El ambiente político continúa contaminándose en varias de sus aspectos más preocupantes. Si recordamos el proceso vivido en 1994, tenemos tres constantes: primero, la aparición de grupos guerrilleros, en sus dos vertientes, Chiapas y los secuestros y acciones violentas realizadas en distintas ciudades; segundo, la violencia entre los grupos del narcotráfico y la guerra entre grupos de poder, de las cuales los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu, no fueron ajenos; tercero, la crisis financiera que se catalizó en diciembre pero que, independientemente de los evidentes errores de manejo que hubo en aquellos últimos días de 1994, se estuvo incubando a lo largo de todo el año.
El ambiente político continúa contaminándose en varias de sus aspectos más preocupantes. Si recordamos el proceso vivido en 1994, tenemos tres constantes: primero, la aparición de grupos guerrilleros, en sus dos vertientes, Chiapas y los secuestros y acciones violentas realizadas en distintas ciudades; segundo, la violencia entre los grupos del narcotráfico y la guerra entre grupos de poder, de las cuales los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu, no fueron ajenos; tercero, la crisis financiera que se catalizó en diciembre pero que, independientemente de los evidentes errores de manejo que hubo en aquellos últimos días de 1994, se estuvo incubando a lo largo de todo el año.
Esos tres elementos ya están entre nosotros en la recta final del proceso electoral del próximo 2 de julio. Pueden ser cuestionables por algunos y evidentemente no tienen la magnitud del levantamiento zapatista de hace seis años, pero los grupos guerrilleros, esos que no se sabe muy bien de dónde vienen y hacia dónde van, ahí están. Vicente Fox ha lanzado al ruedo electoral la tesis de que el peso está sobrevaluado y que ello podría degenerar, pasadas las elecciones, en una fuerte devaluación y crisis. No apoyan esta visión la mayoría de los economistas, pero la idea ya está sembrada y puede germinar. Finalmente, la violencia está entre nosotros, eso es indudable.
Pero, además, se ha agregado otro ingrediente muy preocupante. Como en los primeros años de este sexenio, gracias a las investigaciones del tristemente célebre Chapa Bezanilla, la justicia se ha politizado y la política se está haciendo con base en procesos penales. Ambos aspectos se han contaminado y distorsionando mutuamente y no se percibe una salida viable, basada en el diálogo y la comunicación civilizada entre las fuerzas políticas, para evadir esta trampa que ellas mismas han construido y en la que todos están cayendo.
En estos días, además de la vergonzosa investigación del caso Stanley, politizada como ninguna otra, está el proceso iniciado contra el secretario de Turismo y ex regente capitalino Oscar Espinosa, y ayer se inició otro proceso, en el ámbito electoral, del PRI y el PAN objetando la residencia de Andrés Manuel López Obrador para ser candidato al gobierno capitalino, lo que, de prosperar, le impediría cumplir con los requisitos legales para participar en la elección. Y todo, aunque parezcan aspectos separados, alejados unos de los otros, son procesos que van de la mano.
Por lo pronto, en el priísmo y en el gobierno hay indignación por la forma en que se trató el caso de Oscar Espinosa en la subcomisión de examen previo de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, que para darle mayor velocidad al trámite contra el ex regente, se saltó varios pasos procesales y decidió, en los hechos, ahorrarse un proceso que podría haber tomado más de un mes y enviarlo directamente a la sección instructora, para tratar de llevarlo al pleno antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el 30 de abril.
