La detención de los generales Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quirós Hermosillo es un hecho que ha conmocionado a la sociedad, pero particularmente a las fuerzas armadas. La posibilidad de que en los próximos días se anuncie la detención de otro militar de alta gradación, confirma que la Procuraduría de Justicia Militar ha tomado la decisión de ir al fondo de este caso. Continúa el llamado maxiproceso contra el cártel de Juárez, de las cuales estas detenciones son parte, como las denuncias contra el exgobernador Mario Villanueva.
La detención de los generales Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quiroz Hermosillo es un hecho que ha conmocionado a la sociedad pero particularmente a las fuerzas armadas. Es lógico: se trata de hombres de peso en el instituto armado, que habían participado activamente en la lucha antisubversiva en los años 70 y que mantuvieron privilegiadas relaciones con áreas de seguridad e inteligencia en el años subsiguientes y que, además, siempre ostentaron sus relaciones políticas como una credencial que les abría numerosas puertas. Ahora sabemos que demasiadas, muchas más de las que lícitamente hubieran podido cruzar.
La historia de las investigaciones sobre Quiroz Hermosillo y Acosta Chaparro ya es conocida y sobre todo nuestro colega Cesar Romero Jacobo la ha explicado al detalle, desde hace dos años. En todo caso, existen varias aristas que se desprenden de este tema que deben ser analizados con detalle. En primer lugar, saber hasta dónde llegará la lucha antinarcóticos en los siguientes 90 días, antes de que concluya esta administración.
Y todo indica que esa limpieza final alcanzará niveles importantes. El sólo hecho de que se haya decidido actuar a escasos tres meses de que concluya esta administración contra esos dos generales y la posibilidad de que en los próximos días se anuncie la detención, por el mismo caso (la relación de estos hombres con el cártel de Juárez que encabezara Amado Carrillo) de otro militar de alta graduación, confirma que la procuraduría militar que encabeza el general Rafael Macedo de la Concha y el propio secretario de la Defensa, el general Enrique Cervantes, han tomado la decisión de ir al fondo de este caso, que podría involucrar a una veintena de personas más, incluyendo personajes cercanos al extinto Javier García Paniagua.
No es una novedad decir que Quiroz Hermosillo es compadre del general Cervantes, como tampoco lo es saber que ambos se distanciaron desde que el secretario de Defensa ordenó avanzar, desde 1998, en las investigaciones que involucraban a Quiroz con el narcotráfico. En otros tiempos, a escasos 90 días de concluir una administración, lo más probable es que se hubiera decidido archivar las investigaciones y dejar que fuera el siguiente gobierno el que decidiera qué hacer con esos casos si es que lograba reabrirlos. Pero no fue así. Estas investigaciones se concluirán antes de que concluya el sexenio.
No serán las únicas actividades que se desarrollan en este ámbito. Por una parte, continúa el llamado maxiproceso contra el cártel de Juárez (del cual estas detenciones son parte, como las denuncias contra el ex gobernador Mario Villanueva), pero, por la otra, están planeadas, también de la mano entre la fiscalía antidrogas de la PGR y la Sedena, muy intensas operaciones de erradicación en varias zonas del país, en forma destacada en el llamado triángulo de oro (por su alta producción de amapola y mariguana) donde confluyen Sinaloa, Chihuahua y Durango. La tesis es golpear al narcotráfico de aquí a diciembre como para dejar, por una parte, desarticulada, en la mayor medida posible, la red de operaciones del narcotráfico y, al mismo tiempo, detener a operadores y también a quienes ejercían la protección y el trabajo sucio de y para esas redes.
