El dinero de las campañas electorales termina siendo, siempre, uno de los puntos de conflicto. Mientras se habla tanto, por ejemplo, de la equidad en los medios, se suele olvidar la investigación sobre el gasto real de las campañas electorales, el origen de esos recursos y las implicaciones políticas que ello conlleva.
Las denuncias de la Procuraduría General de Justicia del DF contra el ex regente y actual secretario de Turismo, Oscar Espinosa Villarreal, por la malversación de 420 millones de pesos durante sus tres años de gestión en el DF (malversaciones supuestamente ubicadas en el área de comunicación social), deberán ser analizadas penalmente para definir su veracidad, pero no dejan de ser denuncias con doble filo: por una parte, confirma la sospecha de amplios sectores sociales respecto al traslado de recursos públicos hacia fines distintos a los destinados originalmente, particularmente entre el gobierno y el PRI; pero, por otra parte, es una denuncia sospechosa por el contexto en el que se presenta: en los cien días finales del proceso electoral del DF (que se muestra especialmente cerrado) y el mismo día del registro como candidato de Andrés Manuel López Obrador (y para muchos se trató de una forma de "vacunar" cualquier iniciativa del priísmo para cuestionar legalmente los requisitos de residencia del candidato perredista).
Lo cierto es que prevalezca una u otra opinión, lo cierto es que en el ámbito de la sospecha de la utilización electoral de la denuncia, hay elementos para sustentarla: primero, porque la procuraduría tenía desde hace meses esta información, ¿por qué esperar, entonces, hasta estos días y unas horas antes de la comparecencia de Samuel del Villar ante el pleno de la Asamblea Legislativa del DF, para transformarla en una denuncia penal?. Pero, además, porque el procurador capitalino no ha tenido suerte en las distintas demandas que hizo respecto al gobierno que precedió a Cuauhtémoc Cárdenas en el DF, una administración que el propio dirigente perredista dijo que se manejó con "métodos mafiosos".
Lo cierto es que las demandas por malversación de fondos que se presentaron contra funcionarios del anterior DDF, en los procesos de compras fraudulentas en las empresas Ericsson e IBM fracasaron, y todos resultaron absueltos. Lo mismo ocurrió con la demanda contra Peña Garavito o con las acusaciones formales respecto a los miles de aviadores que se habrían identificado pero que nunca aparecieron o con la denuncia que se hizo respecto al supuesto espionaje en las oficinas de la jefa de gobierno, Rosario Robles. Incluso el ex oficial mayor Manuel Merino, que se encuentra prófugo por este mismo caso del que ahora se acusa a Espinosa, recibió ya un amparo del juez que lleva el caso. Hasta ahora, del cúmulo de acusaciones que la procuraduría capitalina ha levantado contra el anterior gobierno capitalino, sólo la que se llevó en contra de José Parcero López ha prosperado, sin que exista hasta ahora una decisión judicial en firme en su contra.
El que la acusación se presente, además, en medio del escándalo que involucra a la procuraduría capitalina acusada de presionar a la comisión de derechos humanos del DF, no mejora la impresión de que existe una intención de utilizar políticamente esta acusación.
De todas formas ello no exonera a la administración Espinosa de estas presuntas faltas: deben ser los jueces los que definan cuál es la verdad jurídica de la misma. Con todo y considerando que según las propias autoridades, la instrumentación del proceso se llevaría por lo menos 60 días, tendremos que el tema ocupará su espacio durante toda la campaña electoral y, por otra parte, si en la cámara de diputados el PRI, como es previsible, vota en contra de quitarle el fuero a Espinosa para poder avanzar en el proceso legal, podrá ser acusado de estar protegiendo al funcionario, lo cual podrá ser utilizado también muy eficientemente durante la campaña.
Esta semana, Oscar Espinosa fue muy insistente en señalar que no renunciará ni pedirá permiso para afrontar los cargos porque considera que son acusaciones manipuladas y con fines políticos, incluso la propia Presidencia de la República le otorgó un público y explícito respaldo mediante un comunicado dado a conocer la noche del miércoles. Sin embargo, los priístas tendrían que reflexionar sobre si ésta es la mejor decisión: incluso aceptando que fuera una maniobra electoral, el dejar las cosas como están puede transformarse más en un boomerang que en un beneficio para su causa. Es sencillo: a lo penal se le debe responder jurídicamente, a lo político-electoral se le debería responder en ese terreno y quizás el senador José Trinidad Lanz Cárdenas no está tan errado al sugerir que Espinosa pida licencia mientras se desahoga el caso para evitar politizarlo más y para tener mayor movilidad para defenderse.
