El lunes, un grupo de 60 integrantes del CGH, entre paristas y supuestos padres de familia de los detenidos, tomaron la torre de rectoría de la UNAM, en medio de gritos, insultos y, en forma notoria, de agresiones contra los representantes de los medios de comunicación. La toma que primero se dijo que sería simbólica se transformó rápidamente en real, y de las 24 horas originales que iba a durar hasta el momento de escribir estas líneas aún perduraba.
El lunes, un grupo de 60 integrantes del CGH, entre paristas y supuestos padres de familia de los detenidos, tomaron la torre de rectoría de la UNAM, en medio de gritos, insultos y, en forma notoria, de agresiones contra los representantes de los medios de comunicación. La toma que primero se dijo que sería simbólica se transformó rápidamente en real, y de las 24 horas originales que iba a durar hasta el momento de escribir estas líneas aún perduraba.
En primer lugar, el hecho confirma, por si alguien lo dudaba, que el conflicto sigue vivo, que las causas profundas, académicas o extrauniversitarias, que lo impulsaron, no han desaparecido con la recuperación de la universidad hace un mes, ni con el regreso a clases. Evidentemente tampoco pasa su solución por la liberación o no de los detenidos. Hay un problema de fondo en dos vertientes: en el ámbito académico, no se han dado pasos importantes para presentarle a la comunidad universitaria un proyecto de futuro, para colocar la mira de la propia comunidad en un horizonte distinto al del conflicto y sus repercusiones. Por la otra, si se asume que si éste ha tenido un fuerte componente político, se debe comprender que en ese sentido nada ha cambiado: estamos en la recta final de un proceso electoral clave para el futuro del país y muchos de los principales actores de la vida política nacional (y no sólo los principales, sino también muchos de los que sólo tienen asignado un papel secundario en el reparto) tienen intereses en la Universidad y su conflicto. Y varios de ellos no tienen interés alguno en que concluya.
Un segundo aspecto, relacionado con el anterior es que las autoridades políticas y también las universitarias, tendrán muchas dificultades en seguir una ruta como la que intentan actualmente, que les permita, al mismo tiempo, lograr la reconciliación interna, aplicar la ley a quienes tienen las principales órdenes de detención y, simultáneamente ignorar los intereses extrauniversitarios que están detrás del propio conflicto, como si éstos no existieran. Las preguntas son pertinentes: reconciliación, es correcto y necesario pero ¿con quiénes y a través de qué medios?. Libertad de los detenidos: sí pero ¿quiénes y porqué razón?. Relacionado con ello: ¿cuáles son delitos que se deben castigar y cuáles las acciones políticas quizás equivocadas pero legítimas?. Es más, ¿se deben mantener sin ejercitarse las órdenes de aprehensión?. Porque lo cierto es que mientras algunos de los que permanecen detenidos parecen haber sido simples militantes de base sin demasiado peso en el conflicto, algunos de los más radicales dirigentes permanecen en libertad y son los que están impulsando movimientos como los que ocurrieron el lunes en la torre de rectoría. Pero a ese grupo de dirigentes no se los molesta a pesar de que tienen órdenes de presentación en su contra.
En todo esto se debe comprender, además, que existen sectores -de distinto signo político- que esperan y necesitan que haya represión en el conflicto universitario, en algunos casos por simple táctica electoral, en otros porque esa es su justificación histórica. Y esos sectores no cejarán hasta lograr que la misma, así sea muy localizada, se produzca. En parte del sector estudiantil partidario del CGH, existe conciencia de que acciones como la toma de la rectoría lo que hacen es mostrar, una vez más, una cara ruda del propio CGH y retrasar la libertad de sus detenidos. En el terreno de las autoridades, nuevamente se las obliga a jugar en el límite, porque de no haber cambios en las próximas horas, deberá haber una nueva intervención policial con el consiguiente peligro de que algo se salga de cauce y obligando al gobierno a mostrar una cara dura y ruda.
Finalmente ello nos lleva a dos capítulos que no pueden ser ignorados: ¿en qué medida este tipo de hechos no termina provocando mayores divisiones en el seno del propio CGH y alejando a éste de sus reducidas bases y del resto de la comunidad universitaria?, ¿en qué medida el ver a miembros reconocidos del CGH pateando puertas, pintando muros, golpeando periodistas, amenazando a reporteras con "encuerarlas", no implica un renaciente rechazo a que sean liberados los dirigentes detenidos? ¿en qué medida no implica un freno a movimientos políticos como el representado el domingo por la jefa de gobierno del DF, Rosario Robles, que, en pleno concierto de Joaquín Sabina en el Zócalo (¿no era que estos espectáculos populares eran para todos y no tenían tono partidario?) reclamó la libertad de los "presos políticos", refiriéndose a los detenidos hace un mes en CU?.
Por lo tanto, tampoco se debe descartar el factor provocación. Aparentemente nadie sale ganando con lo ocurrido. Sin embargo quizás esa es una distorsión de la realidad, quizás alguien sí gana prolongando el conflicto universitario. Tanta torpeza no puede ser absolutamente gratuita.
Por eso, lo que no se puede seguir postergando es el dar un paso más, avanzar en el Congreso universitario, en un proceso que ponga a la comunidad en otra dinámica, que mire hacia el futuro y no al pasado, con opciones, propuestas y, consciente, de que no todos están apostando a eso. De otra forma, las autoridades universitarias seguirán argumentando que son "tolerantes y pacientes", sin comprender que la enorme mayoría de la comunidad universitaria y de la propia opinión pública interesada en el caso, tiene prisa y exigencias muy concretas.
Archivos recuperados
El jueves se reunió la cúpula máxima del PRD: todos sus gobernadores, su comité ejecutivo nacional, los principales hombres del equipo de campaña de Cuauhtémoc Cárdenas y se acordó que el tema de la declinación de Cárdenas estaba cerrado, cancelado. Durante toda la semana, el candidato de la Alianza por México, le había estado golpeando lo suficientemente duro a Vicente Fox como para que quedara claro que no habría declinación alguna. Pero la presión, ya lo adelantamos, no disminuye: el gobernador Ricardo Monreal, aceptó el domingo que esa es la decisión de su partido, pero que él sigue pensando que sería mejor una alianza opositora. Su homólogo de Baja California Sur, Leonel Cota, no pareció muy satisfecho con el encuentro del jueves y fue el primero en abandonarlo. Otro gobernador, el de Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya, después de reunirse con Fox, el domingo, también se declaró partidario de una candidatura unificada, tomando como ejemplo su caso. Apenas ayer, Sánchez Anaya nos decía que eso no implicaba que planteara la declinación de Cárdenas y que era consciente de que ésta ya no era posible, pero el sabor de boca allí quedó. Y también ayer, Antonio Echevarría, el gobernador de Nayarit demandó, sin eufemismos, un candidato único de la oposición, además de recordar su añeja amistad con Fox. Y tanto Echevarría como el propio Fox, volvieron a repetir la propuesta tan temida: una reunión en mayo para decidir, de acuerdo con las encuestas, quién declina por quién. Cárdenas ha dicho de todas las formas posibles que no lo hará, pero, insistimos, la presión allí está. Con un agravante: todo indica que cuatro de los cinco gobernadores perredistas (la excepción es Rosario Robles) no parecen estar plenamente dispuestos a jugárselas en una campaña con la que tienen diferencias.
