No es precisamente un clásico como para citarlo en un espacio periodístico, pero el octagenario ex presidente José López Portillo (que en días pasados finalmente logró casarse por lo religioso con su compañera de los últimos 20 años, Sasha Montenegro) acuñó una frase que podría aplicarse perfectamente al momento que vivimos: no podemos convertirnos, dijo alguna vez, en un país de cínicos. Y la verdad es que en el actual ambiente político, aderezado por la inevitable lucha electoral, el cinismo se ha convertido casi en una bandera de prácticamente todas las fuerzas políticas y sus dirigentes.
No es precisamente un clásico como para citarlo en un espacio periodístico, pero el octagenario ex presidente José López Portillo (que en días pasados finalmente logró casarse por lo religioso con su compañera de los últimos 20 años, Sasha Montenegro) acuñó una frase que podría aplicarse perfectamente al momento que vivimos: no podemos convertirnos, dijo alguna vez, en un país de cínicos. Y la verdad es que en el actual ambiente político, aderezado por la inevitable lucha electoral, el cinismo se ha convertido casi en una bandera de prácticamente todas las fuerzas políticas y sus dirigentes.
Un caso es paradigmático al respecto: las famosas listas del Fobaproa, en el disco encriptado que entregó el consultor Michel Mackey a los legisladores. Como se sabe, esa información, nos guste o no, es confidencial, por aquello del secreto bancario. Las propias autoridades del IPAB y antes del Fobaproa, solicitaron a los legisladores que realizaran una reforma legal en la ley bancaria para que las operaciones crediticias pudieran no estar sujetas al secreto bancario y que por lo tanto se pudiera divulgar cualquier información sobre créditos obtenidos por particulares o personas morales, incluyendo los que quedaron, irregulares o no, en la panza del Fobaproa. Pues bien, durante dos años los diputados de la actual legislatura (que cuenta, recordémoslo con mayoría de la oposición) desecharon esa opción y prefirieron utilizar el Fobaproa como un arma política y electoral en lugar de hacer la labor por la cual supuestamente se les paga que es legislar. No lo hicieron por cálculo político o por negligencia y ahora están tratando de descifrar las claves para abrir el disco con las famosas listas.
Ya sabemos que el PRD siempre ha estado de acuerdo en que las mismas se den a conocer. Que el PAN se opuso por mucho tiempo pero que en el último debate Vicente Fox entregó al moderador Ricardo Rocha las de su partido (mismas que luego, cuando fueron consultadas por Rocha resultó que estaban tachoneadas, lo que obligó a que el equipo de Fox las divulgara púlicamente, aunque, dicen ahora los perredistas, con errores que las harían inutilizables) y que el PRI se opone terminantemente a esa decisión, aunque algunos de sus diputados apoyan la medida. En los personal creo que esa información tendría que ser pública, pero para eso los legisladores tendrían que cumplir con su labor y aprobar un acuerdo que le diera legalidad a esa publicidad estableciendo qué se puede divulgar y qué no. Pues bien, hoy en el seno de la propia bancada legislativa del PRD que se ha apropiado del disco de Mackey hay un debate absurdo: la diputada y candidata a delegada por la delegación Cuauhtémoc (la que más recursos genera y mueve en el Distrito Federal) Dolores Padierna dice tener copia del disco del Fobaproa y asegura que ha puesto a un grupo de personas con cinco computadoras a trabajar día y noche para descifrar las claves del PRI y así poder abrirlo. En los hechos, los suyos serían hackers tratando de infiltrar un sistema protegido. Por su parte, el también perredista y candidato a delegado en el DF, Alfonso Ramírez Cuéllar, que tiene un pleito político añejo con Padierna asegura que no es verdad, que el único disco del Fobaproa está en su poder y que los de la diputada "serán los de Juan Gabriel" (léase la malosa doble interpretación de esa afirmación considerando el protagonismo político del juarense en las últimas fechas). Pero Padierna dice que no, que ella ya consiguió copia del disco y que está tratando de violar sus códigos. Podemos quedarnos tranquilos, salvo que la diputada Padierna tenga acceso a alguna supercomputadora será difícil que logre vulnerar esos códigos, porque los mismos equivalen a la combinación posible de 256 dígitos. Se necesitaría demasiada suerte para que entre los billones de combinaciones posibles se acertara en unos pocos días y hasta meses con la combinación correcta. Nadie puede pedirle a la diputada que sepa demasiado de matemáticas y computación. Lo que sí se puede exigir es que conozca y respete la ley.
