Decíamos ayer que el problema en las áreas de migración trasciende el lamentabilísimo accidente que costó la vida a dos connacionales en Matamoros, la semana pasada, cuando intentaban cruzar a nado hacia Estados Unidos y que pudo ser visto por la televisión abierta la noche del viernes. Hablábamos ayer de que lo que priva en esa área del gobierno federal es una mezcla de desapego y corrupción que está permeando, incluso, en una de las instituciones más nobles que ha creado el Estado mexicano en los últimos años, los grupos Beta.
Decíamos ayer que el problema en las áreas de migración trasciende el lamentabilísimo accidente que costó la vida a dos connacionales en Matamoros, la semana pasada, cuando intentaban cruzar a nado hacia Estados Unidos y que pudo ser visto por la televisión abierta la noche del viernes. Hablábamos ayer de que lo que priva en esa área del gobierno federal es una mezcla de desapego y corrupción que está permeando, incluso, en una de las instituciones más nobles que ha creado el Estado mexicano en los últimos años, los grupos Beta.
La información divulgada ayer de que en Ciudad Hidalgo, Chiapas, un grupo de 22 jóvenes mujeres centroamericanas indocumentadas, que transitaban por esa zona tratando de llegar a Estados Unidos, fueron emboscadas y violadas por un grupo no identificado, confirma que el mal podrá estar del otro lado de la frontera, pero que, para lo que a nosotros nos interesa, está dentro. Ayer mismo recordábamos como un capítulo más de esta historia el asesinato de José Ángel Martínez Rodríguez, coordinador de los grupos Beta en Tenosique, luego de que nos entregara un documento denunciando la corrupción imperante en la frontera sur y la creciente relación entre los traficantes de humanos con los de droga, y el involucramiento de distintas autoridades en el caso.
José Ángel Martínez no era un miembro más de los cuerpos de seguridad. El jueves 25 de noviembre había sido seleccionado para hablar ante la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Mary Robinson, en la reunión que ésta mantuvo en Tijuana con los representantes de los grupos Beta: le tocó explicar la situación que privaba en la frontera sur. Regresando de Tijuana, el viernes 26, José Ángel Martínez, a quien conocía desde hace años, me llamó para decirme algo que a lo largo de su carrera, tampoco era nuevo: que lo estaban amenazando, que tenía muchas presiones, que la corrupción se estaba desbordando porque esa zona de la frontera se había convertido en una de las principales rutas de introducción de drogas y humanos. Para confirmar lo que decía (y creo yo que como una forma de reaseguro por si algo le ocurría) me envío una copia del último informe que, dijo, acaba de entregar a sus superiores sobre la situación en la zona. El lunes 29, luego de un recorrido fue asesinado por uno de sus compañeros del grupo Beta.
Decíamos ayer que leyendo el último informe (del que en su oportunidad le enviamos copia a las autoridades) que elaboró José Ángel, se comprendía el porqué del asesinato, la importancia del crimen organizado en la región y la profundidad de la corrupción. Han pasado más de seis meses del asesinato y lo único serio que se ha intentado, como demostrábamos ayer, ha sido intentar difamar a ese servidor público para ocultar sus verdaderas denuncias. Ante ello y ante la situación que priva en esa área del gobierno federal, divulgaremos el contenido de ese documento, porque allí están las claves reales de este asesinato, exceptuando sólo algunos nombres para no entorpecer las investigaciones en curso.
El documento comienza con un marco de referencia en donde se señalan las muchas relaciones que se han establecido entre la zona fronteriza de Tabasco con la selva de Chiapas y el Petén guatemalteco. "La nueva dinámica social que ha adquirido la zona fronteriza de Tabasco y la región selvática de Chiapas, con la construcción de la carretera Tenosique-El Ceibo y la explotación petrolera en el Petén guatemalteco, así como la pavimentación de la denominada zona fronteriza, paralela al río Usumacinta en el estado de Chiapas, ha provocado un movimiento humano inusitado; el fenómeno migratorio que hasta 1996 se daba a cuentagotas, se ha transformado en la actualidad en un torrente, asociado con el tráfico de otros ilícitos, principalmente estupefacientes".
