Ninguno de los antecesores de Jorge Madrazo pudo soportar demasiado tiempo la presión de enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado, la corrupción interna, las investigaciones especiales que se dan en esa área, particularmente los crímenes de estado de 1993-1994, y en el ámbito internacional, las relaciones con Estados Unidos. Madrazo ha enfrentado innumerables problemas: desde la detención del general Jesús Gutiérrez Rebollo hasta el suicidio de Izábal Villicaña. A la fiscalía antidrogas llegó Mariano Herrán que fue consolidándose y entendiéndose con los militares y las otras fuerzas de la PGR y comenzaron a cosecharse algunos éxitos. Una parte central de la estrategia antinarcóticos fue la operación de sellamiento en la Península de Yucatán.
Durante el 100 aniversario de la creación de la PGR, el presidente Zedillo y el procurador Jorge Madrazo coincidieron en que a la hora de la entrega a la próximo administración federal, en la procuraduría se mostrarán números negros…pero también rojos.
Lo cierto es que se trata de una posición compleja, difícil, donde con la excepción del caso actual de Jorge Madrazo que lleva cuatro años al frente de esa dependencia, todos sus antecesores, desde que estalló en 1985 el caso Camarena (Sergio García Ramírez continuó entonces al frente de la PGR pero su papel en torno a la lucha contra el crimen organizado era, sin duda, menor), han sido efímeros. Ninguno de los antecesores de Madrazo pudo soportar demasiado tiempo la presión de enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado, la corrupción interna, las investigaciones especiales que se dan en esa área, particularmente los crímenes de Estado de 1993-94, y en el ámbito internacional, las relaciones, siempre complejas en este sentido, con Estados Unidos.
Enrique Alvarez del Castillo, acompañado por el subprocurador Javier Coello Trejo (que tenía, sin duda, más poder que el propio procurador) estuvieron al frente de la PGR poco más de dos años y lograron la detención de Miguel Felix Gallardo, pero también, durante su gestión se reestructuró el tráfico de drogas en un esquema de tres grandes cárteles: los Arellano Félix, el cártel de Juárez y el del Golfo, que perduró todo el pasado sexenio y buena parte de éste. Ignacio Morales Lechuga, que había tenido muy buenos resultados en la procuraduría del DF, enfrentó innumerables problemas en la General de la República y se desgastó aceleradamente, enfrentado con el entonces ombudsman, Jorge Carpizo. Este dio un salto mortal de la CNDH a la PGR y reemplazó a Morales Lechuga con un equipo donde la figura dominante era Mario Ruiz Massieu, tuvo buenas intenciones pero errores gravísimos. El 10 de enero del 94, de infausta memoria para los seguidores de Luis Donaldo Colosio, Carpizo se convirtió en secretario de Gobernación y Diego Valadés lo reemplazó en la PGR: Valadés navegó de muertito en la procuraduría acotado por Mario Ruiz Massieu, que la seguía controlando desde la subsecretaría de Gobierno de la SG. El asesinato de Colosio fue un golpe demoledor para Valadés que pronto fue reemplazado por Humberto Benítez Treviño, una figura decorativa, y por el propio Mario, para el que se creó la subprocuraduría general, cuando se supo que no podía ocupar la cabeza de sector porque no cumplía con todos los requisitos legales. El asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y el alto grado de corrupción desarrollado por Mario, acompañado por Adrián Carrera Fuentes, su jefe de la policía judicial, desataron los demonios que acabaron con esa gestión y, años después, con la propia vida de Mario Ruiz Massieu.
Iniciado este sexenio, el presidente Zedillo ofreció la PGR a Diego Fernández de Cevallos, éste no aceptó pero recomendó a otro panista, Fernando Gómez Mont, que había sido en la legislatura anterior presidente de la comisión de justicia de la cámara de diputados, pero Fernando no cumplía con los requisitos (no alcanzaba la edad mínima legal para ser procurador) por lo que no pudo ocupar ese cargo. Llegó entonces Antonio Lozano Gracia, otro discípulo de Diego, y de la mano con Antonio, llegó Pablo Chapa Bezanilla. Este personaje derrumbó con sus investigaciones sobre los casos Colosio y Ruiz Massieu, buena parte del andamiaje institucional y de investigación de la PGR, destruyendo la credibilidad de esa institución. Los huesos sembrados en El Encanto, fueron el golpe de gracia para To ño Lozano y para el propio Chapa, que vio como terminaba su suerte y sus opciones.
