Cuando el jueves pasado fue tiroteado el ex jefe operativo de la unidad de lucha contra el crimen organizado de la PGR, Cuauhtémoc Herrera Suastegui, en las puertas del restaurante del Hotel Imperio, en pleno Paseo de la Reforma, se estaba escribiendo un página más de la virulenta guerra entre cárteles que está asolando al país.
Cuando el jueves pasado fue tiroteado el ex jefe operativo de la unidad de lucha contra el crimen organizado de la PGR, Cuauhtémoc Herrera Suastegui, en las puertas del restaurante del Hotel Imperio, en pleno Paseo de la Reforma, se estaba escribiendo un página más de la virulenta guerra entre cárteles que está asolando al país.
Por supuesto que este atentado no puede desligarse de su acompañante, la abogada Silvia Raquel Villanueva, una connotada defensora legal de varios de los principales hombres del cártel del Golfo, que resultó herida en el mismo, como tampoco de las acusaciones que sobre el ex funcionario de la PGR ha realizado la DEA, en relación con sus contactos con el cártel de Juárez. Tampoco del misterioso maletín que portaba la abogada y que fue sustraído por los atacantes al momento del atentado.
Los últimos pasos de esta guerra parecen estar demasiado bien escritos, aunque sea con sangre. Un comando encabezado por ex policías municipales de Tijuana, y contratado por Ismael El Mayo Zambada y su hijo Vicente, lanzaron una campaña de eliminación de enemigos y personajes públicos de Tijuana con el objeto de involucrar en esa campaña a los Arellano Félix: el punto clave de ese proceso se dio 48 horas después de que el propio presidente Zedillo se comprometiera a acabar con la inseguridad en esa zona de la frontera, cuando el citado comando asesinó un domingo por la mañana al jefe de la policía local, Alfredo de la Torre. En el camino, el enfrentamiento entre el cártel de El Mayo Zambada (asociado al cártel de Juárez y uno de los sucesores de Amado Carrillo Fuentes) y el de los Arellano Félix, había dejado más de un dos centenares de muertes en lo que va del año, tanto en Baja California como en Sinaloa.
El gobierno federal envió al secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco y al procurador general de la república, Jorge Madrazo, a la frontera para implementar un plan de choque en torno a la inseguridad. Lo echaron a andar con rapidez y en unos pocos días, y sin que estuvieran enteradas las policías locales para evitar filtraciones, el comando del cártel de Sinaloa estaba detenido. Y unos días después fue detenido el principal operador financiero y organizativo del cártel de Tijuana, Jesús Chuy Labra, que vivía sin ser molestado en absoluto en esa ciudad: una vez más, la operación la realizaron fuerzas militares y de élite de la PFP sin informar de ello a autoridades locales para evitar filtraciones. Como se desconfiaba de la seguridad de las cárceles locales, tanto el llamado comando de la muerte, como Labra, fueron trasladados a la cárcel de Almoloya. Allí se hizo cargo del caso, el juez Felipe Cerecero Díaz encargado, también del proceso contra unos ex socios de los Arellano Félix, los hermanos Amézcua. La semana pasada en un inexplicable accidente de tránsito, el juez fue encontrado muerto, luego de haber chocado contra el muro de un túnel en la carretera México-Toluca. Por su parte, el abogado de Labra, que había acompañado a su cliente al DF, apareció asesinado en esta capital: había sido objeto de distintas torturas y murió asfixiado. La mayor parte de las especulaciones sostiene que el abogado fue asesinado por los Arellano, por haber delatado a Labra a las autoridades federales.
