No, si usted leyó que el título de esta columna era ?una justicia poética?, entendió mal. No tiene nada de poética la justicia en nuestro país y menos en estos días. Se trata de una justicia crudamente política, de la cual dependen, en buena medida sus decisiones.
No, si usted leyó que el título de esta columna era "una justicia poética", entendió mal. No tiene nada de poética la justicia en nuestro país y menos en estos días. Se trata de una justicia crudamente política, de la cual dependen, en buena medida sus decisiones.
Dos ejemplos de las últimas horas lo demuestran claramente. Uno es el de los maestros disidentes que estaban (aún algunos quedan) en plantón en el centro histórico de la ciudad desde hace tres semanas: provienen de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán y, como hemos comentado en múltiples oportunidades en este espacio, su pliego petitorio era tan amplio como casi imposible de otorgar, porque iba desde el 100 por ciento de incremento salarial hasta la revolución educativa pasando por la libertad de los presos del CGH de la UNAM y de un dirigente del frente popular Francisco Villa, Alejandro López Villanueva, El grandote, acusado del asesinato del magistrado Abraham Polo Uscanga.
Pero nada parece imposible: el movimiento magisterial mostró cuál era su verdadero objetivo cuando, luego de una reunión de apenas 40 minutos después de su última marcha a Los Pinos, logró una extraña coordinación entre las autoridades federales y las del gobierno del Distrito Federal. Y resultó que dos días después, el miércoles en la noche, con una diferencia de apenas 20 minutos entre unos y otros, quedaron en libertad los seis principales activistas del CGH presos, al mismo tiempo que López Villanueva. La coincidencia es aún mayor, porque los primeros estaban acusados por la PGR y el segundo por la Procuraduría capitalina. Pero así son las casualidades.
Más aún: resultó que inmediatamente después que se dieron esas liberaciones, los maestros llegaron, también a la medianoche del miércoles a un acuerdo con las autoridades y comenzaron a desalojar sus campamentos en el Centro Histórico y regresar a sus estados, sobre todo a Oaxaca, de donde provenían la enorme mayoría. En la tarde de ayer se esperaba que quedaran sólo unos 250 maestros de Michoacán que mantenían divergencias con el gobierno estatal y, a pesar de que habían llegado a un arreglo en principio faltaban también abandonar el Centro del DF, algunos contingentes guerrerenses que, de acuerdo a algunas fuentes, mantenían retenidos a cuatro representantes del gobierno estatal, pero, según las autoridades de ese estado, esos funcionarios públicos estaban con los maestros acordando los últimos puntos de la negociación.
Si alguien tenía alguna duda de cómo están organizados estos movimientos populares que van del CGH de la UNAM, al Francisco Villa y otras agrupaciones de colonos, pasando por militantes del movimiento magisterial, como los de la sección 22 del SNTE, con la confluencia de estos conflictos puede tener todos los datos a su alcance. Se trata de un movimiento radical, cercano en algunos puntos al PRD pero con autonomía respecto a éste y con raíces en varios estados del país. Usted recordará que en 1994 estos mismos grupos estaban agrupados en torno al sindicato de Ruta 100 y que se decía que habían financiado al EZLN. Pues, son los mismos, crecidos y aumentados, sobre todo porque saben perfectamente como chantajear o presionar (usted aplique el término que considere más conveniente) a las autoridades, a sus adversarios y aliados, para alcanzar sus fines.
Por ejemplo, en el DF mantuvieron una disputa de meses con el procurador Samuel del Villar y con la propia jefa de gobierno Rosario Robles, por la detención de López Villanueva. Se haya equivocado o no la PGJDF con esa consignación, lo cierto es que desde el mismo día de la detención comenzaron las movilizaciones y presiones sobre los dos funcionarios capitalinos. Pero ello no impidió que, al mismo tiempo, convocaran en Iztapalapa a un mitin de apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, donde se dieron el gusto de abuchear a Rosario Robles. Pese a detenidos y abucheos, el PRD llegó a un acuerdo con el Frente Francisco Villa para designar candidatos conjuntos al DF. Y vaya sorpresa, resultó que el hermano de López Villanueva, mientras éste se encontraba detenido por acusaciones del gobierno capitalino, resultó ser candidato del PRD a diputado local por esa delegación. El Grandote a está en libertad: podrá hacer campaña con su hermano, al mismo tiempo que, como ha anunciado, inicia una demanda penal contra la procuraduría capitalina.
En Oaxaca supieron presionar lo suficientemente bien al gobernador José Murat como para que éste les diera luz verde para que los maestros dejaran el estado con dirección al DF. Se les siguieron pagando los salarios íntegros y, además, se autorizó a que representantes del sindicato recogieran los cheques de todos los maestros y los trajeran al DF para entregárselos a los manifestantes (no fuera a ser que se quedaran sin dinero). Se autorizó también que se les descontara hasta mil 200 pesos mensuales a los maestros que se habían negado a movilizarse hasta el DF o que no aceptaban el paro de labores. Una vez más, esos descuentos los realizó el propio Instituto de Educación del Estado, y los fondos recaudados se le entregaron a la sección 22 del sindicato que lleva paralizadas las labores educativas del estado desde hace casi un mes. Y para colmo, cuando se llegó a un arreglo en el DF para que los maestros regresaran a su estado, el gobernador Murat declaró que el gobierno federal "había prolongado de manera ilógica" el conflicto, porque no habían atendido de manera "oportuna" a los manifestantes que se quejaban de que no tenían solución para sus demandas… en el gobierno del estado. Voluntaria o involuntariamente abonó la tesis de que ese mismo gobierno estatal había impulsado a los maestros a presentar sus peticiones en la capital del país.
El otro caso que demuestra la desmesurada politización de la justicia, es la investigación del caso Stanley. No es ninguna novedad decir que Paola Durante, la edecán que desde febrero la CDHDF pidió que fuera liberada porque se comprobó que está detenida con base en pruebas fraguadas, no saldrá en libertad antes del 2 de julio: antes sería un golpe electoral no aceptable. Ahora esa investigación adoptó un giro demasiado tardío para pensar que es espontáneo: se trata de relacionar el asesinato de Stanley y su probable relación con el narcotráfico, con Raúl Salinas de Gortari y a éste con Televisión Azteca, cerrando un círculo entre el salinismo, el medio de comunicación y el narcotráfico, donde el hilo conductor sería el propio Stanley. Es una hipótesis viable, pero está lejos, en el ámbito judicial, de estar firmemente sustentada. Lo absurdo es que, en ese contexto, se le exija al periodista Sergio Sarmiento que comparezca, lo hará el día de hoy a las diez de la mañana, ante la procuraduría capitalina por este caso, pero para "explicar" cómo obtuvo, hace un año, una entrevista con Carlos Salinas de Gortari, un tema sobre el que Sarmiento ha escrito en innumerables oportunidades. Sarmiento, que trabaja en Reforma y Azteca, ni siquiera comparte, así lo ha escrito, la cobertura de la empresa de televisión sobre el caso Stanley. El hecho constituye una flagrante violación al derecho a la información, se esté o no de acuerdo con la línea editorial de los medios en los que trabaja Sergio o con su propio trabajo. Lisa y llanamente, ninguna autoridad tiene derecho, si no se ha cometido un delito, a solicitar ni las fuentes ni los métodos por los cuales un periodista obtuvo una información, mucho menos tiene derecho a exigir respuestas sobre cómo se organizó una entrevista, cualquiera. Pero allí subsiste un grave conflicto político en el cual, todos los actores, están violando normas éticas e incluso legales. Sarmiento quedó, injustamente, atrapado en esa trama.
