El caso del aparente suicidio del oficial mayor de la procuraduría general de la república, Juan Manuel Izábal Villicaña, quien hace una semana apareció con un disparo en la boca dentro de su camioneta, en la puerta de su domicilio, seguirá dando de qué hablar no sólo porque este hombre tenía una imagen de seriedad y verticalidad profesional, sino también porque el descubrimiento de nuevas cajas de seguridad en distintos bancos, con documentos, dinero en efectivo y cheques, no sólo a nombre del propio Izábal Villicaña y de su esposa sino también de su hermano Eduardo, que superan ya el millón 600 mil dólares, ahonda el presunción de corrupción, sino también porque ha golpeado en el corazón del equipo que encabeza la propia PGR.
El caso del aparente suicidio del oficial mayor de la procuraduría general de la república, Juan Manuel Izábal Villicaña, quien hace una semana apareció con un disparo en la boca dentro de su camioneta, en la puerta de su domicilio, seguirá dando de qué hablar no sólo porque este hombre tenía una imagen de seriedad y verticalidad profesional, sino también porque el descubrimiento de nuevas cajas de seguridad en distintos bancos, con documentos, dinero en efectivo y cheques, no sólo a nombre del propio Izábal Villicaña y de su esposa sino también de su hermano Eduardo, que superan ya el millón 600 mil dólares, ahonda el presunción de corrupción, sino también porque ha golpeado en el corazón del equipo que encabeza la propia PGR.
La investigación, que ha quedado bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, es más compleja y se está extendiendo por ámbitos mayores a los originalmente pensados. Las tres cartas que dejó el suicidado (todos los datos periciales parecen confirmar ese hecho) indican que esos recursos provenían de tiempo atrás, sin embargo no queda nada claro cuál es el origen real de los mismos.
Por lo pronto, todo indica que ese dinero no provendría del narcotráfico, por lo menos por vía directa. Sustenta esa tesis el hecho de que, pese a lo que se ha dicho, Izábal Villicaña no tenía relación directa con la designación de los comandantes de plaza. Evidentemente, el oficial mayor autorizaba los nombramientos, pero desde que asumió Jorge Madrazo la PGR se tomó la decisión de que esos nombramientos dependerían directamente del comandante de la Policía Judicial Federal, Alvarez Nara. Entonces no provendrían de la venta de plazas, salvo que ello haya ocurrido cuando Izábal Villicaña trabajó en la oficialía mayor de la PGR con Mario Ruiz Massieu. Recordemos que el suicidio se dio, también, un par de días después de que se divulgó un libro póstumo de Ruiz Massieu con cartas muy duras que dirigió a antiguos amigos, entre ellos Izábal Villicaña, que había sido uno de los más cercanos.
Si no proviene del narcotráfico o de la venta de plazas, se deben analizar los negocios en los que estuvo involucrado el ex oficial mayor de la PGR. Uno de los principales y últimos es la compra de unos 30 helicópteros para la lucha antinarcóticos, realizada con la empresa estadunidense Bell. La especulación no es vana: en demasiadas ocasiones, la industria aeronáutica ha sido investigada por sobornos en compras de distintos países. La especulación creció, además, porque con Bell competía una reconocida empresa francesa. Sin embargo, las autoridades de la procuraduría aseguran que al respecto la decisión fue muy transparente: se podría haber realizado, legalmente, una compra directa de ese equipo, pero se decidió, de acuerdo con el propio Izábal Villicaña, ir a una licitación internacional. Una de las condiciones que no se podían modificar era que la entrega de los primeros aparatos se tenía que realizar antes de que finalizara el 99. Cuando se abrieron los paquetes de la licitación, resultó que la empresa francesa no estaba en condiciones de entregar aparatos y equipo antes de abril de este año, con lo que automáticamente quedó descartada y así Bell se hizo con la licitación. En otras palabras, se insiste que, en ese caso, no hubiera sido necesario un soborno para quedarse con el paquete de compra de los helicópteros.
