Un pacto de gobernabilidad
Columna JFM

Un pacto de gobernabilidad

El candidato presidencial por el PCD, Manuel Camacho, acaba de proponer la necesidad de establecer un pacto de gobernabilidad en torno a algunos puntos de interés básicos y comunes para las distintas fuerzas políticas, que se debería acordar antes de la elección federal, cualquiera sea el resultado de ésta, y que permitiera que el futuro gobierno tuviera una base de gobernabilidad suficiente para iniciar sus labores. Dos puntos se deben destacar al respecto: primero, que debo reconocer que esta vez estoy de acuerdo con Camacho; segundo, que no parecen existir las condiciones idóneas para que un pacto de esas características pueda concretarse.

El candidato presidencial por el PCD, Manuel Camacho, acaba de proponer la necesidad de establecer un pacto de gobernabilidad en torno a algunos puntos de interés básicos y comunes para las distintas fuerzas políticas, que se debería acordar antes de la elección federal, cualquiera sea el resultado de ésta, y que permitiera que el futuro gobierno tuviera una base de gobernabilidad suficiente para iniciar sus labores. Dos puntos se deben destacar al respecto: primero, que debo reconocer que esta vez estoy de acuerdo con Camacho; segundo, que no parecen existir las condiciones idóneas para que un pacto de esas características pueda concretarse.
Comencemos por el final: estamos a 90 días de la elección más competida y trascendente desde el fin de la revolución, hace ya, recordémoslo, casi un siglo. Por primera vez el PRI no puede asegurar que tiene el triunfo, aunque su candidato Francisco Labastida está arriba, por poco margen, en la mayoría de las encuestas; hay una candidatura, la de Vicente Fox que está logrando polarizar las posiciones y está solo a algunos puntos de Labastida; otro candidato opositor, Cuauhtémoc Cárdenas, aparece lejos de los primeros lugares pero puede tener, junto con los candidatos de los partidos menores, el suficiente flujo electoral como para que la posición de su partido cuente a la hora de establecer bases de gobernabilidad, sobre todo en el ámbito legislativo. Todos los partidos están afectados por divergencias internas, amenazas de fracturas, posibilidades reales de no poder mantener la unidad de aquí al 2 de julio, y después de esa fecha ello puede ser más difícil aún, sobre todo en los que no hayan ganado las posiciones políticas que esperaban. Nos encontramos, en síntesis, ante un complejo reacomodo de fuerzas y grupos que no tiene, aún, un rumbo definido.
En ese contexto, el pacto de gobernabilidad se antojaría como una condición imprescindible para la administración que se hará cargo del país el próximo primero de diciembre. Pero también, por eso mismo, el pacto es casi imposible: todos querrán ir primero a las urnas, a probar suerte, a comprobar su verdadero caudal electoral, antes de saber si tienen que negociar y qué margen tienen para ello. Lamentablemente, concluido el proceso electoral, por la propia dinámica que adoptará la elección, será más complejo aún un acuerdo de esas características y ya comienza a aparecer en el panorama futuro la gobernabilidad como el mayor de los desafíos para cualquiera que sea el triunfador del 2 de julio.
Y es que ese día no habrá triunfos holgados y se establecerá un equilibrio de poder, entre distintos grupos políticos, muy inestable y que se reflejará en los poderes de la Unión. Y hoy vemos cómo no queda nada claro hasta dónde pueden, unos y otros llegar al respecto. Ello es consecuencia de otro problema: el sistema político no está construido como un verdadero sistema de equilibrios internos y soporta muy mal este tipo de divergencias: la concepción de la constitución y la práctica política establecen -a pesar de basarse en un sistema federalista y de división de poderes- un mecanismo que depende en grado sumo del poder presidencial, y cuando éste se ve disminuido, ya sea por una decisión personal o por las posiciones de fuerzas antagónicas en el legislativo y el judicial, la sombra de la ingobernabilidad crece. La constante disputa entre los político y lo legal en estos años, la intención de darle soluciones políticas a problemas legales y soluciones legales a problemas políticos es consecuencia directa de ese hecho y ha crecido desde 1997, cuando comenzó a prefigurarse la situación actual.
