Tanto la administración de Zedillo como del futuro presidente Fox coinciden en que se debe abrir la petroquímica y la generación de energía a la iniciativa privada. En enero de 97 Pemex-Refinación contrato a la empresa Coreana Sunkion Limited para reconfigurar las plantas petroquímicas de Cadereyta así como de Tula y Ciudad Madero. La reconfiguración de éstas dos últimas presenta innumerables problemas y serios retrasos, enfrenta demandas laborales, por los bajos salarios y por despidos injustificados, demandas en las que se involucra como patrón a Pemex.
Tanto la administración de Ernesto Zedillo como el futuro presidente Vicente Fox coinciden en que se debe abrir la petroquímica y la generación de energía a la iniciativa privada. Y muy probablemente tienen razón: es evidente que al ritmo de consumo actual de energía, pero dentro de pocos años tendremos un déficit que impedirá avanzar en el terreno económico. Respecto a la petroquímica hay datos muy obvios: al actual ritmo de crecimiento económico dentro de muy poco será mayor el volumen de recursos que gastaremos en importar petroquímicos que los que generará la exportación de crudos.
El propio Fox que, hace algunos años había señalado que estaba dispuesto a privatizar PEMEX, ha cambiado con los meses su discurso sobre el tema y ahora, como lo dijo en la campaña, insiste en que el punto al respecto es abrir el sector a la iniciativa privada y, en el caso de PEMEX, transformar a esa empresa precisamente en eso, en una empresa con amplios márgenes de autonomía pero bajo propiedad estatal.
La tesis no es errónea y debería ser impulsada. Pero que nadie se equivoque: en todo caso lo más importante es establecer, sean los inversionistas privados o públicos, controles serios sobre las concesiones, los permisos, los contratos que se expidan tanto para el sector de la petroquímica como de la energía eléctrica. Porque ya hoy, cuando muchos de las operaciones de PEMEX se realizan mediante contratistas privados existen irregularidades que confirman (allí estaría el caso del Renave en otro ámbito muy distinto para reafirmarlo) que la colusión de lo privado y lo público no siempre garantiza la transparencia.
Nos ha llegado una muy documentada denuncia de un caso de estas características. En enero de 1997, PEMEX Refinación contrató a una empresa coreana, llamada Sunkion Limited, para reconfigurar las plantas petroquímicas de Cadereyta, en Nuevo León. Esa firma inició las obras de reconfiguración apoyada en las empresas Tribasa y Siemens. Poco después, la misma empresa coreana recibió el contrato para reconfigurar las plantas petroquímicas de Tula y Ciudad Madero: una quedó en manos de la misma Sunkion y la de la otra de una empresa ligada a la anterior: Samsung Limited. Los contratos de todas estas obras implicaban la inversión de millones de dólares.
Pero resulta que la empresa Sunkion cuando recibe el segundo contrato, ya tenía un retraso de seis meses en las obras de Cadereyta. Pero, además, resultaba desconcertante esa decisión porque se trataba de una empresa relativamente pequeña, aproximadamente 700 empleados, que no tenía experiencia previa en esa actividad y tampoco gozaba de reconocimientos especiales en proyectos de ingeniería industrial.
La asignación de esa obra, sostiene la documentada denuncia que obra en nuestro poder, se dio desatendiendo las recomendaciones de parte de un comité técnico integrado por PEMEX Refinación, la Contraloría de a Federación y por un grupo del Instituto Politécnico Nacional, denominado Cicate. También participaron en el comité técnico, las empresas Tecningeniería en Mantenimiento SA y otras dos de origen estadounidense. Los especialistas de Cicata se negaron a firmas la evaluación final que le otorgaba el contrato a Sunkion porque no estaban de acuerdo con esa decisión, por las deficiencias de la propuesta presentada por la empresa coreana.
Los especialistas del Politécnico afirmaban entonces que la propuesta de Surkion efectivamente era la menos costosa, pero que ello era porque no cumplía con todos los requisitos de PEMEX exigía para esa obra, particularmente en relación con los equipos que debían instalarse y que el concesionario elegido no garantizaba. Incluso, se asentó en aquel momento, la empresa coreana no se comprometía a suministrar el equipo rotativo necesario, como son las bombas, compresoras, motores y controles con proveedores nacionales y exigió que ese equipo se contratara exclusivamente con empresas de su país. Sólo en este aspecto, los contratos involucraban quince millones de dólares en equipos.
Pese a ello, y violando el artículo 41 de la ley de obra pública, que prohibe adjudicar un contrato de obra pública a una empresa que ya registra retrasos en la realización de otras obras, se le adjudicó el concurso Surkion y se suscribió el contrato para que esas obras de reconfiguración de Tula y Ciudad Madero, se realizara en un plazo no mayor de tres años. La ejecución de la obra comenzó a mediados de 1999.