Otra reflexión que se deriva de esas detenciones, es el del relevo generacional en las propias fuerzas armadas. Los movimientos que ha realizado el secretario Cervantes en los últimos años, aunado al pase a retiro de muchos mandos y a detenciones como las señaladas (y con anterioridad la de Jesús Gutiérrez Rebollo), confirmaría que los próximos mandos de esa dependencia serán de otra generación y que los grupos que de una u otra forma trabajaron con Marcelino García Barragán y se fortalecieron luego en las administraciones de Luis Echeverría y José López Portillo, irán dejando sus espacios a hombres más jóvenes. Aunque comprendiendo esto habría que analizar con mayor cuidado la información que es filtrada hacia los medios, alguna fidedigna, otra evidentemente inventada, porque en este trasvasamiento generacional y en este contexto marcado por la decisión de limpiar la casa, se comienzan a barajar nombres, en muchas ocasiones, como una forma de ajuste de cuentas, internos y externos, más que porque existan datos y certidumbres sobre reales o presuntos involucramientos de esos personajes con el crimen organizado. Por ello, salvo cuando haya resultados reales, está tomada la decisión de que estas investigaciones se mantendrán en el más estricto secreto.
Pero, en este sentido, tampoco habría que confundirse: no habrá en las fuerzas armadas, después del primero de diciembre próximo, un salto al vacío. No es esa la decisión de los actuales mandos militares pero tampoco de Vicente Fox. Las decisiones que se tomen en ese sector no se apartarán de la ortodoxia ni de la búsqueda de consensos con los militares en activo, sobre todo con sus mandos más importantes. La próxima administración es consciente de que, por encima de las declaraciones de algunos de sus simpatizantes y colaboradores, sería un error estratégico tratar de improvisar en este ámbito. Las tentaciones para ello ahí están: muchos grupos y personajes están tratando de pescar a río revuelto, proponiendo nombres, destapando aspirantes, jugando con personajes que no tienen posibilidad alguna de llegar a posiciones de mando, y lo saben, pero lo que hacen es, literalmente, tratar de “calar” al próximo gobierno para saber cómo va a reaccionar. Y todo indica que Fox no caerá en el error.
Una tercera reflexión debe realizarse a partir de las detenciones de Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo. Cuando se monta un estructura con fines legítimos, como lo fue la lucha contra las organizaciones guerrilleras de los 70, pero se decide desde la cima del poder estatal librar esa lucha en el terreno de la ilegalidad (o por lo menos parte de ella), siempre se engendran monstruos: se llamen Ricardo Miguel Cavallo o Arturo Acosta Chaparro. Los medios no son autónomos de los fines: el desarrollar una guerra sucia, apartándose de la legalidad, termina haciendo transitar en la propia ilegalidad a sus operadores y éstos, tarde o temprano, escudados en la razón de Estado o en sus propias ambiciones personales, utilizan esas experiencias y los contactos que de ella se desprenden, incluyendo la propia información que han recogido, para su propio beneficio. Así ocurrió con hombres que participaron de la guerra sucia en el Cono Sur, años después en Centroamérica, mucho antes en el sudeste asiático y ahora sucede lo mismo con Quiroz Hermosillo y Acosta Chaparro. Nuestra realidad en este sentido, ha sido, afortunadamente, mucho más acotada que en los ejemplos citados, como diferente es la concepción e integración de nuestro ejército respecto a los de otras naciones latinoamericanas, pero el sector contaminado ha reaccionado exactamente igual que los citados. Esa debe ser, por lo tanto, una lección para el futuro.
Por cierto, en un hecho que no tiene antecedentes cercanos, será el secretario de la Defensa, el general Enrique Cervantes, quien represente al presidente Ernesto Zedillo en la ceremonia del Grito, en la noche del próximo 15 de septiembre.
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Lo más notable de la elección veracruzana es que todo indica que si los priístas logran internamente llegar a acuerdos y evitan la ruptura, podrían haber llegado en buena parte del país a su piso electoral. Desde esa base, si no se equivocan, podrían reconstruir la nave y no sólo ser opción en el futuro, sino también, en lo inmediato, ayudar y mucho, a la gobernabilidad del país.