Durante la semana, después del fallido intento del rector Juan Ramón de la Fuente de entregar al ala ultra del consejo general de huelga los resultados del plebiscito, en la UNAM se han suscitado diversos procesos que tienden, una y otra vez, a buscar la recuperación de la universidad. Mientras que crece la confusión, algunas instalaciones han sido recuperadas, en otras, el ala ultra se ha pertrechado, se están realizando asambleas que no se sabe qué representatividad tienen y, lo cierto es que se ha polarizado la situación.
Durante la semana, después del fallido intento del rector Juan Ramón de la Fuente de entregar al ala ultra del consejo general de huelga los resultados del plebiscito, en la UNAM se han suscitado diversos procesos que tienden, una y otra vez, a buscar la recuperación de la universidad. Mientras que crece la confusión, algunas instalaciones han sido recuperadas, en otras, el ala ultra se ha pertrechado, se están realizando asambleas que no se sabe qué representatividad tienen y, lo cierto es que se ha polarizado la situación.
No cabe duda que las imágenes de lo que se encontró en las oficinas administrativas de la Escuela Nacional Preparatoria, han sido, una vez más, demoledoras para los ultras: un edificio literalmente destruido, 15 millones de pesos en computadoras destruidas o robadas, las instalaciones saqueadas, no dejan espacio para el debate. En periódicos y televisores esas imágenes se constituyen en una acusación que no admite réplicas y que deberían obligar a las autoridades a buscar responsables de semejantes hechos.
Otros edificios como la Escuela Nacional de Enfermería o el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, por el contrario, fueron entregados en buen estado, en buena medida derivado del hecho, tan sencillo como contundente, de que quienes ocuparon esas instalaciones sí eran estudiantes y los de la ENP no: se trataba de grupos de colonos del Frente Francisco Villa y de la Unión Popular Emiliano Zapata que saquearon esas oficinas.
Pero el conflicto está entrando en una etapa especialmente peligrosa. Por una parte, se están recuperando instalaciones, pero también se están endureciendo posiciones de los sectores ultras, mientras que otros, como las autoridades capitalinas y el PRD, han variado su posición y de ser partidarios del plebiscito y de la entrega de las instalaciones, se han trasladado hacia una suerte de tercera posición, supuestamente neutral, que, paradójicamente, propicia la radicalización del enfrentamiento entre las partes.
Lo que está sucediendo es que comienzan a presentarse una suerte de islas en el conflicto, donde cada una de las partes controla su territorio e impide a los demás avanzar. Evidentemente, ese equilibrio, que se da sobre todo en el campus universitario, puede llevar a un grado de confrontación mayor. Y por ello, el cambio de posición del PRD y del gobierno del DF, ha tornado más difícil la situación.
No se trata, como señaló ayer el candidato perredista al gobierno de la ciudad, Andrés Manuel López Obrador, a proponer el diálogo entre las partes y pedir que se saquen las manos del conflicto, se trata de que en la capital hay una autoridad y tiene que ejercer como tal. Cerrar los ojos no implica neutralidad sino irresponsabilidad. Llama la atención, por ejemplo, que Rosario Robles, que apoyó explícitamente el plebiscito ahora haya dejado en claro a las autoridades, a la rectoría y a los miembros de la comisión de vigilancia, que con el gobierno capitalino no cuenten para recuperar las instalaciones.
Por eso, en estos días, cuando se producían enfrentamientos en las puertas de CU, los elementos de la secretaría de Seguridad Pública brillaban por su ausencia. El cuerpo, que dirige un universitario y conocedor de estos problemas como Alejandro Gertz Manero, distribuyó un comunicado diciendo que se había desplegado un operativo para preservar la seguridad, operativo que nadie vio, porque cuando se dieron enfrentamientos y agresiones la policía no participó; una vigilancia policial que tampoco se vio cuando algunas instalaciones fueron regresadas, y se le pidió apoyo para preservarlas. No se trata en estos casos de una decisión política, que se puede compartir o no, de participar en la recuperación de las instalaciones universitarias, sino de hacer cumplir la ley, de respetar normas de conviviencia mínima en la ciudad. Es como si a usted lo estuvieran asaltando en plena calle y los policías no intervinieran pero le pidieran que usted se pusiera, mediante el diálogo, de acuerdo con el ladrón.
No sé si la participación de la Policía Federal Preventiva para resguardar los inmuebles recuperados, para checar que en ellos no se hayan dejado armas o explosivos, sea positiva o no. Quizás no es el cuerpo idóneo para ello, pero sí lo era la Secretaría de Seguridad Pública, pero tiene órdenes de no intervenir. No dudo, como dijo López Obrador, que el gobierno o la secretaría de Gobernación pudieran tener algún tipo de interés en el conflicto, pero también lo tiene el gobierno del DF. Puede ser que la PFP no sea la mejor solución para resguardar instalaciones, pero con la negativa de las autoridades del DF a intervenir, no queda otro cuerpo policial que lo pueda hacer. El punto no es si debe o no haber diálogo: todos hablan de diálogo y casi ninguno lo ejerce. El punto es si se acepta o no el resultado del plebiscito, que implica el regreso de las instalaciones ocupadas desde hace más de nueve meses por grupos políticos que cada día tienen menos de universitarios.
Pero aquí es cuando a la coherencia que en general ha mostrado el gobierno de Rosario Robles durante su gestión, se le suman los cálculos electorales y entonces el resultado es muy deficiente. La procuraduría capitalina detiene a un dirigente del Frente Francisco Villa como responsable del asesinado de Polo Uscanga y unos días después Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel participan en un mitin con el FPFV, aceptan su apoyo electoral, y no se inmutan cuando los villistas insultan, en ese mismo acto, a la jefa de gobierno. Rosario impulsó el plebiscito pero repentinamente dice que no intervendrá (con lo que ignora sus resultados) y el secretario general del PRD, Jesús Zambrano dice que el intento del rector De la Fuente de entregar los resultados del mismo a los miembros del CGH fue “insensato”; Andrés Manuel dice que la PFP no es confiable para esa tarea pero la policía del DF, que sí lo sería, tiene órdenes de no intervenir.
Sin duda, existen muchas deficiencias y responsabilidades, desde el origen del conflicto, del gobierno federal, pero esa responsabilidad, también desde el origen, es compartida por el gobierno capitalino. Por cierto, hoy, cuando los ultras apoyados por el FPFV y la UPREZ, entre otros grupos ultras y ajenos a la universidad, marchen por el DF, habrá que ver cómo actúa la fuerza pública, ¿o habrá carta blanca y neutralidad?.
Archivos recuperados
El martes pasado, cuando el rector De la Fuente no pudo ingresar a CU, el nivel de indignación era tan alto entre las autoridades universitarias y los miembros de la comisión de seguimiento y vigilancia que lo acompañaron en esa visita, que, por primera vez se habló no sólo de la renuncia del rector sino, incluso, del cierre definitivo de la universidad y su reemplazo por otra institución. No pasó de allí, pero se debería tomar en cuenta ese dato.