Todos los partidos y candidatos hablan de un país de leyes, pero para la mayoría (por no decir todos) las leyes no parecen ser un fin sino un medio, un instrumento en el que no confían del todo y que sirve para la manipulación, la batalla o la ocultación política más que un paradigma al cual ajustar su actuación. Entonces la ley se interpreta, se usa o se ignora de acuerdo con los intereses particulares y coyunturales de cada uno de los actores.
Todos los partidos y candidatos hablan de un país de leyes, pero para la mayoría (por no decir todos) las leyes no parecen ser un fin sino un medio, un instrumento en el que no confían del todo y que sirve para la manipulación, la batalla o la ocultación política más que un paradigma al cual ajustar su actuación. Entonces la ley se interpreta, se usa o se ignora de acuerdo con los intereses particulares y coyunturales de cada uno de los actores.
Así, quienes hoy se desgarran las vestiduras porque la PFP ha ocupado las instalaciones de la Universidad para "resguardarla" durante esta semana santa, violando así su autonomía (y en ese sentido probablemente tienen razón) no dijeron una palabra, ni mucho menos mostraron la misma indignación, cuando durante prácticamente un año, un grupo de estudiantes y colonos que, estos, nada tenían que ver con la universidad, tuvieron ocupada la UNAM, contra la opinión, los deseos y las expectativas de la enorme mayoría de la comunidad. ¿No deberían ser la dos ocupaciones, por lo menos, igual de indignantes para todos, no tendría la fuerza pública, sea el gobierno del PRI o del PRD, hacer cumplir con la ley cuando ésta es violentada o se debe aplicar una selección ideológica también en este caso?.
Así, Óscar Espinosa Villareal, sea o no justificada la acusación que pesa contra él, se aferra a la defensa institucional y al fuero para no hacerle frente porque dice que no confía en las autoridades. Pues bien, forma parte de un gobierno que, entre sus responsabilidades está el hacer que esas autoridades sean confiables: no se trata de un ciudadano indefenso, es parte de lo que rechaza. Además, por supuesto de que acusaciones como éstas deben tener respuesta. Como contraparte, la sección instructora que lleva el caso Espinosa en la cámara de diputados, ha decidido saltarse pasos legales del procedimiento para darle mayor rapidez, aunque ello signifique violentar los propios reglamentos internos.
No hablemos de Samuel del Villar, que al mejor estilo Chapa Bezanilla, interpreta de una u otra forma la ley de acuerdo a sus intereses y conveniencia, en los principales casos en los que está involucrada la procuraduría capitalina, ignorando las propias instancias institucionales que durante años el PRD impulsó y defendió, como las organizaciones de derechos humanos, que ahora sirven, como dice la derecha más recalcitrante "para defender delincuentes".
O ahí está el caso de Andrés Manuel López Obrador y sus requisitos de residencia para ser candidato en el DF. No sabemos cuál es la verdad legal en el caso, pero la respuesta de Andrés Manuel no puede estar en convocar a una consulta popular para que la gente decida si los cumple o no. La impugnación del PRI, PAN y PARM se presentó ante el Tribunal Electoral del DF, una instancia que fue aprobada, integrada e impulsada por el propio PRD cuando Andrés Manuel era el presidente nacional de ese partido. Es allí donde Andrés Manuel debe demostrar si cumple o no esos requisitos, no en movilizaciones populares, y es allí donde sus adversarios deben demostrar sus dichos. No debería haber más.
