A pesar de muchos de sus detractores, el gobierno capitalino, sobre todo en este periodo en el que ha estado encabezado por Rosario Robles, no ha hecho tan mal las cosas. En muchos sentidos ha logrado un esquema de orden interno que no tenía y una presencia importante, sobre todo en las colonias populares de la ciudad. Incluso en algunos aspectos relacionados con la seguridad, se han dado algunos tímidos avances quizá no del todo perceptibles por la ciudadanía pero que, sin duda, son reales.
A pesar de muchos de sus detractores, el gobierno capitalino, sobre todo en este periodo en el que ha estado encabezado por Rosario Robles, no ha hecho tan mal las cosas. En muchos sentidos ha logrado un esquema de orden interno que no tenía y una presencia importante, sobre todo en las colonias populares de la ciudad. Incluso en algunos aspectos relacionados con la seguridad, se han dado algunos tímidos avances quizá no del todo perceptibles por la ciudadanía pero que, sin duda, son reales.
Por eso me imagino que la relación de una mujer con sentido político como Rosario Robles con el procurador Samuel del Villar debe ser francamente difícil. Y no hablo de confrontaciones personales, sino políticas, porque el procurador ha asumido con un alto grado de involucramiento personal, causas que harían sonrojar a cualquier gobierno que se reconozca como progresista, como es el caso del capitalino.
Puede haber muchas causas indefendibles, pero pocas lo son tanto como el ataque sistemático al que ha sometido la procuraduría capitalina a la comisión de derechos humanos del Distrito Federal que encabeza Luis de la Barreda. Más aún, porque nadie puede argumentar que don Luis es una pieza que se le colocó al gobierno perredista para dificultarle su accionar: la relación del ombudsman capitalino no fue sencilla con la administración de Óscar Espinosa y un mes antes de que asumiera Cárdenas (el 5 de diciembre del 97) se sometió la reelección de Luis de la Barreda a la asamblea legislativa del DF, que contaba ya con una amplia mayoría perredista. Por primera y hasta ahora única ocasión para la designación de un ombudsman estatal, la ALDF aprobó por unanimidad la reelección de De la Barreda. Pero apenas comenzó la gestión de Cárdenas se dio el primer enfrentamiento: la CDHDF se hizo eco de las denuncias de distintos sectores sociales y de diferentes investigaciones periodísticas que señalaban que el nuevo jefe de la policía judicial del DF, el señor Jesús Carrola, tenía en su contra denuncias por violación de derechos humanos durante su gestión como delegado, con Javier Coello Trejo, en Baja California Sur, además de que había sido dado de baja en dos ocasiones en la propia PGR "por falta de confianza". La comisión envió una recomendación a Samuel del Villar que éste se negó a aceptar, pero la presión social fue tan fuerte que obligó a Cárdenas a retirar a Carrola, quien, de todas formas siguió fungiendo como colaborador de Del Villar.
Desde entonces, la relación entre la Comisión y la Procuraduría fue mala. Esas divergencias alcanzaron su clímax en estos días, con el acoso al que ha sometido la procuraduría a la comisión luego de que ésta le enviara una recomendación solicitando que la joven Paola Durante, acusada de haber participado en el asesinato del conductor de televisión Francisco Stanley, fuera dejada en libertad porque, en otras palabras, estaba detenida a través de una serie de testimonios inventados. Y a pesar de que la recomendación está ampliamente sustentada, ha desatado la ira de la procuraduría que no sólo la rechazó sin haberla siquiera estudiado sino que comenzó a perseguir a los visitadores de la Comisión y a llamarlos a declarar ante el MP. Jamás se había dado un caso similar desde la creación de las comisiones de derechos humanos en el país.
Sin duda, el asesinato de Francisco Stanley, fue un golpe durísimo para el gobierno capitalino y, sin duda también hubo una terrible sobrerreacción en los medios que se matizó cuando se supo que Stanley estaba lejos de ser sólo una víctima y que su asesinato parecía tener mucho más que ver con sus relaciones con el narcotráfico que con un simple asalto urbano. Se supo que Stanley había tenido una fuerte relación con Amado Carrillo, se dijo que a la muerte de Rafael Aguilar Guajardo (otro capo del cártel de Juárez) se había quedado con la administración del centro nocturno Premier y que no lo había regresado a sus propietarios "originales", se aseguró que distribuía cocaína en el medio artístico.
Y sin embargo, la investigación de la procuraduría capitalina se montó en una doble vía de difícil explicación: por una parte, se sustenta en que semejante operativo se pudo haber debido a problemas personales y sentimentales de Stanley con sus colaboradores, y por la otra, que el asesinato había sido ordenado por el cártel de los Amezcua, conocidos como los reyes de las metanfetaminas. En ninguna de las dos vías se estableció un móvil, una razón para el asesinato del conductor de TV Azteca. Los argumentos pasionales se demostraron sin sustento y la conspiración de los narcotraficantes es desconcertante porque, en todo caso, las relaciones de Stanley se habrían establecido con el cártel de Juárez y se basaban en la distribución y consumo de cocaína: los Amezcua siempre han trabajado con drogas sintéticas y nunca antes se había sabido de una relación de éstos con Stanley.