Lo cierto es que estando el caso ya en la sección instructora, vienen por lo menos dos decisiones que serán controvertidas y que, de acuerdo a cómo se adopte, sellarán la suerte de Espinosa y, también, el grado de radicalización de los partidos en el proceso. Según la ley, en esa sección instructora se debe abrir un periodo de prueba de 30 días naturales, que incluso podría ampliarse, para complementar el expediente. Cerrado ese procedimiento, el expediente se pone a la vista del denunciante por tres días naturales y otros tantos para el funcionario público acusado. Concluido ese paso, hay seis días más para que las partes formulen alegatos sobre el mismo. En un plazo máximo de 60 días a partir de que se le turnó el expediente, la sección instructora debe entregar sus conclusiones al pleno de la cámara y si considera que procede el desafuero, será el pleno el que deberá votar por mayoría simple si priva o no del fuero constitucional al acusado. No se trata de que lo considere culpable o no, sino de establecer si la acusación en su contra está o no fundada: serán los jueces, no los diputados, los que establecerán si existió algún delito. Además, existe un acuerdo del pleno que establece que los acuerdos de la comisión instructora en este tipo de casos deben darse por consenso.
Si fuera así, sería literalmente imposible que el caso de Espinosa pudiera tratarse antes de septiembre próximo, cuando ya estará instalada la nueva legislatura que surgirá de las elecciones del 2 de julio. Pero hay dos diferencias de criterios, sobre todo entre el PRI y el PRD, que pueden modificarlo todo. En primer lugar, los perredistas en la cámara consideran que lo que se dice es que la sección instructora abre un periodo de recepción de pruebas (en ese paso se encuentra ahora el proceso) máximo de 30 días naturales (según el PRI es de 30 días o más, y no puede reducirse). Si prevaleciera esa posición, entonces la sección instructora, que tiene mayoría de la oposición, podría cerrar el caso en horas, simplemente con la documentación que ha recibido hasta ahora. Daría tres días naturales al ministerio público y al acusado para revisar el expediente y otros seis días para presentar alegatos. El otro punto es qué se entiende por decisiones tomadas por consenso: se supone que ello debe entenderse como adoptadas por todos los integrantes de la sección instructora, pero otros podrían entenderlo como por la mayoría de los integrantes.
Si se dieran esas dos interpretaciones, el proceso, que normalmente tendría una duración mínima de 60 días, podría desahogarse en unos diez días y podría estar en el pleno para los últimos días del periodo ordinario. Si fuera así, el enjuiciamiento de Espinosa sería inevitable: insistimos, no implicaría ello necesariamente su culpabilidad pero sí el inicio del proceso legal.
Por eso, no es extraño que el martes en la noche el PRI y el PAN hayan objetado ante el Consejo General de Instituto Electoral del DF, la residencia de López Obrador. Muchos pensaron que esos partidos no darían ese paso ni objetarían los requisitos de elegibilidad del dirigente tabasqueño, pero ese paso se dio y, en el primer round de este enfrentamiento, López Obrador apenas si pasó la prueba: su registro fue aprobado por cuatro votos contra tres y el PRI y el PAN tienen cuatro días para impugnar a López Obrador. Por lo menos ayer dijeron que lo harían. La decisión no la tomará el Instituto sino el tribunal electoral capitalino. Y la verdad es que las pruebas en contra de López Obrador son duras: su credencial de elector es de Villahermosa, y el propio López Obrador al solicitar la renovación de ésta por cambio de domicilio apenas en octubre del año pasado, valido, en interpretación de sus impugnadores, que no residía en la capital; su pasaporte fija su residencia en Villahermosa; PRI y PAN presentaron pruebas notariales de sus vecinos en la calle de Júpiter de Villahermosa en la que consta que vivió allí hasta 1997. Y además, están las acusaciones en este mismo sentido realizadas por su compañeros de partido, Pablo Gómez y Demetrio Sodi, en el proceso interno de selección de candidato perredista. Como se recordará, el código electoral capitalino exige cinco años de residencia antes de la elección para los nacidos fuera del DF. En su favor, López Obrador sólo tiene una constancia de domicilio otorgada para la ocasión por la delegación Álvaro Obregón. En los hechos, antes de que comience la semana santa, PRI y PAN deberán presentar su impugnación y si es así, toda la elección capitalina dependerá, en buena medida de la decisión del tribunal electoral local. Una cosa es cierta: si no se hubiera presentado el ambiente de polarización que se dio en las pasadas semanas, muy probablemente estos partidos no hubieran decidido dar ese paso. Ahora todo cambió.