Ahora la investigación está girando en torno a un par de aspectos que resultan importantes. Primero, en establecer con claridad en qué fechas se fueron abriendo las cajas de seguridad en los distintos bancos. Ello permitiría sentar bases respecto a las fechas en las que Izábal Villicaña se hizo de esos recursos, aunque evidentemente no será determinante. En segundo término, la investigación se ha profundizado en torno al hermano del ex oficial mayor. La caja de seguridad que se descubrió anteayer y de la que habló el miércoles la PGJDF, pertenecía a su hermano Eduardo y se encontraron allí más de 300 mil dólares y documentos. El descubrimiento de la caja de seguridad se realizó después de un cateo de la casa de Eduardo Izábal, que cada vez más aparece como cómplice.
No deja de llamar la atención, por ejemplo, que Eduardo haya sido, quien con mayor fuerza declaró que las cartas encontradas no eran de su hermano e impulsó la idea de que Izábal Villicaña había sido, en realidad, asesinado. Ahora el descubrimiento de este dinero en su poder, pone en entredicho sus declaraciones. Como también lo ponen bajo la mira de los investigadores, los últimos pasos de Izábal.
Como se ha dicho, el oficial mayor abandonó las oficinas de la PGR el martes de la semana pasada cerca de las once de la noche. Antes había tenido un día malo. Había estado en las oficinas del Citibank donde se había enterado de que los 700 mil dólares que tenía en una caja de seguridad habían sido descubiertos por las autoridades del banco: la razón había sido absurda. Como se iba a cerrar la sucursal en la que estaba la caja, en tres ocasiones se le habían enviado notificaciones a Izábal y a su esposa para que retiraran su contenido. Pero resulta que el oficial mayor, a fin de año, se había cambiado de domicilio y no lo había notificado al banco. Cuando se abrió la caja y se descubrió el dinero, Izábal cometió otro error: le dijo a las autoridades del banco que esos recursos, en realidad, eran de la PGR y los había mantenido allí porque en el Citibank (antes en Confía) es donde están, desde hace años, las cuentas bancarias de la PGR. Entonces, los funcionarios del banco se preocuparon más y no le regresaron el dinero a Izábal porque si el mismo era de la PGR debían regresárselo a ésta, pero, además, si así fuera, ¿porqué la caja estaba a nombre no sólo del oficial mayor sino también de su esposa?.
Así a las 7 de la noche, el jurídico del Citibank, pidió una cita urgente con Jorge Madrazo, que éste arregló para el día siguiente a las 12 del mediodía: quería darle a conocer, le dijo a su secretaria, los manejos sospechosos de una cuenta de un alto funcionario de la PGR. Madrazo comenzó a hacer indagatorias respecto a quién podría tener una cuenta en el Citibank. Habló con subprocuradores y con otros funcionarios, ninguno operaba en ese banco. A eso de las nueve de la noche tuvo acuerdo con el procurador el propio Izábal. Este le mostró a Madrazo los nuevos uniformes de la PJF, que acababa de recibir, pero en ese momento llegó el subprocurador Everardo Moreno, con algo urgente. Suspendieron el acuerdo para el día siguiente a las diez de la mañana.
A pesar de lo que se ha dicho, nunca llegó Madrazo a preguntarle a Izábal si él tenía una cuenta en el Citibank. El que le hizo esa pregunta minutos después, fue el secretario particular del procurador, de otra forma Izábal no se hubiera enterado de que ya estaba en curso la investigación sobre la caja de seguridad.
En ese momento, Izábal dijo que no tenía cuenta en Citibank y se fue a su oficina (donde un día después apareció la carta dirigida al procurador Madrazo). Dejó la PGR como a las once y fue a su casa. Poco después, según las investigaciones en curso, habría visitado a su hermano Eduardo, ahora bajo investigación, porque aparentemente fue el último en verlo con vida. Entre las tres y las cinco de la mañana, Izábal se disparó un tiro en la boca y así comenzaba una de las historias más negras de la vida política nacional.
