Hace seis años el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Secretaría de Hacienda investigaban varias instituciones financieras relacionadas con el lavado de dinero, pero la que realmente estaba en el centro de interés era Cremi-Unión. Cabal Peniche literalmente había vaciado esa institución financiera creando un imperio económico de papel, basado en autopréstamos o préstamos sin respaldo. Una filtración le permitió a Cabal Peniche huir acompañado por su asesor espiritual y socio, el sacerdote Jacques Charveriat. Todos los informes de crédito del Banco Unión están en el Fobaproa.
En estos días, hace seis años, estaba en curso una intensa investigación sobre lavado de dinero en la cual participaban, entre otras autoridades, el departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la secretaría de Hacienda. Esa investigación estaba enfocada a varias instituciones financieras pero la que realmente estaba en el centro del interés de los investigadores era el grupo financiero Cremi-Unión, que entonces encabezaba Carlos Cabal Peniche, un hombre que había sido calificado pocos meses atrás como el “empresario modelo” del nuevo México.
Era, también, un empresario con muchas inquietudes políticas que había participado activamente y con mucho dinero, en las campañas electorales que acababan de concluir con la elección presidencial del 14 de agosto que dio como triunfador a Ernesto Zedillo.
En los primeros días de septiembre se decidió la intervención del grupo Cremi-Unión, porque además de los indicios sobre lavado de dinero, se había comprobado plenamente que Cabal Peniche literalmente había vaciado esa institución financiera, creando un imperio económico de papel, basado en autopréstamos o préstamos sin respaldo. De esa forma Cabal Peniche había construido un verdadero imperio, confiado, además, en que sus sólidas relaciones políticas le permitirían seguir en el juego. No fue así: sea por decisión de las autoridades del anterior sexenio, fuera porque las constelaciones políticas ya habían comenzado a cambiar, o por la presión de las autoridades estadunidenses que tenían varias cuentas pendientes desde tiempo atrás con Cabal fuera de sus sospechas de que sus recursos provenían del lavado de dinero producto del narcotráfico, particularmente del cártel del Golfo, por la razón que fuera, la decisión se tomó y se decidió tratar de encarcelar a Cabal.
Hubo alguna filtración que le permitió a Cabal Peniche huir, vía Miami, acompañado por su asesor espiritual y socio comercial, el sacerdote Jacques Charveriat, y evitar ser detenido. Los datos posteriores permiten suponer, también, que aprovechó las 72 horas que tuvo de margen entre la solicitud de intervención y la expedición de la orden de aprehensión, para aprovisionarse de los suficientes recursos que le permitieron una huida internacional que llevó más de cinco años.
Ahora la posible extradición de Cabal Peniche es más cercana, luego de que la justicia australiana rechazara su apelación, basada en el argumento de que la suya era una persecución política. Su caso se torna más vigente porque coincide con la decisión de la Suprema Corte de Justicia que le ordena al ejecutivo entregar la información que el órgano competente del poder legislativo le ha solicitado sobre las cuentas de Banca Unión absorbidas por el Fobaproa, particularmente los recursos que, desde ese grupo financiero, se dirigieron al PRI en la campaña de 1994.
La extradición de Cabal, sin embargo, aún puede estar lejana, dependerá, sobre todo, de su decisión de agotar sus recursos legales en Australia (con un costo económico alto) o si prefiere, perdida esta apelación, continuar su proceso en México. Pero si no es así la extradición aún puede demorar varios meses.
Respecto a la información que debe entregar el poder ejecutivo al legislativo sobre el grupo Cremi-Unión, tampoco la situación se resolverá en automático. La resolución de la Corte establece que el Ejecutivo debe “ordenar” a la secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional de Valores entregar esa información al “órgano competente” de la cámara de diputados. En términos estrictos, la presidencia ya cumplió con ese ordenamiento legal al ordenar a la SHCP, apenas al día siguiente de la resolución de la Corte, que entregara esa información.
