Concluyó la negociación sobre el bono sexenal que terminó en compensación, para la burocracia federal. El acuerdo contempla un pago de mil seiscientos pesos para los trabajadores al servicio del poder ejecutivo federal. Leonel Godoy y Ricardo Pascoe dijeron que no se oponen al bono, pero reclamaron una partida presupuestal adicional proporcionada por el gobierno federal. Evidentemente se trata de una respuesta política del gobierno capitalino porque desde hace tres años sus trabajadores no dependen del gobierno federal.
El sábado a las diez y media de la noche concluyó la negociación sobre el bono sexenal que terminó en compensación, para la burocracia federal, aunque en la tarde del domingo continuaban algunos contactos con los grupos disidentes de la FSTSE que encabeza Joel Ayala.
El acuerdo, como se informó, contempla el pago de un “estímulo” de mil 600 pesos para todos los trabajadores al servicio del poder ejecutivo federal, incluyendo un millón de maestros y trabajadores administrativos de base de la SEP. Además, para los 500 mil trabajadores de base de la FSTSE, se contempla la entrega de vales de consumo, de despensas, por otros 466 pesos, con lo cual se llega, para ellos, a un total de dos mil 66 pesos, que equivalen a un mes de salario mínimo, el tabulador 14, en la burocracia federal. Ese componente en vales fue decisivo para concluir la negociación porque los sectores más duros de la FSTSE decían que no podían aceptar un estímulo menor a un mes de salario mínimo del sector.
¿Se solucionará con ello este conflicto?. En términos generales sí, aunque quedan capítulos abiertos. En primer lugar, lo que sucederá en el DF. Como es público, el viernes Leonel Godoy, secretario de gobierno del DF, y Ricardo Pascoe, oficial mayor, dijeron que ellos no se oponen al bono pero reclamaron una partida presupuestal adicional proporcionada por el gobierno federal para pagarlo, a pesar de que tienen unos 2 mil millones de pesos no ejercidos en su presupuesto y capacidad de endeudamiento autorizado por otros seis mil millones. Evidentemente, se trata de una respuesta política del gobierno capitalino porque desde hace tres años, los trabajadores del gobierno de la ciudad no dependen del gobierno federal sino del propio GDF. Ello quedó establecido en el nuevo estatuto de gobierno cuando se cambio de Departamento a Gobierno local. Tanto es así, que los salarios de sus trabajadores lleva tres años fijándolos el propio gobierno capitalino y siempre, en cada revisión salarial, puso en problemas al gobierno federal, otorgando aumentos salariales un poco por encima de los acordados a nivel federal. Por lo tanto, otorgar o no el bono a sus trabajadores deberá ser una decisión de la administración de Rosario Robles.
En este mismo sentido, tampoco recibirán este “estímulo”, los trabajadores de cada uno de los estados. Los gobernadores que concluyen su gestión ya han anunciado que darán su propio bono, como lo hará Roberto Madrazo en Tabasco o como hizo, hace ya algunas semanas, el panista Ramón Martín Huerta en la foxista Guanajuato. Se espera que Alberto Cárdenas, a principios del año próximo, cuando deje el gobierno de Jalisco, otorge una compensación similar, lo mismo que Roberto Albores en Chiapas. Evidentemente, en los estados en los que no concluyen las respectivas administraciones no habrá “estímulos” de fin de sexenio.
¿De dónde salieron finalmente esos recursos?. Como se había indicado del capítulo 1000 del ramo 23, que se ocupa de los salarios y compensaciones de los trabajadores del Estado y de un Fondo que se había creado en Aseguradora Hidalgo para otros fines. Lo cierto es que en la secretaría de Hacienda ayer se era particularmente insistente en que con este acuerdo no se violaba de forma alguna la disposición presupuestal del artículo 54 aprobado por la cámara de diputados a fin del año pasado.
