Pocos operativos policiales importantes se han realizado con mayor torpeza política y operativa que el intentado en la localidad de Los Chorros en Chenalhó, Chiapas en busca de desarmar a los llamados grupos paramilitares (grupos armados antizapatistas). No es verdad que en la zona de conflicto la población, ni siquiera la mayor parte de la población indígena, es zapatista. Pero han pasado los tiempos en que ésta era, también, dócilmente priísta. Desde hace mucho tiempo en Chiapas no hay guerra ni enfrentamientos militares entre el EZLN y las fuerzas del estado pero existe una guerra sorda, constante, silenciosa, brutal en todas y cada una de las comunidades.
Pocos operativos policiales importantes se han realizado con mayor torpeza política y operativa que el intentado el fin de semana pasado en la localidad de Los Chorros en Chenalhó, Chiapas, en el corazón de la zona de conflicto, en busca de desarmar a los llamados grupos paramilitares que son, en realidad, grupos armados antizapatistas, algunos surgidos por el impulso gubernamental en la época de Emilio Chuayffet en la secretaría de Gobernación, otros conformados como reacción de ciertas comunidades a las presiones a los que se ven sometidas por sus vecinos zapatistas.Al respecto hay que hacer varias precisiones importantes. En primer lugar esos grupos armados antizapatistas sí existen. Como se ha informado hay por lo menos doce organizaciones con esas características. Una de las más importantes es ésta de Los Chorros, acusada de haber participado en la matanza de Acteal, y crudamente enfrentada con otro grupo armado, pero éste de índole prozapatista, llamado Las Abejas. Otro de los grupos, localizado sobre todo en la llamada zona norte del estado, es el de Paz y Justicia.La creación de estos grupos armados antizapatistas, como decíamos, tiene dos orígenes: algunos, sin duda, fueron impulsados desde el ámbito gubernamental, tratando de repetir algunas experiencias antiguerrilleras que se han llevado a cabo sobre todo en Perú y Colombia, en la cual se arma a la población para que se enfrente a los grupos guerrilleros. En la mayoría de las ocasiones esa estrategia termina teniendo éxito en sus cometidos antisubversivos, pero termina engendrando monstruos mucho peores, además de agudizar, como ocurrió, los enfrentamientos entre las propios comunidades hasta transformar un enfrentamiento político en una confrontación civil. Pero otros de estos grupos han surguido espontáneamente: la presión que han colocado las organizaciones zapatistas en las comunidades es brutal: desde la aplicación de una supuesta ley indígena que poco relación tiene con la legalidad jurídica, hasta la socialización forzosa de los pocos instrumentos de trabajo y bienes materiales, así como agudos enfrentamientos originados en causas religiosas, han causado profundo rechazo en muchas comunidades. Cuando éstas no han querido someterse, han sido atacadas en forma violenta por los propios grupos zapatistas y algunas se han armado para defenderse. Ese sería, por ejemplo, el proceso seguido en la surgimiento de Paz y Justicia, aunque allí intervino, también, el apoyo gubernamental. Para saber cómo está la correlación de fuerzas en este sentido, habría que recordar algo simple, tanto en las elecciones federales del 2 de julio, como en las estatales de agosto que le dieron el triunfo al candidato opositor Pablo Salazar Mendiguchia, en la zona de conflicto ganó las elecciones, por amplio margen, el PRI, no el zapatismo o alguno de sus grupos o candidatos aliados. En otras palabras, no es verdad que en la zona de conflicto la población, ni siquiera la mayor parte de la población indígena, es zapatista. Pero han pasado los tiempos en que ésta era, también, dócilmente priísta.El problema real en Chiapas y eso no parecen entenderlo ni quienes diseñan muchas de las políticas para esa entidad ni tampoco quienes se aprestan a tomar el poder en el estado, está en las comunidades. En Chiapas desde hace mucho tiempo que no hay guerra ni enfrentamientos militares entre el EZLN y las fuerzas del estado, pro hay algo sin duda peor: una guerra sorda pero constante, silenciosa pero brutal, en todas y cada una de las comunidades con un saldo alto en muertos, heridos, con violaciones constantes de los derechos humanos por todos los actores participantes