El nuevo encargado de la campaña de Francisco Labastida en los estados gobernados por la oposición, Manuel Bartlett, en buena medida se ha desempeñado como se esperaba: se ha ido duro y a la cabeza de los mandatarios panistas que en la mayoría de los casos, han caído en el juego de su ex colega de Puebla.
El nuevo encargado de la campaña de Francisco Labastida en los estados gobernados por la oposición, Manuel Bartlett, en buena medida se ha desempeñado como se esperaba: se ha ido duro y a la cabeza de los mandatarios panistas que en la mayoría de los casos, han caído en el juego de su ex colega de Puebla.
En Jalisco, el gobernador Alberto Cárdenas, al que Bartlett acusó de incapacidad y corrupción en sus esquemas de gobierno, contestó incluso con una respuesta pública: como se suele decir, quien no se enteró por medio de las declaraciones de Bartlett lo hizo por las respuestas del gobernador.
Ahora en Baja California, acusó al gobierno de Alejandro González Alcocer y a sus antecesores panistas, Ernesto Ruffo y Héctor Terán, de ser administraciones que han tolerado el narcotráfico en la entidad, con policías locales corruptas y dijo que se han beneficiado del lavado de dinero proveniente del propio narcotráfico. Son declaraciones duras y que, sin embargo, se aferran a una realidad: Baja California ha sido gobernada durante dos sexenios por el panismo e indudablemente, en esos doce años no ha habido mejora alguna en la seguridad pública en el estado, más bien al contrario: las recientes detenciones de Jesús Labra y de Ismael Higuera en Tijuana y Ensenada, donde eran protegidos por todo tipo de autoridades y policías, es sólo una confirmación de esa realidad. Una realidad que en muchas ocasiones se oculta porque se goza de los beneficios económicos que esa actividad ilegal proporciona.
El esconderse tras el argumento de que como el narcotráfico es un delito federal las policías locales no pueden intervenir, es simplemente una coartada que utilizan muchos gobernadores para ocultar la corrupción y la decisión de mirar hacia otros lados, que privan en sus respectivos estados. En última instancia, la presencia de esos capos del narcotráfico propicia una multitud de delitos en sus entidades, desde los asesinatos hasta los secuestros, el incremento del consumo de drogas, la violencia y el tráfico de humanos y automóviles robados (como ha ocurrido en Baja California), que son delitos del fuero común que tampoco son resueltos por las autoridades locales porque son manejados por los mismos narcotraficantes que ellos protegen.
En este sentido, Bartlett supo golpear en Baja California donde le duele al gobierno local y al panismo (y el hecho debería moderar, por lo menos en las filas foxistas esa tendencia a declarar en ocasiones en forma muy superficial sobre quiénes se han visto infiltrados por el narcotráfico).
Pero al mismo tiempo que Bartlett acertó en Jalisco y Baja California, se equivocó en Nuevo León. Y es que allí, Bartlett y el secretario general adjunto del CEN, Luis Farías, fueron con la encomienda no de enfrentar al panismo sino de ajustar cuentas internas en un priísmo que parece estar sin rumbo en la entidad, pero la intervención del centro lo único que provocó es mayores divisiones.
Como se sabe, en Nuevo León, el ex secretario de finanzas, actualmente detenido, está acusado de desviar recursos públicos por 172 millones de pesos: Doria comenzó su gestión con Sócrates Rizzo y se mantuvo en esa posición con su reemplazante, Benjamín Clariond. El descubrimiento, a partir de la intervención del grupo Abaco-Confía de cuentas por millones de dólares de Doria (incluyendo esos dos millones de dólares que Doria había puesto en una cuenta a nombre de su sirvienta), hicieron estallar el escándalo. Pero éste se acrecentó cuando Doria declaró que parte de ese dinero había sido enviado al PRI y cuando el ex dirigente estatal de ese partido, Horacio del Bosque, actual miembro del gabinete de Enrique Martínez en Coahuila, reconoció públicamente que sí había recibido parte de ese dinero. La consecuencia ya se sabe: el PRI fue sancionado con una multa de 48 millones de pesos por las autoridades electorales locales y el PAN insiste en que se le debe quitar el registro para participar en las próximas elecciones locales.
Lo cierto es que Bartlett y Farías estuvieron en Monterrey y comenzaron la defensa, pero se equivocaron de estrategias, en buena medida porque optaron por una lógica de ajustar cuentas internas que están pendientes desde hace demasiado tiempo. Y entonces se fueron sobre el ex gobernador Benjamín Clariond, un hombre con luces y sombras, que a algunos les gusta y a otros no, pero que sigue siendo, para muchos, el más popular de los priístas en la entidad. Quizás ello se debe a que Clariond, primo y socio en sus empresas del actual gobernador panista Fernando Canales Clariond, es un priísta "empanizado". Puede ser, pero no cabe duda que el discurso de priístas como Bartlett no entusiasma en absoluto a la mayoría de los regiomontanos y Benajmín tiene muchos simpatizantes locales. Lo más grave es que ambos dirigentes del priísmo nacional, pidieron virtualmente la cabeza de Clariond y del líder priísta en el Congreso local, Óscar Adame, y fueron ignorados. Clariond se presentó a declarar ante el MP y dijo que no sabía nada de los manejos de Doria y se respaldó en ello en que el Congreso, controlado por la oposición, avaló las cuentas públicas que presentó Doria, y Adame sigue al frente de los diputados priístas.
Pueden ocurrir muchas cosas en Nuevo León, pero lo cierto es que la distancia entre el PAN y el PRI en ese estado crece, mientras que crece, también, la distancia entre los priístas locales y los dirigentes nacionales del tricolor, en un contexto marcado por un partido dividido, enfrentado entre sí, con pocas personalidades locales que puedan superar el escrutinio público y que, para colmo, ahora se ha lanzado -en lugar de buscar mecanismos de unidad- a un ajuste de cuentas interno en el que nadie saldrá inmune.
Por si fuera poco, ello se refleja en la relación del PRI con altos empresarios de la entidad. Hay cenas, reuniones, encuentros, pero buena parte del capital privado regiomontano, que nunca fue un ferviente partidario del tricolor, parece estar hoy cada vez más lejos de ese partido.
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Vicente Fox parece haber pasado el mal trago del decálogo y la acusación contra su hermano Juan Pablo, y (virtudes de la indulgencia pública) ha logrado reposicionarse donde quiere: como una opción única de cambio. En este sentido, como dijimos, el escándalo sucitado en torno a Porfirio Muñoz Ledo y su supuesta adhesión a Fox, permitieron superar con rapidez esa etapa y ahora, la decisión de una vieja aliada de Porfirio, Layda Sansores, de abandonar el PRD y apoyar la candidatura de Fox, lo ha confirmado. Pero para Fox, quizás más importante que todo esto, es la declaración del escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien afirmó que el guanajuatense representa la única "alternativa realista" de cambio en México. En sectores de clase media y en el ámbito internacional esa declaración de Vargas Llosa, para Fox, debe valer oro.