¿Qué es lo bueno y qué lo malo de estos acuerdos?. En primer lugar que se pudo establecer un mecanismo de negociación real, que no se interrumpió en todos estos días y que si bien provino de una presión extralegal de la FSTSE, se pudo zanjar con un costo menor al estimulado originalmente. Se podrá argumentar, con razón, que en condiciones ideales no se tendría que haber otorgado nada, porque la ley así lo estipulaba, pero lo cierto es que, fuera de ello, hubiera sido políticamente inviable que esta administración le heredara a la entrante, a la de Vicente Fox, un conflicto de esa magnitud, un paro general de la burocracia, como regalo de inicio de sexenio. La presión de los burócratas se dio en un momento especialmente delicado del tránsito entre ambas administraciones (cuando una ya no tiene margen para ejercer de todo el poder y la otra aún no lo tiene en sus manos) y, como decíamos la semana pasada, con un trasfondo en el cual no sólo estaba en juego el bono, estímulo o como se le llamara, sino cosas tan poco explícitas, como la sucesión al frente de la propia FSTSE, la relación de estos sindicatos con el próximo gobierno federal, el equilibrio entre los sindicatos de la CTM y el CT con la pujante UNT, y la propia sucesión interna en el priísmo, que tendrá inicio formal en diciembre para concluir por allá de mayo o junio del año próximo.
Si alguien tiene dudas sobre cómo se ha decidido sobrepasar este momento allí está, el mismo viernes, la reelección de Leonardo Rodríguez Alcaine al frente del sindicato de electricistas, luego de respectivos encuentros del dirigente de la CTM con Vicente Fox y Ernesto Zedillo, en un albazo muy poco democrático pero que no generó reacciones de ningún tipo ni en el gobierno que se va ni en el que llega (y apueste usted que ese silencio tendrá un costo: el apoyo sindical a la propuesta sobre reforma a la generación de energía eléctrica que el mismo viernes, casualmente, presentó, la fracción del PAN en la cámara de diputados).
En ese contexto era imposible no negociar. Hubo negociación y continuaba, ayer, en algunos aspectos, particularmente con los sindicatos más opuestos a Joel Ayala en la FSTSE como el de la secretaría de Agricultura, de la Semarnap y de Salud. Esa misma lógica interna de la sucesión en la FSTSE y de la relación que se tendrá que establecer con el nuevo gobierno, terminó acelerando en el fin de semana las negociaciones, porque comenzaron a ponerse muy de manifiesto las divergencias internas en la propia Federación y a cundir el nerviosismo entre sus principales dirigentes, previendo, oficialistas y disidentes, que las cosas se les podían salir de control si se llegaba al lunes sin un acuerdo. En todo caso, lo que viene no puede ser más que una profunda reforma al cuerpo administrativo del Estado. Quizás sin despidos masivos como se han comprometido en estos días tanto el propio Fox como Carlos Abascal, pero sí con una “reingeniería” como la prometida por Francisco Barrio, que modifique el continente y el contenido del trabajo en el servicio público federal. Debe haber mejores salarios y debe haber transparencia en los ingresos, pero también mucha mayor eficiencia, menor corrupción y más sentido común. El fin de semana se cerró, en este sentido, todo un capítulo, pero queda un libro abierto y en blanco sobre el cual reescribir, de una forma nueva, la relación del Estado con sus trabajadores.
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El viernes, con motivo de la comida que mantuvieron el día anterior Vicente Fox y Ernesto Zedillo y que se quiso mantener en secreto, se dio la primera desavenencia pública entre las áreas de comunicación de la administración entrante y saliente. Y todos los involucrados se vieron mal. La pregunta es obvia ¿qué necesidad tienen unos y otros de mantener en secreto contactos que son y deberían ser públicos y son legítimos? ¿porqué ese empeño de secrecía debe llevar siempre a pensar que se está actuando en lo oscurito, que se está tratando de ocultar algo a la opinión pública?. No aprenden, ni unos ni otros.