Hace un año fue asesinado en un paraje recóndito de Tenosique, José Ángel Martínez, miembro del grupo Beta. En Tijuana, José Ángel fue el orador designado para abordar la labor de los grupos Beta ante la comisionada para derechos humanos de la ONU, Mary Robinson. Ingeniero Agrónomo de profesión, con una amplia experiencia administrativa y en el servicio público, trabajó durante varios años tratando la problemática rural y de la pobreza, sus labores de investigación, siempre estuvieron volcadas sobre todo al tema de la protección a los migrantes y el combate al crimen organizado. Sus relaciones con el INM se deterioraron día con día, sobre todo por las denuncias que con regularidad presentaba sobre las redes de corrupción en el tráfico de indocumentados en toda la frontera sur.
Hace un año, el viernes 26 de noviembre, salía de mi oficina para una comida con un funcionario de alto nivel cuando recibí la llamada de José Angel Martínez. Estaba en el aeropuerto, venía de Tijuana donde había sido el orador designado para abordar la labor de los grupos Beta ante la comisionada para derechos humanos de la ONU, la señora Mary Robinson de visita entonces en nuestro país. Le había ido muy bien pero no me llamaba por eso: temía por su vida, estaba seguro, me dijo que algo iba a pasar, que la situación dentro del propio Instituto Nacional de Migración y de los grupos Beta se estaba deteriorando rápidamente y me enviaba, luego comprendía que como una suerte de reaseguro, un documento con su más reciente investigación sobre el tráfico de indocumentados en la zona de Tenosique, en la frontera entre Tabasco, Chiapas y Guatemala, además de la relación de ese tráfico de gente con los narcotraficantes de la región. Se trataba de un documento detallado, que recibí la tarde de ese viernes, con nombres, cargos, mapas. No era la primera vez que José Angel sufría amenazas ni que me platicaba de ellas, tampoco la primera investigación de ese tipo que presentaba a las autoridades. Ese día, con José Angel quedamos en vernos el martes siguiente cuando tenía una cita con Luis Nava, un funcionario del INM. El regresó a Tabasco y yo me fui a mi comida. No nos vimos ese martes ni nunca más. El lunes 29, en un paraje recóndito de Tenosique, José Angel fue asesinado de un disparo en el pecho por un miembro del grupo Beta, que lo dejó desangrar hasta la muerte.
José Angel Martínez no era un policía: se trataba de un ingeniero agrónomo con amplia experiencia administrativa y en el servicio público, con un fuerte compromiso social que había trabajado durante años tanto en la problemática rural y de la pobreza como, en los últimos tiempos y en forma creciente, en investigaciones de seguridad. Lo conocí en 1993, antes del levantamiento chiapaneco, mucho mejor después, cuando me brindó la mejor explicación sobre cómo y porqué se había dado ese levantamiento, los grupos involucrados, las relaciones entre la iglesia y los zapatistas. En julio del 93 había diseñado con otros miembros de la Sedesol local, un documento que le entregaron a Luis Donaldo Colosio y que éste hizo llegar al entonces presidente Salinas, sobre la situación en la zona, donde se identificaban con precisión las rutas de lo que se llamaba entonces la guerrilla de Ocosingo, la ruta de los traficantes de gente y droga, y la zonas de extrema pobreza en la región. Se comprobaba cómo coincidían geográficamente las tres y de ello se desprendía la necesidad de enfrentar lo que venía en Chiapas en varias vertientes, que iban desde la seguridad y la lucha contra el crimen organizado, hasta la implementación de una intensa política social. Quienes elaboraron el documento y el propio Colosio, con quien tuve oportunidad de platicarlo entonces, en agosto del 93, fueron desoídos. El primero de enero ya todo sería diferente.José Angel Martínez continuó con sus labores e investigaciones, volcado sobre todo al tema de la protección a los migrantes y el combate al crimen organizado. Tuvo responsabilidades en Tapachula, de donde tuvo que salir al denunciar una red de tráfico de inmigrantes muy similar, por cierto, a la que hace apenas unos días se descubrió: con traslados en avión y la colocación de esos migrantes de mayores recursos en algún punto de Tijuana. Por cierto, uno de los responsables de aquella red era el entonces subprocurador Mario Ruiz Massieu y uno de los operadores, el asesinado ex delegado de la PGR en Tijuana, Jorge Ochoa Palacios. También, en los documentos que presentó en aquella época Martínez, se involucraba a su hermano Pedro, entonces coordinador de delegaciones del área de migración en la SG. De Tapachula fue a Oaxaca, donde trabajó sobre los mismos temas en la zona del istmo conocida como La Ventosa, de allí regresó a San Cristóbal, donde vivía su familia y cuando se formaron los grupos Beta, se lo designó como jefe de grupo en la frontera Tenosique-Balancan. Ellí hizo una labor