Dos días más tarde, se produce el atentado contra Herrera Suastegui y la abogada Raquenel Villanueva y sus acompañantes. Casualmente, Herrera Suastegui debía declarar cuarenta minutos más tarde en la PGR, en un proceso abierto se dijo primero que contra los Arellano Félix y Labra, pero apenas ayer el procurador Jorge Madrazo me aseguró que era contra el cártel de Juárez y su conexión en Cancún, que le había tocado investigar. Por cierto, tanto los Arellano como la operación en Cancún del cártel de Juárez que habían sido el eje de sus investigaciones mientras fue el responsable operativo de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, cuando ésta estaba encabezada por Samuel González Ruiz, quien, luego de una controvertida renuncia, fue designado cónsul de México en Sevilla. A su vez, Herrera debió renunciar en septiembre de 1998, a la Unidad, porque falló en la prueba del polígrafo que aplica, con la asesoría del FBI, la PGR a todos sus mandos y efectivos. Pero no fue dado de baja, porque se consideró que no había más elementos en su contra que esa falla, que es más común de lo que se suele reconocer. Herrera fue trasladado a Europa y hace algunas semanas había sido reincorporado en México, porque existe en las autoridades la decisión de darle un golpe mortal a los Arellano Félix, y posiblemente, entre las fuerzas policiales éste era el hombre que mejor los conocía. Pero en enero pasado Herrera, dicen ahora las autoridades había presentado su renuncia a la PJF para incorporarse a una empresa de seguridad privada.
Para la DEA (que a su vez tan poco rigurosa ha sido con las investigaciones sobre el cártel de Tijuana, cuyos principales integrantes suelen vivir en San Diego sin ser molestados) la información de Herrera contra los Arellano, provenía de los datos que le filtraba a Herrera el cártel de Juárez, como una forma de desarticular a sus eternos adversarios.
¿Porqué la prisa por desarticular a los Arellano?. Por obvias razones: primero, porque realmente son una amenaza a la seguridad nacional, con el agregado de que ya en 1993 estuvieron involucrados en el asesinato del cardenal Posadas, de que muchas investigaciones independientes aseguran que también en el de Luis Donaldo Colosio y, además, es el grupo que había condenado a muerte, mientras éste había sido gobernador de Sinaloa, al actual candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida. Evidentemente, desarticular a los Arellano Félix, se ha convertido en una prioridad de la seguridad nacional de nuestro país y, también, del propio grupo político en el poder.
No es menor la preocupación porque los Arellano mantienen bases tanto en el DF como, obviamente en Baja California, y eso podría hacerlos susceptibles de estar interesados en desestabilizar la lucha electoral por la presidencia de la república. Lo cierto es que en el DF existen pruebas duras de que los Arellano Félix estuvieron relacionados con algunos de los primeros mandos designados en la PGJDF en su actual administración, mientras que es evidente que, después de una década de gobiernos panistas en la península, tienen que haber logrado posicionarse en áreas clave de esas administraciones: por alguna razón, Labra, por ejemplo, no era molestado en Tijuana, pese a llevar años como un integrante clave del llamado consejo de administración de los Arellano Félix. Y es también evidente que la desaparición de los Arellano Félix es un fin que comparten sus adversarios en este ilegal negocio, comenzando por el cártel de Juárez y siguiendo por los numerosos grupos que intentan penetrar en esa zona de la frontera.
Por eso, quizás lo más grave y comprometedor en este nuevo atentado, haya sido que Herrera, al momento del mismo y minutos antes de declarar en un proceso antinarcóticos, estuviera acompañado por una abogada, reconocida por defender a los dirigentes del cártel del Golfo, un grupo que desde hace meses, ha pasado a ser absorbido por sus colegas del cártel de Juárez: allí, otro de los sucesores de Amado Carrillo, Juan José El Azul Esparragosa, ha barrido, aliado con uno de los que fueran lugartenientes de Juan García Ábrego, Osiel Cárdenas, con la mayoría de sus adversarios.
En este marco, es tan preocupante que las autoridades federales no puedan controlar estos brotes, como que algunos de sus funcionarios se vean involucrados en este tipo de hechos. Pero no es menor, al contrario, el hecho de que las autoridades de Baja California, a pesar de todas sus protestas por la violencia en la entidad, parezcan tan infiltradas por estos grupos, como que, en el caso del gobierno del DF, que el procurador capitalino, Samuel del Villar, a pesar de todos las pruebas en contrario, del auge del tráfico de drogas que existe en la capital, y de la serie de ajusticiamientos realizados por los Arellano en esta ciudad, cierre los ojos y declare que el narcotráfico no tiene bases en el Distrito Federal. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso se aplica para todos.