El informe localiza dos grandes corredores para el tráfico de humanos y drogas. Uno de ellos comienza en Sayaxché, sigue por Benemérito de las Américas, pasa por Frontera Corozal, Chacala y culmina en Palenque, desde donde se interna hacia el centro y norte del país. En ese corredor, continúa el informe, se utiliza la vía terrestre y la fluvial, particularmente los ríos Lacantún y Salinas, que luego forman el Usumacinta y la carretera fronteriza del sur que une a Palenque con Comitán donde se encuentran los puntos estratégicos de este corredor.
El otro comienza en el poblado de La Libertad, pasa por San Benito, el Naranjo, San Luis Frontera, llega a Tenosique y Balancan. Esta ruta, dice el último informe que redactó José Ángel Martínez antes de ser asesinado, se comenzó a construir a partir de 1994 y ha sido el más utilizado desde 1996, una fecha que coincide, señala el informe, con el inicio del conflicto chiapaneco y la firma de la paz entre la URNG-ORPA con el gobierno guatemalteco. "Este corredor, dice el informe, tiene como principales puntos de referencia las cabeceras municipales de San Benito y La Libertad, siendo ésta última la principal población posta en el tránsito de migrantes que pretenden internarse a territorio nacional, también ahí se asientan uno de los principales operadores del cártel de Sayaxché; este corredor al igual que el anterior, utilizan la vía terrestre y la fluvial, el primero transitando el camino que une a San Benito con la Libertad, pasando por el punto denominado kilómetro 107, la aldea Las Lagunitas y llega a los caseríos fronterizos de El Ceibo y San Luis Frontera. Por vía fluvial, se transita por el río San Pedro, partiendo de El Naranjo (Guatemala), pasando por el punto denominado El Martillo, desembarcando desde el punto conocido como Arroyo Piedra Santa, hasta el ejido La Palma, en Tenosique".
Luego, el informe elaborado por José Ángel Martínez días antes de ser asesinado, establece dos zonas críticas: el río Usumacinta y el camino que une La Libertad con El Naranjo, y con la carretera El Ceibo-Tenosique. Define tres polígonos que incluyen áreas de Chiapas, Tabasco, Campeche y Guatemala como las zonas donde se asientan el tráfico y los traficantes y considera que lo son, también, "por la dificultad para transitar, sobre todo en épocas de lluvias, la falta de caminos o la calidad de los mismos. Podríamos considerarlas, como verdaderos zaguanes sin portón donde opera sin dificultad la delincuencia".
Posteriormente, el informe divulga las relaciones entre el tráfico de indocumentados y de drogas. Comienza la historia con la familia Sánchez y de personas originarias de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, que iniciaron esa labor en la zona de Marqués de Comillas, desde un rancho llamado Puerto Rico, en la frontera entre México y Guatemala. La familia Sánchez, continúa el informe, extendió su influencia a los ejidos ubicados en la ribera del río Lacantún e identifica sus lugartenientes: en el ejido Chajul, los representantes de los Sánchez eran las familias Baldovinos y Valencia; en el ejido Reforma Agraria, la familia Dávila Hernández; en el ejido Zamora Pico de Oro, las familias Mendoza Valencia y Camposeco; en el ejido Quiringuncharo, las familias Peñaloza, Sánchez y Corro Bautista; en el ejido Benemérito de las Américas, las familias Loyola y Jaramillo. El jefe de este cártel llegó a tener un absoluto control en toda la región mediante la Unión de Ejidos Julio Sabines Pérez. A partir de allí comienza la historia del tráfico y de quiénes lo manejaban entonces y ahora. Esos nombres, de los que informó José Ángel Martínez a sus superiores y que llevaron a su asesinato, los publicaremos en la edición de mañana en esta columna.