notable que lo llevó a ser designado como el orador de esos grupos de protección a los migrantes ante Mary Robinson. Estableció una buena relación en la SG con la gente del subsecretario José Angel Pescador, y sobre todo con el personal militar en todas las regiones donde trabajó, pero sus relaciones en el INM se deterioraban día con día, sobre todo por las denuncias que con regularidad presentaba José Angel sobre las redes de corrupción en el tráfico de indocumentados en toda la frontera sur y que en muchos de los casos no eran atendidas y que involucraban a distintos cuerpos de seguridad y a funcionarios del propio Instituto. Elaborada en los días previos a su muerte y manuscrita, después de su muerte se encontró entre sus papeles personales, una lista de las personas que habían sido procesadas por sus investigaciones desde su llegada a Tenosique. Tenemos una copia en nuestro poder y allí se puede leer, por ejemplo, que fueron detenidos y procesados por extorsión a migrantes un subcomandante y un oficial de la PGR, seis elementos de seguridad pública de Balancan, cuatro elementos de Agua Dulce, de otra localidad de Tabasco (no se puede leer con claridad el nombre) dos elementos por extorsión y violación, entre el personal militar de la zona sus investigaciones llevaron a la degradación y proceso de un subteniente y dos elementos, de ocho elementos y oficiales de seguridad pública de Tenosique y 14 elementos y funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Todo ello en menos de tres años: de ese grado eran los adversarios, en esa zona, de José Angel. Pero las denuncias que no prosperaron eran mucho más profundas y los involucrados más poderosos. En aquel documento póstumo, José Angel identificaba como los principales operadores de tráfico de drogas y gente en esa zona de la frontera al llamado cártel de Sayaxché, una localidad fronteriza de Guatemla, encabezado por el alcalde de esa población, Carlos Cifuentes, así como por traficantes de origen poblano, de nombre Carlos Aguilar, un Pedro Clavel y otros indviduos. En Palenque, la gente de ese cártel era identificada como Juan Arellano, Luis Cervera, Martín Torruco, Rubén N (da una serie de datos para ubicarlo) y Pedro Peña, la mayoría de ellos con negocios en la entidad, especialmente hoteles y restaurantes. Las reuniones del grupo se realizaban, denunciaba el documento, en el hotel Plaza Palenque. En Tenosique, los contactos de este cártel, denunciaba José Angel el año pasado, eran Julio Muñoz, Marco Antonio Virgen Salomón y Darisnel Montilla Zurita. El área de tráfico de indocumentados la dirigía desde Palenque, un guerrerense, Rubén Hernández, con una red con extensiones hasta Reynosa, Tamaulipas y fuertes relaciones en Chiapas y Tabasco. También denunciaba a cinco altos agentes del INM y sobre todo, en el documento hace una extensa descripción de cómo funciona esa red apoyada en la delegación chiapaneca del INM. Otro de los denunciados era, para entonces, un alto funcionario de la recién creada PFP.Desde entonces no se ha hecho nada. La procuraduría tabasqueña no investigó el caso y se limitó a consignar al supuesto asesino material, otro integrante del mismo grupo Beta. El caso, fue atraído por la PGR, pero las investigaciones, hasta ahora, han girado, de acuerdo al expediente que ha podido revisar su familia, sobre hipótesis absurdas: un problema de dinero, un supuesto rancho inexistente donde José Angel participaría en el tráfico de indocumentados, un crimen pasional, incluso en el INM, como en su momento documentamos en este espacio, se presionó a trabajadores del propio Instituto para que denunciaran malos manejos postmorten de José Angel para tratar de construir una acusación de corrupción en su contra. El caso se cayó cuando el denunciante, públicamente, reconoció que esa denuncia la había levantado a cambio de una compensación económica y un mejoramiento de su situación laboral en el INM. Lo que nadie ha investigado es lo obvio: las denuncias sobre las redes de tráfico de indocumentados y drogas, que presentó, por escrito y en varias oportunidades, José Angel Martínez y que le terminaron costando la vida.Cuando se enteró la comisionada de la ONU para derechos humanos, Mary Robinson, de la muerte de José Angel, escribió una carta a sus familiares donde, entre otras cosas, les decía que “sus contribuciones a la causa de los derechos humanos han sido un largo camino que permitirá que su memoria viva entre nosotros conforme nosotros mismos saldemos su pérdida”. Esa pérdida está lejos de estar saldada. El crimen continúa impune. Ojalá que las palabras del lunes de Rafael Macedo de la Concha y Alejandro Gertz Manero, su insistencia en que no quedarán impunes los crimenes relacionados con el tráfico de gente y de drogas, tengan alguna repercusión en el caso de José Angel Martínez. El asesinato de un funcionario público ejemplar, no puede ser ignorado.