El rector Juan Ramón de la Fuente ya ha presentado su propuesta para tratar de encontrar una solución al conflicto que ha paralizado a la Universidad Nacional Autónoma de México desde abril pasado. Todo indica que en esta ocasión hay mejores condiciones que en el pasado para levantar, de una u otra forma, el paro estudiantil antes de que concluya enero, pero, por otra parte, pocas veces como ahora el futuro académico e institucional de la UNAM y de las universidades públicas en general, parece verse menos claro.
El rector Juan Ramón de la Fuente ya ha presentado su propuesta para tratar de encontrar una solución al conflicto que ha paralizado a la Universidad Nacional Autónoma de México desde abril pasado. Todo indica que en esta ocasión hay mejores condiciones que en el pasado para levantar, de una u otra forma, el paro estudiantil antes de que concluya enero, pero, por otra parte, pocas veces como ahora el futuro académico e institucional de la UNAM y de las universidades públicas en general, parece verse menos claro.
Primero, el paro. Sin duda, el secreto para que la estrategia de rectoría tenga éxito estriba en dos componentes: la capacidad de las autoridades para establecer acuerdos con el ala moderada del CGH, que en su mayoría responde al PRD, y la capacidad de movilización de los no paristas que son la mayoría de la comunidad. En el primer sentido, lograr que afloren, como ya lo están haciendo, las contradicciones en el CGH, es imprescindible para evitar fracturas mayores en el cuerpo universitario. Evidentemente, la ruptura entre las alas ultras del CGH, ampliamente identificadas con grupos como el Frente Popular Francisco Villa (de donde se desprenden muchos de los hilos que llevan a la relación con el EPR y el ERPI), con los moderados es una condición objetiva para encontrar soluciones al conflicto. Los moderados podrán tener posiciones que se pueden o no compartir, pero su objetivo está allí, en la universidad, los ultras con todos sus colores y sabores, simplemente están haciendo una apuesta que tiene mucho más que ver con la desestabilización y su entronización como factor político-electoral que con la universidad.
En este sentido, la detención de Alejandro López Villanueva, alias El grandote, a quien ya se le dictó formal prisión por el asesinato de Abraham Polo Uscanga, ha sido un golpe demoledor para el ala ultra: primero, porque se confirma el delgado límite que tienen estos grupos entre actividades gansteriles y proselitistas. Segundo, porque confirma hasta dónde están dispuestos a llegar para lograr romper la estabilidad imprescindible para un auténtico juego democrático en el que no creen. Tercero, porque la investigación y la acción penal fue llevada a cabo no por el gobierno federal sino por el gobierno perredista del DF y la procuraduría capitalina. La detención de El grandote, al igual que la del Roco, en los hechos pone en evidencia a la corriente ultra, ahonda sus divergencias con los moderados y establece un marco posible de negociación para encontrar una salida.
En este sentido, como adelantábamos hace unos días, la fecha límite para que la universidad esté nuevamente en funciones es el 15 de febrero. La idea es que inmediatamente después del plesbiscito del día 20, exista un consenso básico para recuperar las instalaciones y regresar a clases.
Pero esta es sólo una cara de los problemas, la otra es la solución en sí de los problemas. No cabe duda de que el paquete de propuestas del rector De la Fuente que logró con una mayoría abrumadora del Consejo Universitario, marcan, en muchos sentidos, las diferencias entre De La Fuente y su antecesor, Francisco Barnés. Este nunca quiso convocar al Consejo Universitario para plantear una salida similar: en los hechos, desde hace unos cuatro meses existe un consenso básico de las distintas fuerzas involucradas en la UNAM para proponer un esquema como el ahora aprobado. Barnés nunca quiso convocar al Consejo para sacarlo adelante y se resistía argumentando que ello, y en parte era verdad, echaría para atrás todas las reformas realizadas durante su gestión, antes de lanzar el aumento de las cuotas.
Lo cierto es que, avanzado tanto el conflicto, polarizadas como están las posiciones, no parece haber más salida que ésta para retomar la universidad y regresar a clases. Cuando apenas llevaba un mes el conflicto, en un plática con el entonces secretario De la Fuente, éste reflexionaba sobre el costo de prolongar tanto el conflicto y en la inevitable necesidad que habría con el tiempo, si no se alcanzaban soluciones, de terminar concediendo mucho más de lo originalmente pensado: cualquier rector que llegue a reemplazar a Barnés, decía, tendrá que retroceder antes de hacer un planteamiento nuevo, distinto.
El punto, entonces, estará en qué propondrán las autoridades universitarias para después de levantar el paro. Porque sin duda vendrá una larga etapa de reconstrucción pero también debemos regresar al principio del conflicto: ¿cuál es el tema? ¿analizar el tema de las cuotas o realizar una reforma realmente profunda en la Universidad Nacional que permita replantear por completo una institución que, evidentemente, está dirigiéndose en sentido equivocado?. Porque hay que tomar conciencia de que varias de las propuestas aceptadas por el CU para propiciar el levantamiento del paro no mejorarán la calidad académica de la Universidad.
Por ejemplo, el tema de las cuotas: evidentemente, aumentarlas es ya inviable y es mejor eliminarlas por completo. En los hechos, esa medida, solucionará en el corto plazo problemas en la Universidad Nacional, pero obligará a modificar la estrategia actual en prácticamente toda la educación pública superior del país: en los hechos sería la UNAM la única universidad pública que no cobrará por sus servicios, ¿cómo espera usted que reaccionen las demás?. Por otra parte ¿es justo que todos los servicios que presta la Universidad en todos sus niveles y dimensiones sean gratuitos?. No lo creo. Además, ¿cómo repercutirá esa decisión en términos presupuestales?.
Eso en términos de dinero: el otro punto importante es si seguirá aumentando el tamaño de la UNAM y si se seguirán deteriorando sus esquemas educativos. No es inviable que la universidad pública sea gratuita: en sus niveles básicos, así funcionan, por ejemplo, buena parte de las universidades públicas europeas, pero entonces la operación tiene que establecerse sobre la calidad académica y el número de estudiantes. Lo que no es posible es una universidad con elefantiasis, que acepte a todo aquel que se inscriba en ella, con pase automático, que no ponga tiempos límite para cursar una carrera, y con exigencias académicas mínimas: casos como el Roco, estudiante de 51 años, con 30 años en la Universidad durante los cuales aprobó tres materias (o sea, una por década) no pueden ser posibles, más aún cuando es la sociedad la que pagará el presupuesto universitario.
En ese sentido no se pueden dar pasos atrás y se deben dar varios pasos adelante. Es verdad que muchas de estas decisiones serán el objeto de debate del próximo congreso universitario, pero si no hay claridad en los objetivos, si el árbol del paro tapa el bosque de la verdadera reforma universitaria, se estará encontrando una salida falsa al conflicto.