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El dinero de las campañas electorales termina siendo, siempre, uno de los puntos de conflicto. Mientras se habla tanto, por ejemplo, de la equidad en los medios, se suele olvidar la investigación sobre el gasto real de las campañas electorales, el origen de esos recursos y las implicaciones políticas que ello conlleva.
Por ejemplo, en un proceso electoral donde los recursos electorales que se mueven son gigantescos, como el de Estados Unidos, y en el cual todos provienen de aportantes privados, no siempre lícitos, la información disponible demuestra que sólo para garantizar su triunfo en las primarias republicanas, el gobernador de Texas, George Bush Jr.,. logró juntar 75 millones de dólares (por lo menos hasta abril pasado). De esa cantidad había gastado nada menos que 63 millones de dólares en tres meses de precampaña. El desglose de gastos, según la revista George de mayo pasado es la siguiente: poco más de 19 millones de dólares se gastaron en medios electrónicos, once millones se gastaron en el propio proceso de recolección de los 75 millones juntados para la precampaña electoral; en vuelos charter el equipo de campaña gastó 3 millones y medio de dólares; en envíos de correo directo casi 2 millones 900 mil dólares; los consultores externos cobraron un millón de dólares; en encuestas gastaron 330 mil dólares y entre otros gastos menores hay, nada menos que 19 millones de dólares con destino no conocido (destinados probablemente a la llamada operación electoral). No es poca cosa para una campaña elecotral que, oficialmente, ni siquiera se ha iniciado, sobre todo si se comprar con los recursos que hasta el mes de abril había logrado reunir el vicepresidente Al Gore: la mitad de lo logrado por Bush Jr., "apenas" 33 millones de dólares.
En nuestro caso, los dineros para el proceso electoral provienen, en su enorme mayoría, de los recursos públicos: son otorgados por el Estado y los gastos de campaña de cada candidato son determinados por el IFE, lo mismo que el porcentaje de aporte privado (nunca mayor al público) que puede recibir cada candidato. Con todo, existen profundas dudas respecto a si los reportados ante el IFE son los gastos reales que realizan los partidos y cuáles son sus fuentes reales de financiamiento.
Existe, sobre todo, el temor de que provengan fondos ilícitos de dos ámbitos: por una parte, del narcotráfico. Como hemos señalado en varias oportunidades y por la propia penetración del crimen organizado en nuestro país, es que si se otorgan recursos sucios a alguna campaña, ello es más probable que ocurra en los niveles regionales y estatales, con recursos destinados, sobre todo, a la operación electoral que es la más difícil de controlar y contabilizar. El otro factor que preocupa es el aporte, jamás desinteresado, de empresas extranjeras. Recordemos, siguiendo el caso estadunidense, el escándalo por los aportes de un supuesto empresario de Hong Kong a la campaña de Bill Clinton, de quien se hizo amigo y lo visitó en la Casa Blanca, pero que resultó ser un agente, un representante, de la república China.
En nuestro caso, las principales denuncias (no sustentadas plenamente) sobre la participación de empresas privadas extranjeras se da, sobre todo, en torno a la campaña de Vicente Fox. Cuando este jueves pasado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador priísta Salvador Rocha Díaz subió a la tribuna a denunciar la penetración de empresas extranjeras en la campaña de Fox, estaba iniciando una campaña que tiene varios hilos conductores.
Las líneas de investigación de los grupos antifoxistas al respecto (tanto priístas como perredistas) se basan en las relaciones del candidato de la Alianza por el Cambio con empresas como la Coca Cola, Amway, la Standard Oil y Cargill, además de la llamada Secta Moon, un extraño y poderoso grupo religioso sudcoreano pero asentado sobre todo en Estados Unidos, que combina la religión con los negocios empresariales multinacionales.