Finalmente, la procuraduría capitalina armó un caso que no tiene demasiada lógica ni pruebas que lo sustenten, basado en las declaraciones de un testigo de oídas que, antes de declarar, se convirtió en un testigo protegido de la propia procuraduría. El punto más débil del caso es una edecán del programa de Stanley, una joven de origen uruguayo de 23 años, llamada Paola Durante, que aparentemente le es necesaria a la PGJDF para establecer un lazo entre quienes habrían ordenado el asesinato desde un reclusorio (los Amezcua) y los que lo habrían ejecutado. Pero no hay contra Paola Durante una sola prueba para mantenerla en prisión y con ello toda la investigación de la procuraduría capitalina se podría desmoronar. Y el señor del Villar no permitirá que eso suceda, por lo menos no antes de las elecciones del 2 de julio.
Las pruebas que presentó la Comisión en la Recomendación 2/2000 para solicitar la liberación inmediata de Paola Durante se basan en la evidencia de una serie de contradicciones y falsedad de declaraciones que se cometieron en el proceso. Primero, hay indicios, demuestra la Comisión, de que los testimonios de Luis Gabriel Valencia (el único elemento en el que se basa la detención de la joven) fueron forzados o impuestos, ya que declaró motivado por la posibilidad de obtener beneficios (efectivamente fue trasladado al penal en Puebla en condiciones muy ventajosas inmediatamente después de la declaración); Valencia padece trastornos emocionales y de personalidad; sus declaraciones son incongruentes; el 18 de agosto de 99 declaró a una trabajadora social de la Penitenciaría del DF que contaba con una oferta laboral de la PGJDF, ya que era testigo protegido y que tenía muchas amistades en la Procuraduría; los retratos que hizo de la acusada no coinciden con su fisonomía; hay pruebas que indican que ésta realizó actividades en el Auditorio Nacional el día que el cocinero asegura que asistió al Reclusorio a entrevistarse con los Amezcua; en el reclusorio no figura en libro alguno esa visita y, finalmente, en el estudio psicológico que se elaboró el 25 de agosto del 99, por personal de la propia Penitenciaría, se señaló que Valencia es "demandante, manipulador, rebelde, explotador, agresivo, fantasioso e impulsivo". Y sin embargo, con base en ese único testimonio esta mujer lleva ya casi un año detenida.
Pero hay más. Como ha demostrado la comisión de derechos humanos del DF, los testigos que la Procuraduría presentó en contra de la acusada ofrecen declaraciones idénticas, con tan exactas "coincidencias hasta en aspectos de sintaxis, llevan a pensar que se trata de testimonios inducidos y preparados". Sin embargo y al tiempo, estos mismos testigos cambiaron sus declaraciones en el sentido de decir que la fecha en la que vieron a la edecán con los Amezcua fue primero en febrero o marzo de 1998 (cuando los Amezcua aún no estaban encarcelados) para decir después que, en realidad la habían visto en febrero o marzo del 99, fecha en la que ya estaban encarcelados.
Por su parte, el fiscal del caso, Fernando Castro Hernández declaró que sí existen pruebas contra Paola basadas en la declaración de otro interno, Alfredo Islas, que a posteriori habría confirmado la presencia de Durante en el Reclusorio y su posible entrevista con los Amezcua. Pero Alfredo Islas, alias el Cholo, acusó a los funcionarios de la PGJDF de haberlo presionado para firmar las declaraciones en las que dijo que tenía relación con los hermanos Amezcua y Paola Durante, lo cual negó categóricamente. Y en respuesta, en este verdadero circo de equívocos legales, la procuraduría no sólo rechazó la recomendación, y desechó los testimonios de la comisión sobre la falsedad de las declaraciones de Islas, sino que, además, inició averiguaciones previas contra el primer visitador de la propia comisión, José Antonio Aguilar Valdés y de otros funcionarios de la CDHDF, acusándolos de haber sido ellos los que motivaron a Islas a cambiar su declaración.
Con toda razón, organizaciones independientes como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, se han "alarmado por el uso discrecional y arbitrario" que le han dado en la procuraduría a este caso, a esta recomendación y a las acusaciones contra los propios ombudsman. Por lo pronto, ésta y otras organizaciones humanitarias independientes ya han elevado el caso a la comisión interamericana de la OEA.
Pero más allá de declaraciones y contradiciones, el hecho real es que hechos como éste lastiman profundamente la credibilidad de la sociedad en las instituciones encargadas de brindar justicia y colocan al gobierno capitalino en una situación difícil, en las antípodas de lo que constituye su programa e ideología. Insistimos, nunca antes un gobierno estatal o federal, había desoído y acosado a una institución oficial de derechos humanos como en este caso. Y mientras tanto, Paola Durante, sin una sola prueba real en su contra, continúa en prisión. ¿O habrá que esperar hasta el 2 de julio para que se haga justicia?.