La propuesta de Camacho del pacto, no es nueva en este sentido. En enero de 1997, la presentó el entonces presidente nacional del PAN, Felipe Calderón, en un escenario donde el panismo estaba prácticamente convencido de que podía ganar la elección para jefe de gobierno del DF. Ninguna de las otras fuerzas políticas, contestó siquiera la propuesta de Calderón y el PAN porque todos querían, antes de pactar medir fuerzas a pesar de que era previsible que no hubiera mayorías propias después de esa elección. A partir de septiembre de ese año, cuando no hubo mayorías claras en la cámara baja se comenzó a percibir que un pacto de esas características hubiera sido benéfico para todos. Pero ya era tarde y no había ni voluntad ni posibilidades de establecerlo.
La situación se agudizará en el futuro. Veamos sino los posibles resultados electorales del 2 de julio. Hasta ahora el escenario más probable sigue siendo un triunfo del PRI y de Labastida por un margen menor al que esperan los estrategas de ese partido, aunque algunos ya comienzan a señalar el 40 por ciento como un porcentaje posible de votos ante la polarización de la contienda con Vicente Fox. Si así fuera, por ejemplo, y tomando en cuenta el actual equilibrio de fuerzas en los estados, el PRI, podría ganar unos 21 o 22 estados en la elección de senadores, ser primera minoría en 11 o 12 y tendría unos 12 senadores de representación proporcional. Si así fuera obtendría unos 66 senadores y estaría a solo uno o dos de perder la mayoría en la cámara alta.
En la cámara de diputados la situación tampoco es sencilla para el PRI. Mucho se ha hablado del 42 por ciento de votos para alcanzar la mayoría en la cámara mediante la llamada cláusula de gobernabilidad, pero se suele olvidar que, para que ella le permita obtener la mayoría a quien obtuvo 42 por ciento de los votos o más, se requiere, también, ganar unos 180 de los 300 distritos electorales. Y hoy nadie puede garantizarle eso al priísmo.
Si ésta es la situación del partido en el poder, la del PAN y Vicente Fox es más compleja aún. Por supuesto que no se puede descartar la posibilidad cierta de que Fox gane el 2 de julio, pero sería casi imposible, salvo algún vuelco sorpresivo del electorado en las semanas que faltan para los comicios, que pudiera superar las cifras antedichas, en el ámbito legislativo, para el PRI. El PAN y sus aliados tienen una estructura nacional más endeble que el PRI, no han podido penetrar aún adecuadamente en el campo y en amplias regiones del sureste. Pueden ganar la presidencial, pero va a ser casi imposible que tengan una mayoría legislativa propia.
En el caso Cárdenas, como están los números hoy en día, ninguna de las dos opciones, la presidencia o la mayoría legislativa, son viables. Ni hablemos de los toros candidatos o partidos. Sin embargo la Alianza por México e incluso las otras fuerzas pueden ser imprescindibles, para cualquiera que sea el ganador para formar una mayoría legislativa, por pequeña que sea su representación en el Congreso.
Por eso, un pacto de gobernabilidad previo a las elecciones, sería más que necesario: determinar una base mínima de acuerdos que para establecer mayorías legislativas en ciertos puntos que permitan al futuro gobierno operar con un margen mínimo de consensos globales en la economía, la política, el manejo de los asuntos públicos. Pero no habrá tal: el grado de polarización es demasiado alto, nadie quiere realmente negociar (incluso como lo hemos visto en más de una ocasión hacia dentro de su propio partido) y todos esperarán a medir las fuerzas y ver cómo salen del 2 de julio. Esta bien, pero, ¿no podrían partidos y candidatos dar algunas muestras de civilidad y comprometerse, por lo menos, a trabajar el futuro gobierno a partir de un espectro más amplio que el que cubren sus propias fuerzas?. Pareciera que tampoco y el tono del debate del 25 de abril probablemente confirmará esa impresión.

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