Ahora bien, quedan aún demasiados vacíos legales. En primer lugar, la cámara de diputados ha realizado tres diferentes solicitudes de información al Ejecutivo sobre este tema: una proveniente de la auditoría que encabezó Michel Mackey; otra de la comisión de vigilancia, y una tercera enviada por la CRIP, la comisión de control político de la cámara. Esta pregunta va de la mano de otra: cuál es “el órgano competente” en la cámara para estos temas al que se le debe entregar la información: ¿el auditor? ¿la presidencia de la cámara? ¿la mesa directiva?. La resolución no lo dice. De todas formas, existe la instrucción de la presidencia de la república a la SHCP de que responda a todas las instancias antes de 30 días (aunque la fecha fijada por la Corte sólo establece un plazo para que el Ejecutivo ordene a la dependencia involucra informar, pero no pone un plazo específico para la entrega de esa información de esa dependencia a la cámara).
Según fuentes del Ejecutivo, el haber llevado esa solicitud del legislativo a una controversia constitucional en la Corte, no se basaba en consideraciones políticas sino en el régimen jurídico vigente, que podría llevar a esos funcionar a incurrir en responsabilidades. Sin embargo, la resolución, según la interpretación legal que se le ha dado, no vulnera ni crea jurisprudencia sobre el secreto bancario ni pone en ese riesgo de violarlo a los funcionarios del sector. Pero despejada con la resolución de la Corte esa resistencia, las consideraciones políticas se tornan inevitables.
¿Qué documentación recibirá alguna de las instancias de la próxima legislatura en la cámara de diputados alrededor del 15 de septiembre? Todos los informes de créditos de Banco Unión que están en el Fobaproa y lo controvertido será, sin duda, los fideicomisos que construyó Cabal para realizar aportes al PRI y que luego fueron a parar al Fobaproa. Se pueden aplicar, en este sentido, las leyes transitorias de la ley que creó el IPAB y se podría sancionar al partido, en este caso el PRI, descontándole de sus prerrogativas de ley los recursos involucrados en el Fobaproa, la cantidad que los jueces consideren.
Con todo, y fuera del efecto propagandístico ineludible, será difícil dar el salto que permita vincular esos recursos con un fraude cometido por el PRI. Si el PRI decide defenderse y todo indica que así será, tendremos un largo proceso, de meses, en el cual primero, se tendrá que confirmar la información que entregue el Ejecutivo al legislativo sobre el tema; segundo, si la cámara considera que hay delito, tendrá que presentar una acusación formal; para ello tendrá que demostrar que el PRI fue parte del fraude realizado por Cabal; pero los abogados dicen que si alguien recibe una donación y el donante cometió un ilícito, el responsable de ese delito es el donante, no quien recibe esos recursos que no tenía que saber con qué intenciones o de qué forma el donante se hizo de esos recursos. Porque, además, los préstamos que tenía el PRI con Banco Unión fueron liquidados en tiempo y forma, y por lo tanto no es el PRI el que está en el Fobaproa, sino los fideicomisos de Cabal.
Por supuesto que esto es sólo un argumento legal: el debate político será tan duro como inevitable apenas la cámara tenga la información y ésta, inevitablemente, se filtre a los medios de comunicación. Como lo serán las presiones para que el PRI regrese los recursos que recibió en aquella oportunidad. Aquí el punto inmediato es observar cuándo se dará esa información y qué efectos inmediatos tendrá no en ese proceso legal en el que se puede llevar meses y el PRI, incluso, podría ganar penalmente, sino en algo mucho más inmediato: las elecciones de Tabasco, que se realizarán el próximo 15 de octubre. Porque lo que está en juego en el estado del Golfo ese día, es mucho, mucho más que el gobierno estatal. Tendremos caso Cabal aún para muchos meses, en cualquiera de sus vertientes.