El gobierno de Vicente Fox puede estar cometiendo en sus primeras horas de ejercicio del poder una serie de errores que le hipotequen el futuro en términos de la gobernabilidad del país, al retirar las tropas del ejército en Chiapas y al anunciar que el EZLN “aceptaba reanudar el diálogo”. Por otro lado, Marcos, en una conferencia de prensa, puso una serie de condiciones sólo para presentarse a negociar, que son muy gravosas para éste o cualquier otro gobierno. Pareciera que ahora el presidente Fox quiere cometer el mismo “error inocente” del presidente colombiano Andrés Pastrana: entregar y entregar mucho, incluyendo territorio a cambio de nada.
El gobierno de Vicente Fox puede estar cometiendo en sus primeras horas de ejercicio del poder una serie de errores que le hipotequen el futuro en términos de la gobernabilidad del país. Apenas el presidente Fox asumió el poder, ordenó el retiro de tropas del ejército de diversas posiciones en Chiapas, denominadas como zapatistas, particularmente de la comunidad de Amador Hernández. Horas después, el subcomandante Marcos brindó su anunciada conferencia de prensa en La Realidad acompañado de los otros dos principales mandos del EZLN, Tacho y David. Mientras tanto, en Monterrey, eufórico, Fox anunciaba que el EZLN “aceptaba reanudar el diálogo” y poco antes, en Oaxaca, en nuevo secretario de Gobernación, Santiago Creel, anunciaba una amnistía para los acusados de estar participando en organizaciones guerrilleras, particularmente en el EPR, desestimando la posibilidad de que ese grupo haya estado localizado en la zona los Loxichas.
Cuando un político, un gobierno hace una concesión tan importante la pregunta es obvia: ¿a cambio de qué?. Pareciera que el presidente Fox y el secretario Creel no se han hecho esa pregunta ni estudiado, en estos cinco meses, qué está en el fondo del conflicto con el zapatismo. Este ya ha conseguido, con una declaración pública, mucho más de lo que su fuerza real y su representatividad lograron en los últimos años. Y pide más. Porque no es verdad que el EZLN haya “aceptado reanudar el diálogo”. Marcos puso una serie de condiciones, sólo para sentarse a negociar, que son muy gravosas para éste o cualquier otro gobierno.
¿Qué pide Marcos?: lo que siempre ha buscado, una zona liberada, un territorio propio que le permita negociar como un poder territorial con otro, en este caso el Estado mexicano. Veamos sino. Pide tres “señales mínimas” para dialogar (no para dejar las armas ni mucho menos para integrarse como una fuerza política legal al sistema de partidos: sólo para sentarse a dialogar): el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, lo que implicaría, primero, que no se haga reforma alguna a la propuesta que hace tres años había elaborado la Cocopa, con la cual, pública y notoriamente, el PAN en aquella época, no estuvo de acuerdo porque comprometía nuestra soberanía o por lo menos eso fue lo que declararon sus dirigentes, uno de ellos, Felipe Calderón que era entonces presidente nacional del PAN y hoy es el líder panista en la cámara de diputados. Segundo, la liberación de todos los zapatistas presos en todo el país, independientemente de cuál sea el delito por el que estén detenidos. Tercero, el retiro de todas las fuerzas militares de todas las comunidades que el EZLN considera zapatistas. Estamos hablando según su propio comunicado de 259 puntos en la zona de conflicto que incluiría en esta lógica, prácticamente, un tercio del estado. Además, ese retiro militar no puede ser reemplazado por ninguna otra fuerza de seguridad o policial, ya sea de carácter federal o estatal. Usted se preguntará con toda lógica entonces quiénes se encargarán del control y la seguridad en esa zona, quién tendrá y ejercerá el poder real: la respuesta es obvia, los zapatistas.
En realidad, todo lo demás que piden los zapatistas es retórica: lo importante es ese punto, entregarles un territorio liberado. Lo tuvieron con los acuerdos que firmó Manuel Camacho en marzo de 1994, incluyendo un tramo de casi 300 kilómetros de frontera que quedaron, entonces desprotegidos. Lo perdieron cuando se dio el avance del ejército intentando detener a Marcos el 9 de febrero de 1995, recuperaron una especie de extraterritorialidad cuando se iniciaron los diálogos de San Andrés Larrainzar y protegidos por la ley del diálogo en Chiapas la conservan hasta ahora a pesar de que uno de los puntos clave de esa ley era que no se podía interrumpir el diálogo so pena de volver inoperante las disposiciones de la misma. El diálogo lleva más de tres años interrumpido pero la situación no se ha modificado.