La relación con Coca Cola para los adversarios de Fox es evidente y de allí nacen, dicen, los amigos de Fox y quienes fueron sus principales operadores en términos de recursos e imagen, Lino Korrodi y José Luis González. Y de allí surge un nombre que dijo en varias oportunidades Rocha Díaz en aquella sesión de la Permanente pero que nunca quedó en claro porqué se pronunciaba: Burton Grossman, un recientemente fallecido (el 12 de noviembre pasado) empresario que fundó Contal, la principal embotelladora de refrescos en el país. Grossman era, además, yerno de Harry Fleishman, operador de la Standard Oil en la huasteca y representante de los intereses de la familia Rockefeller en México en la época de la expropiación petrolera e implacabale enemigo del cardenismo. Fue precisamente por causa de la expropiación que ese grupo empresarial trasladó sus actividades del petróleo a la industria refresquera, comprando la primera planta embotelladora de Coca Cola precisamente en Tampico: Grossman fue el primer gerente de esa empresa. Allí a mediados de los 60, se dice que Fox tomó contacto con Grossman, pero también se consolida su amistad con Korrodi y otros empresarios que son, ahora, miembros prominentes de los amigos de Fox. Grossman murió en Texas en noviembre pasado, pero desde meses atrás existían denuncias priístas (insistimos, no comprobadas pero publicadas en distintos medios) sobre fuentes de financiamiento que este hombre inmensamente rico, habría abierto para los amigos de Fox en San Antonio y Atlanta.
La relación con la empresa Amway es de otro tipo. Esta célebre corporación estadunidense especializada en las llamadas ventas personalizadas, organizadas en torno a las conocidas pirámides, siempre ha participado activamente en política: en Estados Unidos es la segunda aportante a campañas electorales (todas del partido republicano) sólo superada por la tabacalera Philip Morris. Sí es un hecho que en mayo del año pasado, Fox se reunió con directivos de Amway para estudiar sus sistemas, su organización de ventas para formar, bajo la misma base, el esquema multiniveles de los amigos de Fox (un esquema organizativo que, paradójicamente, es muy similar al de los viejos partidos de izquierda, basado en una estructura piramidal de células). El mismo fue presentado, oficialmente, el 9 de junio del año pasado en el hotel Fiesta Americana del DF. Pero, una vez más, no existen mayores indicios que impliquen que el dinero de Amway, realmente esté fluyendo a la campaña de Fox.
Con todo, las denuncias ahí están y, sin duda crecerán en la próxima semana. Para ello se basan en la desconfianza que provocan los amigos de Fox como fuente de financiamiento. Y es que al 12 de mayo del 99, por ejemplo, Lino Korrodi informaba que había recibido 3 mil depósitos bancarios con ingresos de aproximadamente 30 millones de pesos. Para el 12 de agosto, con corte al 7 de junio, se hablaba ya de 7 mil depósitos con ingresos por casi 34 millones de pesos, o sea los aportes iniciales fueron de aproximadamente 10 mil pesos y si bien se duplicaron en treinta días, bajaron, de acuerdo a este reporte, a un promedio de unos 900 pesos cada uno. Sus opositores dicen que estas cuentas no son claras, como tampoco el crecimiento exponencial de los amigos de Fox, que alcanzarían ya, según sus propias informaciones, más de 3 millones de miembros. Para los adversarios de Fox (tanto priístas como perredistas) este crecimiento tan amplio serviría para cubrir o redistribuir, los aportes externos que recibiría la campaña. Pero insistimos, salvo que estos partidos muestren pruebas fehacientes de ello, hasta ahora no se pueden comprobar.
Tienen, con todo, dos cartas bajo el brazo que habrá que ver que trascendencia tienen. Una, es la demanda contra Juan Pablo Fox presentada por el First National Bank, ratificada en los últimos días y esa frase incluida en ella de que los créditos que se le otorgaron al hermano menor de Vicente, fueron entregados porque "los señores Fox Quezadas son clientes" de ese banco. La otra carta oculta es una cuenta en el Citibank de Nueva York, con el número 36233834, con frecuentes movimientos hacia una empresa llamada Fox Brothers. La empresa existe y se constituyó el 7 de agosto de 1996 en la notaría 85 de León, de Marcelo Gay Guerra, y se trata de una empresa dedicada a la producción rural de la que son socios Vicente y sus hermanos Cristóbal, José Luis, Juan Pablo y el ingeniero Carlos Garza Alvarez. Existen copias de distintas operaciones desde el Citibank de Nueva York con destino a esa empresa, a través de una operadora llamada Patricia Esquivel, dirigidas a la cuenta de Fox Brothers en el Banamex de León.
Para sus adversarios, esa cuenta es la tapadera creada al inicio de la campaña, que se utiliza para el envío de recursos a Fox desde EU. Para los foxistas, se trata de operaciones normales de una empresa dedicada al comercio agropecuario. Uno de los dos, sin duda, está equivocado, pero el tema de los dineros de las campañas ha comenzado ya a estar entre nosotros, y lo estará mucho más, en el próximo mes. No hay que perderlo de vista.