A un año de distancia, las obras se encuentran seriamente retrasadas: el reporte de avance es de sólo 20 por ciento, los bienes utilizados son aportados por empresas coreanas y no han logrado ponerse de acuerdo con la empresa que tiene la licencia de la ingeniería general de la obra, llamada Foster Wiheer. Ello porque la empresa contratada para la revisión de estas obras de ingeniería (una suerte de controladora de obra), llamada Parmetek SA, tampoco tiene experiencia en este tipo de proyectos.
Esa adjudicación a Parmetek, es más extraña aún que el contrato otorgado a Sunkion. Resulta que PEMEX el 27 de agosto de 1998, decidió declarar desierta la licitación 1857602-038-98 y adjudicar mediante asignación directa ese contratado a Parmetek, o mejor dicho a las empresas que se asociaron con ese fin, el 29 de diciembre de 1998. De esa forma dicha empresa es la rensponsable de la supervisión de las obras en Ciudad Madero y Tula. Pero resultó que una de las empresas que se unieron para formas Parmetek, es Tecningeniería en Mantenimiento (Tecman, SA), que fue la que participó en el comité técnico que había adjudicado esa obra a os constructores coreanos.
Pero el enredo continúa: resulta que Tecman desde el 23 de noviembre de 1998 estaba impedida de presentar ofertas o propuestas y celebrar contratos con cualquier dependencia de la administración pública federal durante dos años, en virtud de que había sido sancionada por diversas irregularidades administrativas encontradas en obras anteriores. La sanción consta en el expediente DS/245/97 de la secretaría de la Contraloría y desarrollo administrativo. Sin embargo, apenas un mes después de expedida esa sanción, PEMEX contrató a Tecman para que supervisara las obras de Tula y Ciudad Madero pagándole por ello 16 millones 521 mil 765 dólares. El engaño legal fue que el contrato no se firmó con Tecman, junto con las empresas Parson y Robert King Inc.
Por una de esas casualidades que se dan en nuestra burocracia, la empresa Parmetek se constituyó legalmente el mismo día en que ganó el contrato de 16 millones de dólares, el 29 de diciembre de 1998, y el 51 por ciento es propiedad de Tecman. El director de esa empresa Alonso Aguirre Levinson, es el único que firma el acta constitutiva y el contrato con Pemex. La empresa que recibiría en su primer día de existencia un contrato por más de 16 y medio millones de dólares declaró en su acta constitutiva un capital social de 50 mil pesos. El contrato, recordemos, fue una adjudicación directa.
El resultado de todo este desaguisado es que la reconfiguración de las petroquímicas de Tula y Ciudad Madero presenta innumerables problemas y serios retrasos, enfrenta demandas laborales por los bajos salarios que se pagan a los trabajadores involucrados y por despido injustificados, demandas en las que se involucra como patrón a PEMEX (lo que quiere decir que si esas demandas triunfan será la paraestatal la que pagará las indemnizaciones) y todo ello porque el contrato adjudicado a Parmetek, le permite cobrar sus servicios a PEMEX en dólares y pagar a su personal en pesos mexicanos. De esta forma Parmetek decidió que es PEMEX quien se tiene que hacer cargo de todos los gastos que los trabajadores, desde viáticos, hasta seguros o equipos de transporte. Sin embargo, en el contrato Parmetek cobra los salarios integrados (don todos esos gastos incorporados) de cada trabajador.
Las anomalías van más allá. El contrato establecido entre PEMEX y esta empresa implicaba la asignación para la obra de personal experto tanto a nivel internacional (un 30 por ciento) y nacional (el restante 70 por ciento), con capacidad suficiente como para aprobar o rechazar tanto las acciones de la compañía constructora de origen coreano que desarrolla las obras como el equipo comprado, los programas de obra, la calidad de los proveedores y la aprobación de las pruebas de comportamiento, entre muchas otras responsabilidades. En los hechos, hasta hoy solo participan ocho especialistas para supervisar una obra de esa magnitud.
El círculo se cerró: el comité de adjudicación entregó la obra a una empresa calificada, ésta se retrasa y no cumple las metas, pero la empresa contratada para supervisar la realización de esas obras, es a misma que adjudicó el proyecto y, además, aunque está inhabilitada para ser contratada por sus propias irregularidades ejecutadas en obras anteriores, logra su propio contrato a través de una empresa en los hechos fantasma.
La apertura al capital privado en energía, en petroquímica y en muchos otros órdenes de la vida económica nacional es necesaria y en algunos casos imprescindible. Pero también lo son los controles, la supervisión y la transparencia. Por lo menos en este caso, no está documentada ninguna de esas tres exigencias.