarían apabullantes para cualquier gobierno.
El accidente en la sonda de Campeche con el espectacular incendio en el mar encendió luces rojas en buena parte del mundo… menos en México. El gobierno federal subestimó el tema y aseguró que todo se debió, simplemente, a una fuga de gas, primero dijeron que nitrógeno, luego que era metano, que estalló por los rayos provocados por una tormenta eléctrica.
La explicación es tan peregrina como aquella del corte de luz que afectó buena parte del país porque se habían incendiado unos pastizales en Tamaulipas. Obviamente, no está respaldada por ninguna información pública seria y olvida, primero, que en esa zona ha habido todo tipo de tormentas, e incluso huracanes, sin que se generara jamás algún problema similar. Segundo, que es difícil de explicar cómo estalló por una tormenta eléctrica un ducto que está sobre el lecho del mar a cerca de cien metros de profundidad y si hubo una fuga, ésta debe haber sido notable para provocar tal explosión. Y tercero es más difícil de explicar todavía lo que dice Pemex de que está indagando “para descartar daños ecológicos”, cuando los mismos son evidentes y deberían ser públicos y cuantificados. Es imposible que un incendio de esas características no haya provocado daños ecológicos serios en muchos kilómetros a la redonda.
Lo que ocurrió con el yacimiento Zama, descubierto luego de una inversión millonaria por la empresa estadounidense Talos y otorgado por la secretaría de Energía para su explotación a Pemex, es uno de los dislates más notables de los muchos que se han cometido en el sector.
La empresa estadounidense invirtió millones de dólares en exploración, descubrió el yacimiento, tiene capacidad de inversión, para perforar a esa profundidad y de explotar el crudo. Según los contratos, establecidos desde el pasado sexenio, el 70 por ciento de lo que se produciría Talos sería para Pemex que no invirtió un solo peso en la exploración. Pero se decidió, violando normas y procedimientos, que ese yacimiento lo explotará Pemex, lo que ya ha provocado quejas y futuras demandas contra el Estado mexicano.
Pero el problema es más grave, Pemex jamás ha perforado a esa profundidad en mar abierto, no tiene el equipo para hacerlo, tendrá que comprarlo o rentarlo. Para ello una empresa, como Pemex, que está quebrada y que arrastra una deuda imposible de pagar, tendrá que invertir millones y quien sabe cuándo podrá hacer producir ese yacimiento. La empresa con la que estaba asociada lo hubiera hecho producir sin que Pemex invirtiera y se quedaría con el 70 por ciento de la producción. Nadie logra explicar porque se descartó esa opción, que era, además, la que permitiría cumplir con los acuerdos suscriptos.
Es una demanda más que se agregará a las muchas que ya existen por incumplimiento de distintos contratos petroleros y de gas, y es una de las razones reales por las que estuvieron en México cinco legisladores de los Estados Unidos la semana pasada. La desconfianza ha llegado a tal nivel que en el propio congreso estadounidense se teme por la venta de la refinería Deer Park, comprada por Pemex en Texas, porque se considera que existe una seria posibilidad de que la petrolera mexicana no la pueda gestionar adecuadamente y se violen los mecanismos de seguridad.
La propia adquisición de la refinería en Houston, cuestionada por muchos, terminaría siendo positiva si se compara su costo, con la construcción de la refinería de Dos Bocas, que tendría la misma capacidad de operación pero que costará casi diez veces más: según los especialistas la construcción de Dos Bocas está notoriamente rezagada, lleva apenas un 20 por ciento, y el costo se ha elevado de los 8 mil millones de dólares presupuestados a unos 12 mil millones de dólares. Deer Park, sumando amortizaciones y deudas costará, máximo, unos mil 500 millones de dólares y ya está funcionando.
Ayer se anunció, para supuestamente bajar el precio del gas, la creación de una nueva empresa paraestatal, una gasera del gobierno que se llamará Bienestar. Es otro sinsentido. El Estado tiene la capacidad de regular el precio, la distribución y la comercialización del gas sin tener que crear una paraestatal que, como todas las del sector, terminará siendo de un enorme costo burocrático para los contribuyentes. Son tareas que no tiene porque realizar el gobierno. Y eso va de la mano con otra desafortunada decisión: acabar con los permisos para la importación de gasolinas por empresas privadas, que abarataba costos y generaba competencia en el sector: la decisión es regresar al monopolio de la CFE y de Pemex y que nadie les haga competencia, aunque seamos los contribuyentes los que paguemos los costos.
La administración López Obrador puede tener en la energía la palanca de desarrollo e inversiones privadas que necesita para la recuperación, pero parece decidida a desechar todas las oportunidades que genera el sector.