El historiador inglés David Landes, en ese magnífico libro que es La Riqueza y la Pobreza de las Naciones, al analizar porqué algunos países nunca han podido superar la pobreza o porqué no han podido aprovechar sus riquezas naturales y humanas para inscribirse claramente en el desarrollo, establece como una de las condiciones para el mismo, entre varias otras que abarcan desde lo cultural y religioso hasta el tipo de planteamiento económico, la necesidad de contar con un sistema judicial y de leyes, justo, confiable y que sea aceptado por el conjunto de la sociedad. En otras palabras, establece que sin él no existen condiciones reales para tener un mecanismo de igualdad de la sociedad ante el Estado que otorge la base para el crecimiento.
El historiador inglés David Landes, en ese magnífico libro que es La Riqueza y la Pobreza de las Naciones, al analizar porqué algunos países nunca han podido superar la pobreza o porqué no han podido aprovechar sus riquezas naturales y humanas para inscribirse claramente en el desarrollo, establece como una de las condiciones para el mismo, entre varias otras que abarcan desde lo cultural y religioso hasta el tipo de planteamiento económico, la necesidad de contar con un sistema judicial y de leyes, justo, confiable y que sea aceptado por el conjunto de la sociedad. En otras palabras, establece que sin él no existen condiciones reales para tener un mecanismo de igualdad de la sociedad ante el Estado que otorge la base para el crecimiento.
En nuestro caso, es más que evidente que el sistema de seguridad y de justicia, el respeto a las leyes y a las instituciones que la procuran e imparten está, literalmente, por los suelos. No sólo se ha confundido, entremezclado, la política y la lucha por el poder con los aspectos más básicos de la ley y la justicia, convirtiendo a ésta en un arma destinada a servir a aquéllas, sino que se ha caído, incluso, en la más descarada desacreditación de la ley y sus mecanismos de parte de los propios organismos y personajes encargados de procurarla e impartirla.
Cuando Pablo Chapa Bezanilla encarceló sin prueba alguna, inventando testigos y tomando un objetivo político como eje de una investigación policial y judicial tan delicada como lo es el caso Colosio, a Othón Cortés, porque necesitaba sustentar la tesis de un complot con dos tiradores, comenzó un camino hasta ahora sin retorno de deterioro acelerado, de catalización de una crisis del aparato de justicia que se venía acumulando desde hace años pero cuyo fin aún no se percibe. Chapa Bezanilla terminó sembrando cadáveres para fortalecer sus tesis, contratando con pagos millonarios testimonios y testigos inventados, utilizando brujas y amantes españolas, filtrando y tergiversando información, caricaturizando de tal forma su labor que no sólo estamos hoy más lejos que nunca de saber realmente qué sucedió en los asesinatos de Posadas, Colosio y Ruiz Massieu, sino que además, pudo hacer semejante daño y salir impune. Se comprobó que en este ámbito todo se podía hacer sin costos altos y que la justicia se podía subordinar sin rubores a objetivos políticos sin que ello se reflejara, inmediatamente, en el descrédito y la sanción de quienes así actuaban.
Es verdad. Los orígenes están mucho más atrás que en la labor de Chapa Bezanilla, pero nunca como hasta entonces, se realizó en forma tan pública y cínica una operación de esa naturaleza. Y la impunidad la generalizó. Hoy la lista de casos que aborda la justicia que se meten de lleno en la política o el juego de intereses son innumerables. Los casos en los que se legisla no en busca del bien social, en cualquiera de sus acepciones, son realmente escasos. En los dos ámbitos, el de la justicia y el de la legislación, hay ejemplos extremos.
En el terreno de la justicia, el caso Stanley se ha convertido en uno de los mayores absurdos de los años recientes: no en vano muchos de los que fueron los principales colaboradores de Chapa Bezanilla están "colaborando" ahora con Samuel del Villar. En los últimos días ha crecido la tesis de que el procurador capitalino fue engañado en la investigación de este caso por varios de sus subordinados, que crearon testigos, indagaciones y culpables a la medida de lo que se necesitaba. No lo descarto, porque se debe insistir en que Del Villar, se esté o no de acuerdo con su proceder, parecer ser un hombre honesto. Como lo fue, como lo es, debemos recordarlo, Antonio Lozano Gracia, pero eso no impidió que, al jugar sus cartas con Chapa Bezanilla y aceptar quedar atado con éste, haya pagado un costo político paradójicamente más alto que el de ese oscuro policía que se convirtió en celebridad wharholiana, de quince minutos.
Pero, como ocurrió con Chapa y Lozano, la PGJDF no aprende. Apenas el jueves presentó en una conferencia de prensa con toda pompa, un video de Luis Gabriel Valencia, el único testigo en torno al cual está construida la investigación del caso Stanley, que supuestamente fue grabado en diciembre pasado, en el cual, este hombre -que ha cambiado en numerosas oportunidades su testimonio, que las propias autoridades del DF han aceptado que está alterado de sus facultades y que, entre otros problemas, es un mitómano- dice que fue torturado mientras estuvo en una cárcel de Veracruz, y que fue presionado incluso por funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos del DF para cambiar su testimonio. Meses después, Valencia efectivamente cambio su testimonio, pero ahora dice que quienes lo torturaron fueron los funcionarios de la PGJDF.