El EZLN aparece ahora en escena con esta demanda que no es en absoluto nueva (pide, incluso más que antes: ya no sólo el retiro de las tropas militares y de toda fuerzas de seguridad pública a la posiciones anteriores al 9 de febrero sino más allá) y hay sectores en el gobierno dispuestos a aceptarlo. La propuesta zapatista es inteligente: ello les permitiría presentarse como lo que siempre han deseado: una fuerza beligerante con un territorio propio. El ejemplo de numerosas estrategias revolucionarias avalan la justeza, desde su punto de vista, de buscar esa zona liberada. Para evaluar sus repercusiones futuras, muy cerca nuestro está el ejemplo colombiano, que los zapatistas conocen muy bien por su estrecha relación con diversos grupos de ese país, particularmente con el ELN y un poco menos con las FARC.
Para negociar con la guerrilla colombiana de las FARC, el gobierno de Andrés Pastrana, en sus primeros días en el poder, aceptó el establecimiento de una zona de exclusión, que llamó zona de “despeje”, una virtual zona liberada de 42 mil kilómetros cuadrados al sur del país, que corresponde al área de operación de esa organziación (y también de los principales narcotraficantes colombianos), que se convirtió en territorio de las FARC. El general Barry Mc Caffrey, en su reciente visita a Colombia, dijo que ese había sido un “error inocente” del gobierno de Pastrana, apurado por lograr iniciar el diálogo con las FARC y explicó que “ocurrió lo predecible: la zona se convirtió en el bastión de las FARC”.
Efectivamente, poco después del establecimiento de esa zona liberada, el diálogo se estancó y hace algunas semanas se rompió definitivamente. Pero desde entonces esa zona no está controlada por el gobierno colombiano que ha visto cómo, allí, se han asentado no sólo las organizaciones armadas sino también el narcotráfico, con enormes plantíos y laboratorios que le permiten hoy proveer de cocaína al mercado que nunca antes, con envíos a Estados Unidos, preferentemente vía México (allí esté el enlace descubierto entre las FARC y el cártel de los Arellano Félix) o, vía Brasil y Argentina, hacia Europa. Las utilidades de ese tráfico para las FARC, que de protectoras de narcotraficantes se han convertido, ellas mismas, en manejadores de esa droga, les otorga recursos de aproximadamente mil millones de dólares al año, lo que les permite contar con fuerzas militares profesionales con armamento moderno.
Para romper ese esquema, con la colaboración e intervención de Washington, el gobierno colombiano se vio obligado a aceptar el llamado Plan Colombia que implica el apoyo, con varios miles de millones al año, de Estados Unidos al gobierno colombiano, con el compromiso de erradicar, en un máximo de cinco años, por lo menos la mitad de los territorios dedicados actualmente al cultivo de coca. Con el pequeño detalle de que para eso tendrán que enfrentar las fuerzas del estado una dura batalla con los grupos de narcotraficantes pero también con las guerrillas que hoy ocupan esa zona.
El problema se agrava porque, como sucede en Chiapas, todas las comunidades de la zona en conflicto, estaban armadas, unas en apoyo a la guerrilla y otras en su contra. La implementación de la zona de despeje dejó libradas a su suerte a las comunidades que no apoyaban a la FARC. Esas comunidades se trasformaron, también con apoyo de narcotraficantes, en poderosas organizaciones paramilitares autónomas con el fin de defenderse de los grupos guerrilleros y combatirlos. Hoy el estado colombiano tampoco puede con ellos. El próximo 7 de diciembre, el gobierno de Pastrana deberá decidir si mantiene esa zona liberada de 42 mil kilómetros cuadrados o trata de recuperarlas: si quiere aplicar el Plan Colombia, a lo que ya se ha comprometido, tendrá que realizar una operación militar para recuperar esa enorme parcela de territorio que perdió, a cambio de sólo sentarse en la mesa de negociaciones con las FARC, negociaciones que no se iniciaron siquiera formalmente y que tampoco han parado la violencia, que ha costado ya en ese país miles de muertos y de secuestros en el último año. Por cierto, el entonces presidente electo Fox, cuando estuvo en Colombia, fue muy enfático en apoyar el Plan que ese país diseñó con el estadunidense, para atacar ese problema.
Paradójicamente, pareciera que ahora el presidente Fox quiere cometer el mismo “error inocente” de Pastrana: entregar y entregar mucho, incluyendo territorio, a cambio de nada. Así concebida, esa no sería una negociación de paz, sino una virtual rendición, con consecuencias futuras realmente graves. Señor presidente Fox, podría haberle escrito Marcos, bienvenido a la pesadilla.