Fue entonces, en diciembre de 1996, cuando llegó a la PGR, Jorge Madrazo. En cuatro años Madrazo ha enfrentado innumerables problemas: desde la detención del fiscal antidrogas, Jesús Gutiérrez Rebollo acusado de vínculos con el narcotráfico (el mayor golpe que ha recibido en términos de seguridad esta administración) hasta el suicido de Izabal Villicaña, su oficial mayor y hombre de confianza, luego de que se descubrieran cajas de seguridad con sumas millonarias en su poder.
Pero la verdad es que Madrazo y su equipo han logrado éxitos importantes que no son suficientes para dejar esa gestión exclusivamente con números negros pero disminuyendo, en comparación con sus antecesores, los rojos. En el ámbito del narcotráfico, el descubrimiento de la relación de Gutiérrez Rebollo con el cártel de Amado Carrillo parecía un golpe mortal por partida doble, primero porque golpeaba duramente la relación con Estados Unidos (apenas quince días antes de la detención Barry Mc Caffrey había elogiado la incorruptibilidad de Gutiérrez Rebollo), y segundo porque golpeaba el centro del plan estratégico antinarcóticos que se estaba desarrollando entonces, que estaba basado en la cooperación y relación en este ámbito de las procuradurías, pero sobre todo, de las fuerzas armadas de los dos países.
Con todo, la posición se pudo recomponer: llegó a la fiscalía antidrogas, Mariano Herrán, que fue consolidándose y entendiéndose para esta labor con los militares y las otras fuerzas de la propia PGR (aunque se mantuvieron distancias, sobre todo en la primera época, con la Unidad de Lucha contra el Crimen Especializado) y comenzaron a cosecharse algunos éxitos. El primero fue la persecución y posteriormente la muerte de Amado Carrillo Fuentes, con una sucesión de fuertes golpes al cártel de Juárez que tanta protección había tenido en el pasado. Luego la detención de varios de los principales operadores del cártel de Tijuana, comenzando por Everardo El Kitty Paéz, Jesús Chuy labra e Ismael el Mayel Higuera, pero los Arellano Félix lograron escapar a la justicia una y otra vez. Sí se logró detener a los hermanos Amézcua, del llamado cártel de Colima y a los Lupercio del cártel de Guadalajara.
Una parte central de la estrategia antinarcóticos fue la operación de sellamiento de la península de Yucatán, una operación con luces y sombras: se logró desarticular la célula del sureste del cártel de Juárez y romper con buena parte de sus actividades, pero se lograron fugarse varios de los principales operadores de ese cártel incluyendo, gracias a un mal entendido fuero constitucional, al ex gobernador Mario Villanueva Madrid. Ahora, como consecuencia de esas investigaciones fueron detenidos los generales Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo y podrían seguir otras más.
En la gestión de Madrazo hubo avances en la detención de bandas de secuestradores y en la investigación de los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu. Luego de los desastres de Chapa Bezanilla, era casi imposible esclarecer esos casos: en el caso Ruiz Massieu, aunque con innumerables incertidumbres, la PGR logró mantener detenido a Raúl Salinas de Gortari, aunque persiste la duda sobre si esa es una decisión de Estado o de estricta justicia. En el caso Colosio se ha realizado una labor realmente puntillosa, pero con el paso del tiempo, la política de filtraciones con intenciones y la destrucción de pruebas que había habido con anterioridad, no se podía llegar a certidumbres mayores que las actuales. Como nos decía hace unos días uno de los más importantes colaboradores de Vicente Fox, en estos momentos, quizás lo único que se puede hacer con el caso Colosio es transformarlo en un paradigma de porqué el sistema de procuración e impartición de justicia tiene tantas fallas y, en homenaje del sonorense, operar una profunda reforma de ese sistema.
Pero tampoco habría que equivocarse, ahora que se habla tanto de reformar el sistema de seguridad y justicia. Lo avanzado, a pesar de todo, durante los últimos años, confirmaría la tesis de que se debe cambiar lo necesario pero partir de un principio: nada se puede inventar en este ámbito y toda estrategia requiere tiempo para cosechar frutos. Sería grave, simplemente, volver a empezar y, para colmo no saber con claridad hacia donde dirigirse.