Lo cierto es que nadie puede creer nada de lo que diga Valencia: quizás alguna de sus declaraciones es verídica o quizás todas son falsas, pero lo cierto es que eso no se puede comprobar y las autoridades judiciales del DF con tal de salvar el caso por lo menos hasta el dos de julio, están tratando de construir, en torno a Valencia, una historia que se derrumbará como un castillo de naipes, como ya les ocurrió en el caso Polo Uscanga, en la investigación sobre fraudes en el DF de Ericsson, de IBM y en muchas de las acusaciones que han construido en los últimos meses. Con el video que mostraron el jueves quedaron aún más en evidencia: si sabían hace cuatro meses que este hombre había sido presionado y torturado ¿por qué muestran hasta ahora el video?. La única explicación, como ha dicho la Comisión de Derechos Humanos del DF es porque aparentemente están tratando de justificar las visitas de esos funcionarios de la procuraduría que insistentemente visitaron, una y otra vez a Valencia, convenciéndolo de que era un testigo protegido, durante los meses anteriores y posteriores a su declaración en el caso Stanley. Los mismo funcionarios, por cierto, que en círculos importantes del PRD capitalino se insiste que son los que engañaron a Del Villar y que, aparentemente, lo siguen haciendo.
La guerra declarada por la procuraduría contra la CDHDF es tan absurda como esta investigación que, en contrapartida, lo que está provocando (y otra vez una analogía con las que llevó en su momento Chapa Bezanilla) es que nunca se sepa, realmente, quiénes y porqué mataron a Stanley. Que éste tenía relaciones con el mundo de la droga, que tenía cuentas pendientes, que no era un personaje digno de la simpatía y la popularidad que tuvo entre cierto público, es indudable. Que algunos medios se extralimitaron gravemente después del asesinato, también es cierto, pero todo eso aparece, hoy, oculto bajo una nube de errores y despropósitos que están llevando a olvidar, precisamente lo importante. Si se quería ocultar la verdad en el caso Stanley habría que haber hecho exactamente lo que se hizo, sea quien sea el verdadero responsable de ese asesinato.
Por eso, incluso quienes procuran la justicia no creen en ella. Ahí están los 19 funcionarios de la PGR que no se han presentado a declarar en el caso de Juan Izábal Villicaña, el oficial mayor de esa dependencia que se suicidó, cuando se supo que tenía cientos de miles de dólares en distintas cajas de seguridad bancarias. Los hombres que trabajan en ambas procuradurías se conocen, saben cómo trabajan y saben hasta dónde llegan muchos de los tentáculos tanto de la corrupción como del compromiso. Y, por eso, no confían ni siquiera en las instituciones en las que trabajan.
Y eso incluye a hombres del propio poder, como el secretario de Turismo, Oscar Espinosa. Nadie puede señalar si Espinosa es culpable o no de lo que se le acusa, y quizás, como él sostiene, todo se trata de un invento. Puede ser, pero resulta incomprensible que un alto funcionario decida tratar de mantener su fuero al precio que sea, antes de aceptar una investigación de las instituciones a las que pertenece y dice respetar, pero en las que no confía.
Es como el caso de la legalización de los autos ilegales, los llamados chocolates. ¿Qué sentido tiene un ordenamiento legal que no se respeta? ¿qué sentido tiene legalizar la ilegalidad simplemente porque es numerosa?. El presidente Zedillo llamó demagogos a los diputados que votaron esta ley; los legisladores respondieron que ellos trataron de dar una respuesta a un problema, dos millones de automóviles ilegales, que el gobierno no había sabido controlar. Y quizás los dos tengan razón. El gobierno federal, en términos reales y desde hace muchos años, ha hecho poco y nada para controlar el flujo de automóviles ilegales, como ha logrado poco y nada a la hora de detener el contrabando de automóviles robados en México hacia otros países. Pero también es verdad que legalizar esos automóviles sin más es aceptar que no se puede y, además, beneficiar a quienes violaron la ley por encima de quienes sí la cumplen. La medida, sin duda, es electorera y la aplicó ahora la oposición como en otras épocas lo hizo el PRI. Y todos se olvidaron de qué dicen los ordenamientos legales al respecto.
En todo caso, lo que habría que hacer si las leyes no sirven, es cambiarlas, para eso están los legisladores, pero la tesis siempre es la contraria: acomodarse a ella, olvidarla, trampearla o, simplemente y cuando conviene, ignorarla y después argumentar que como no se tiene confianza en ella no se la puede respetar.
¿Podemos esperar algo mejor en este sentido después del dos de julio?. Quizás, pero trate de recordar usted si alguno de los candidatos habló de estos problemas asumiéndolos como tal, en por lo menos una oportunidad en el pasado debate y descubrirá que todos lo ignoraron. Será, diría Monsivais, para documentar nuestro optimismo.