Porque no debemos olvidar que en la mayoría de los sectores populares la creencia de que esas han sido prácticas comunes de las administraciones priístas está, y en forma justificada, más que extendida. La acusación puede ser falsa y quizás busca manipular una situación legal para obtener un beneficio político, pero lo cierto es que la gente, desde el momento en que se presenta la acusación, cree que la misma es cierta o por lo menos se le hace verosímil. Y es que hay innumerables ejemplos en el pasado de hechos similares que quedaron impunes, ya sea por vacíos legales como por simple negligencia o complicidad de las autoridades.
Sin ir más lejos, en estos días en Nuevo León se está ventilando un caso que, pese a que ha recibido menos publicidad que esta demanda contra Espinosa, puede tener consecuencias políticas mucho más serias para el priísmo. El caso es sencillo, hace algunas semanas, Horacio del Bosque Dávila, que fue presidente estatal del PRI en el estado de Nuevo León, publicó en un desplegado que él había recibido, en su responsabilidad como presidente del partido, ocho millones de pesos de la administración estatal que entonces encabezaba Benjamín Clariond Reyes-Retana, para financiar el partido. El financiamiento, obviamente, no era público, pero según Del Bosque era una práctica común en la relación entre el gobierno y el PRI. No se crea que Del Bosque Dávila es un tránsfuga del priísmo, un disidente que ahora denuncia lo que en el pasado apoyo. No, sigue siendo un priísta e incluso le ha ido bien: hoy es nada más y nada menos que secretario de desarrollo social en el gobierno de Enrique Martínez en Coahuila.
En cuanto se dio a conocer ese desplegado, todos los partidos no priístas solicitaron ante la comisión estatal electoral sanciones para el tricolor. En el caso más grave ello podría implicar, incluso, que la comisión estatal electoral le quite al PRI el registro y le impida participar en las elecciones en ese estado. La Comisión Electoral, para tomar una decisión ha pedido a la procuraduría estatal que encabeza José Santos González Suárez, copia de una declaración ministerial que, en este mismo sentido, realizara Del Bosque Dávila ante el MP, que se anexará al propio desplegado que publicó el ex dirigente local del tricolor para sustentar la denuncia. Hasta ahora, el CEE de Nuevo León no ha recibido la información de la procuraduría estatal del gobierno panista de Fernando Canales Clariond, pero ésta será enviada en fecha muy próxima a las autoridades electorales locales y en sus manos quedará el decidir un caso que, en uno u otro sentido, tendrá repercusiones políticas nacionales que no pueden ignorarse. En todo caso, aunque parece excesivo la pérdida del registro para el PRI, habrá, por lo menos, una amonestación pública y ello implicará, también, un fortalecimiento de la tesis popular de la transferencia de recursos del gobierno hacia el PRI, esté vigente o no esa posibilidad en estos momentos.
Lo cierto es que este tipo de acusaciones dañan, y mucho, la causa del tricolor, sobre todo en los sectores más refractarios a la misma, que son los jóvenes. Pero tampoco parece que en ese partido se estuviera pensando seriamente en una estrategia para transformar esa tendencia.
Y deberían hacer algo, porque por otra parte, sus adversarios gozan de mayor indulgencia, incluso entre los organismos electorales. Por ejemplo, apenas esta semana, el Consejo General del IFE, con el voto de cinco de sus ocho consejeros, desechó la sanción pecunaria que la propia institución había propuesto se le aplicara al PAN por aquella declaración de Vicente Fox, según la cual los líderes del narcotráfico habían copado la dirección del PRI. Era una sanción pequeña y formal, que servía, más que nada, para tratar de evitar que el tono de la campaña terminara saliendo finalmente de cauce. Pues bien, la mayoría de los consejeros pensaron que ella no era necesaria, sentando un precedente nada bueno en este sentido.
¿Por qué?, por que entonces el mensaje que han enviado es que todo se puede en término de declaraciones de los candidatos sin necesidad de que las denuncias se apoyen en prueba alguna, y sentar ese precedente -particularmente en torno al tema del involucramiento de partidos o candidatos con el narcotráfico, sin sustentarlo con pruebas- es doblemente peligroso para la salud de la campaña. Nadie ganará dándole luz verde a este tipo de dinámicas electorales y menos si esa señal proviene del propio IFE.