en el conflicto. Y con heridas que son mucho más profundas: el día de mañana podrá firmarse o no un acuerdo de paz entre el gobierno de Fox y el EZLN, pero quisiera saber quién logrará firmar acuerdos de paz en las comunidades que se han dividido en forma tan brutal en los últimos años con heridas que tardarán años en sanar. Eso es lo que están olvidando quienes están apostando a una pacificación para la foto en Chiapas que asegure sus respectivas carreras políticas, en el actual o futuro gobierno y en el zapatismo. Por eso, la estrategia de desarmar a los grupos armados antizapatistas es correcta: no puede haber grupos armados fuera del control del propio Estado. Pero se convierte en un boomerang, como ocurrió el fin de semana, cuando se intenta desarmar a algunos de los grupos armados pero no a los otros, antagónicos a éstos. Una pregunta sencilla: ¿si se iba a desarmar a los pobladores antizapatistas de Los Chorros porque no, al mismo tiempo, desarmar a sus vecinos prozapatistas de Las Abejas?. Razones las había: ambos están armados, ambos están en ese sentido violando la ley, ninguno de los dos (a diferencia de lo que sería el caso específico del EZLN) están protegidos por ley de pacificación alguna para mantener sus armas, unos y otros se han enfrentado innumerables veces, con bajas de ambos bandos y en una lucha intracomunitaria feroz. Elegir a unos como indígenas buenos y a otros como indígenas malos lo único que provocará será la profundización de la guerra dentro de las propias comunidades y el sacrificio de un grupo en beneficio del otro. Y esa nunca será una solución.Otro punto a considerar es la estrategia en sí seguida por la PGR en este caso. Evidentemente el intento de desarme de estos grupos se realizó por un pedido especial tanto del equipo de transición de Vicente Fox como del gobernador entrante Pablo Salazar Mendiguchia, como parte de la estrategia de pacificación que ambos, en forma conjunta, están tratando de implementar a partir de diciembre en Chiapas, lo que supone, también, que ambos deben haber tenido ya algún tipo de contacto con el zapatismo. Sin embargo, el actual gobierno federal, que concluye su labor en poco más de dos semanas, no lo tiene ni es parte de esas negociaciones. Entonces ¿para qué involucrarse en una estrategia en la cual lo único que les corresponde es pagar los costos?. No se trata de un maquiavelismo trasnochado, sino de política real: si alguien, quien sea, quiere imponer una negociación de paz, debe platicar, negociar, con todos los actores y establecer una serie de compromisos mutuos que hagan viable esa pacificación. Si no es así, daría la imprsión de que para lograr la paz se regresará a los acuerdos de Camacho en 1994: entregarle amplios espacios territoriales al EZLN que sirvan como una suerte de zona liberada, aprovechando, además, que la mayoría de los pobladores en esa región no votaron por el PAN ni por la Alianza por Chiapas en los últimos comicios. Es una estupidez, lo que ocurrirá si se recurre a una estrategia de ese tipo será polarizar aún más la situación, profundizar el enfrentamiento armado y volver a generar una fuerte corriente de desplazados, uno de los pocos capítulos en los que ha habido avances en los últimos años. Cabría preguntarse, además, cuál sería, por ejemplo, la actitud de las fuerzas armadas (cualquiera que fuera el futuro secretario de la Defensa) en una coyuntura como esa.Chiapas no se resolverá con cateos mal pensados y peor ejecutados ni tampoco en quince minutos ni por un despliege de buena voluntad. Allí se requiere de un trabajo política intenso que, aunque muchos no lo comprenden pasa más por el trabajo entre y dentro de las comunidades indígenas, que por las grandes negociaciones suprapolíticas. Archivos recuperados Probablemente el ganador de los comicios de Jalisco, aunque sea por un porcentaje mínimo, sea el candidato panista Francisco Ramírez Acuña, pero las decisiones tomadas por el Consejo Estatal Electoral del estado son tan torpes, tan oscuras, tan sin sentido, tan sospechosas, que, si gana, mancharán con el estigma de la ilegitimidad toda su gestión. A esta altura, la explicación de que se les “cayó el sistema” es un deja vú difícil de aceptar. Algunos no comprenden que lo que se exige es un cambio de cultura política, no “un quitate tú para ponerme yo”.