Todo esto es parte de esa telenovela nacional donde las actuaciones parecen ser cada día peores, una telenovela a la que cualquier analista político sabe que no puede sustraerse porque pareciera que sus principales actores, por lo menos en este sentido, no tienen remedio. Pero la verdadera magnitud de este tipo de manipulaciones, desapegos o utilizaciones de la ley se ponen de manifiesto cuando se utiliza contra los intereses de los más indefensos: que Samuel del Villar le ponga zancadillas legales a Óscar Espinosa y éste al procurador, que los dichos de un mitómanos sirvan para sostener toda una investigación un día y para derrumbarla al siguiente, o que el simple hecho de establecer donde vivió una persona durante los últimos cinco años se convierta en parte de toda una maniobra política, no es más que una sucesión de escaramuzas de la guerra sucia en la que en buena medida se ha convertido esta campaña electoral. Y quienes participan en ella lo saben y así lo deben asumir.
¿Pero qué ocurre cuando todos estos mecanismos se vuelcan contra una jovencita de catorce años, indefensa y pobre?. El caso es ya conocido: una joven de Mexicali, de catorce años, de nombre Paulina, fue violada por un adicto a la heroína. La muchacha quedó embarazada, amparándose en la ley se pidió a las autoridades judiciales que se le autorizara realizarse un aborto (todos los estados del país los autorizan en esos casos), obtuvo esa autorización y la orden legal de que se le realizara un aborto. Pero resultó que el médico que debía hacerlo se negó, que el movimiento de Pro Vida comenzó a presionar a la niña y a su familia pero también a las autoridades panistas de Baja California, que las autoridades municipales y federales para no indisponer en su contra a esos potenciales aliados electorales, se negaron a hacer cumplir la ley y la niña, abandonada por todos, incluso por los zopilotes que le impidieron cumplir con su derecho legal de no tener un hijo no deseado y producto de una violación, dio a luz la semana pasada, en un parto difícil y que tuvo que realizarse por adelantado, a otro niño, a quien decidió llamar Hermenegildo. Por supuesto, está olvidada por todos, ninguno de los que le impidieron ejercer sus derechos se ha molestado en ayudarla siquiera con una cobija, no hablemos ya de tratar de asegurarle un futuro a ella y su hijo.
En este caso, todos, menos Paulina, violaron la ley impunemente. Los médicos que debían atenderla, el hospital donde se debía realizar la operación, las autoridades locales y estatales, el propio gobernador Alejandro González Alcocer que ignoró el caso. Los integrantes de Provida que obstaculizaron, sin ser molestados en absoluto, la aplicación de una resolución legal. La autoridades federales que no intervinieron en esa cadena de desacatados legales y presiones.
Pero el caso va mucho más allá: el PAN es un partido que se dice de leyes ¿escuchó usted alguna reclamación al respecto del partido a su gobernador en Baja California?. Vicente Fox dice ser, en entrevista con Milenio, liberal y ubicarse un poquito a la izquierda, ¿escuchó usted una sola declaración del guanajuatense sobre el tema, no apoyando el aborto, sino exigiendo que se cumpliera con la ley?. El PRI es la principal oposición en Baja California ¿vio usted que ese partido impulsara alguna acción práctica para que a Paulina se le permitiera ejercer su derecho?. ¿Leyó usted alguna declaración de Francisco Labastida o de María Teresa Uriarte, que se consideran liberales y progresistas en estos temas, en respaldo de Paulina?. El PRD es el partido que dice representar a la izquierda en nuestro país y que se presenta como un firme defensor de los derechos individuales ¿leyó usted una sola declaración del PRD, de Cuauhtémoc Cárdenas, de López Obrador o de las mujeres que son sus principales dirigentes como Amalia García o Rosario Robles al respecto?
En otras palabras ¿nadie quiere enfrentarse a grupos como Pro Vida y a sus defensores en los sectores más oscuros de la iglesia para respaldar a una niña que fue violada primero por una delincuente y luego vio como fueron vulnerados, violados, sus derechos por las propias autoridades?. En casos como estos es donde se podría poner de manifiesto la honestidad real e intelectual de nuestros distintos actores políticos, su compromiso ético con sus dichos y sus principios. Pero para todo hay límites: Paulina tiene apenas catorce años y no puede votar el dos de julio ¿para qué preocuparse por ella?.