Por que todo esto no pasaría de un hecho menor, incluso hasta anecdótico, si no se tratara de dos legisladores, que muy próximamente también se convertirán en nada más y nada menos que en los jefes de gobierno de demarcaciones importantes de la capital, que están, lisa y llanamente, violando la ley, lo reconocen en los periódicos y se escudan en su fuero para impedir ser procesados: la diputada Padierna debería saber que utilizar hackers para abrir un disco que contiene información de Estado considerada confidencial por ley, y vulnerar sus claves es un delito. Y es un doble delito porque, nos guste o no, esa información para ser divulgada debe pasar primero por cierto requisitos legales. Pero la diputada Padierna tiene fuero y no puede ser acusada. Y no sólo eso: ella y su esposo René Bejarano son de las principales figuras de la campaña de Andrés Manuel López Obrador y saben que a partir del domingo 2 de julio sus posiciones de poder en lugar de debilitarse se afianzarán. El diputado Ramírez Cuéllar, en lugar de asegurar que el único disco lo tiene él, tendría la obligación, de tratar de corroborar la información respecto a que Padierna tiene copia de ese disco, porque si es así, ello quiere decir que alguien hizo una o varias copias del mismo y eso también es un delito.
La procuraduría debería perseguir de oficio cualquiera de estos delitos que se están cometiendo con esos documentos públicos, que eso es lo que son los famosos discos del Fobaproa. Pero nadie hace o hará nada, porque no es políticamente conveniente.
Pero ésta es la dinámica en la que está inscripta la vida política de estos días. Todos claman por la legalidad y casi nadie la cumple: el PRI y el PRD reclaman por el supuesto financiamiento externo hacia Vicente Fox sin contar con las pruebas suficientes que sustenten esa acusación; Fox reclama por el apoyo oficial a Labastida a través de Pemex, sin contar, tampoco, con las pruebas necesarias para fundamentar el caso; el PRD y Cárdenas reclaman que el gobierno se ha lanzado a apoyar a su candidato, sin tomar en cuenta que el gobierno del DF hizo lo mismo o más a favor de Andrés Manuel López Obrador. Los del PT descubren bodegas con víveres en una colonia de Durango y llevan a la prensa, violando cerraduras y asegurando que se trata de productos que se utilizarán para comprar el voto, cuando los vecinos del lugar aseguran que, desde hace semanas por allí no se ve movimiento alguno. Resultó que eran bodegas de Conasupo. No se trata de afirmar que ninguno de todos estos actores ha violado la ley, pero lo que resulta notable es cómo todos lo hacen y ninguno repara en la legalidad y sus procedimientos, ni para normar sus actos ni para acusar a sus adversarios. Y si los candidatos y los partidos, todos, no comienzan por respetar hoy el marco legal dentro y fuera de las campañas, cómo podremos esperar que cualquiera de ellos, cuando se conviertan en poder real, lo harán.
Archivos recuperados
Ayer trascendió que Andrés Manuel López Obrador no acompañará el día de hoy a Cuauhtémoc Cárdenas a su visita a la UNAM. Recordemos que la relación entre el candidato y el líder perredista en el DF, Carlos Imaz no es la mejor. Y recordemos también que esta visita es un riesgo innecesario: Cárdenas tiene poco y nada que ganar hoy en términos electorales (a lo máximo reafirmar un voto que ya es suyo) y mucho que perder. A ver cómo quedan las cosas. Ojalá todo salga bien.
