Óscar Espinosa Villarreal ha tenido una especial e inédita protección de parte de la pasada administración y particularmente del presidente Zedillo. El argumento que utilizó Espinosa Villarreal fue que se trataba de un linchamiento político en su contra perpetrado por el exprocurador Samuel del Villar, pero la decisión de huir fue extraña.
El caso de Oscar Espinosa Villarreal es, en buena medida, desconcertante. El ex regente de la ciudad de México y ex secretario de Turismo, ha tenido una especial e inédita protección de parte de la pasada administración y particularmente del presidente Ernesto Zedillo. Ningún otro funcionario, incluso aquellos que recibieron acusaciones absolutamente infundadas, dentro y fuera del país, recibieron un apoyo similar, incluyendo, en su momento al entonces secretario de la Defensa, el general Enrique Cervantes Aguirre o el muy cercano a Zedillo, secretario particular, Liévano Sáenz. Tanto el general Cervantes como Liévano tuvieron que establecer solos la defensa de esas acusaciones infundadas. Así ocurrió con muchos otros. El presidente Zedillo presumió, en ese sentido, que nadie podría atacarlo por haber beneficiado a unos y defendido a otros, porque con todos actuó igual: si había alguna acusación legal que lo resolvieran pero que no buscaran apoyo de la presidencia para resolver problemas penales.
Con Oscar Espinosa no fue así: en un caso inédito, Espinosa, el 5 de diciembre del 97, unas horas antes de dejar el gobierno capitalino, fue premiado con la secretaría de Turismo, como una forma de protección ante los ataques perredistas. Ningún otro funcionario en circunstancia similar, recibió ese trato tan deferente del entonces presidente: menos aún cuando venía de perder en forma abrumadora la capital del país. Cuando comenzaron las denuncias específicas contra Espinosa, en otro hecho inédito, la presidencia de la república desechó oficialmente las mismas y respaldó, también públicamente, al secretario de Turismo. Pero la situación para Oscar Espinosa pareció tornarse insostenible, incluso con esos apoyos, y el secretario de Turismo decidió huir, en una acción inexplicable: en lugar de fortalecer su defensa, de agotar los cauces legales hasta el final, dejó su cargo y salió del país, se asegura ahora que con apoyo oficial. El argumento que utilizó Espinosa Villarreal fue que se trataba de un linchamiento político en su contra perpetrado por el ex procurador Samuel del Villar y que él no aceptaría esa situación. Pero la decisión de huir fue más extraña aún porque, contra toda lógica, Espinosa Villarreal no solicitó un amparo contra los delitos de los que se le acusaba (la malversación de 420 millones de pesos) cuando existían amplias posibilidades de que le fuera concedido y de que hubiera podido continuar el proceso legal en libertad, hasta que hubiera una sentencia.
La acusación contra Espinosa es muy débil. No existen elementos sólidos que permitan confirmar esa malversación. Es más, todos los otros funcionarios de su administración que sufrieron acusaciones de la procuraduría capitalina en los últimos años, han terminado, en todos los casos, siendo absueltos: está pendiente el de José Parcero López, ya a punto de quedar totalmente absuelto y el del oficial mayor, en una causa ligada con la de Espinosa, Manuel Merino, donde tampoco parecen podido haber avanzado con certeza las investigaciones. En el propio caso de Espinosa, hace algunas semanas, un juez decidió que la que sería la principal (y para muchos única) prueba en su contra, una auditoría realizada sobre la utilización de ciertos recursos destinada a medios de comunicación de la entonces regencia (se supone que de esa partida se utilizaron, sin identificar en qué, los citados 420 millones de pesos), no era válida y no podía ser presentada en el juicio porque fue ordenada por una persona que no tenía atribuciones para ello. No existen documentos sobre cómo se utilizaron esos recursos, pero Espinosa argumenta que él se los entregó al primer oficial mayor de Cuauhtémoc Cárdenas, Jesús González Schmal, quien ha declarado que cuando él recibió esa oficina sí estaban los documentos. Lo cierto es que después desaparecieron. Tampoco, puede tratarse en este caso de un problema de una mala estrategia de defensa: Oscar Espinosa está defendido por uno de los mejores abogados del país, Alonso Aguilar Zínser.
Pero, tiene que haber algo más, porque las versiones sobre el respaldo presidencial para la huída de Espinosa se suceden, y las acciones de éste parecen ser las de un hombre que está huyendo de algo mucho mayor que esa acusación de malversación de fondos no comprobada plenamente que ahora sufre. Las versiones, en este sentido, coinciden y tendrían que ver, mucho más, con dos responsabilidades anteriores de Espinosa Villarreal: por una parte, la dirección de Nacional Financiera, que fue encontrada a fines de 1994 por Gilberto Borja Navarrete, con un agujero financiero de miles (no es exageración) de millones de dólares por créditos otorgados sin garantías que no fueron regresados y que nunca se terminó de identificar plenamente hacia dónde se dirigieron (es más, Gilberto Borja, uno de los empresarios más talentosos e íntegros de nuestro país, decidió en buena medida abandonar Nafinsa precisamente porque no se le permitió esclarecer lo sucedido ni actuar contra los responsables); por la otra el financiamiento, tan controvertido, de la campaña electoral de 1994, de la que Oscar Espinosa fue el responsable, tanto en la etapa de Luis Donaldo Colosio como en la de Ernesto Zedillo. Es más, el propio Espinosa, en su solicitud de asilo en Nicaragua, argumenta que es perseguido precisamente por ese hecho. La pregunta es casi obvia: ¿si allí no hubo problemas porqué entonces huir y esconderse?. Hay algo que sabe Oscar Espinosa que buscar ser protegido a como dé lugar. Y si no es así, está haciendo todo como para que eso aparente y, como hubiera dicho Jesús Reyes Heroles, “en política lo que parece, es”.
Para terminar esta tragicomedia, Oscar Espinosa decidió viajar de Toronto, donde se encontraba, a Managua y pedir asilo político al gobierno nicaragüense. Ahora la versión, que cada día parece tener mayor certidumbre, es que llegó a Nicaragua con respaldo gubernamental, del propio presidente Arnoldo Alemán y que ello se dio bajo un pedido expreso, una intervención directa, del entonces presidente Ernesto Zedillo. ¿Qué ganaría Zedillo interviniendo, directamente, a favor de Espinosa, en una gestión internacional de estas características? ¿porqué recurrir a pedir asilo político y mostrarse públicamente, cuando otros ex funcionarios, como Parcero o Merino, han logrado eludir con éxito la justicia mientras esperaban que se agoten sus procesos? ¿porqué hacerlo, además, en un momento en el cual las pruebas, sobre la acusación presentada oficialmente, se están diluyendo y cuando el verdadero enemigo de Espinosa, el ex procurador Del Villar, debió abandonar su cargo? ¿porqué siguen las gestiones de los que fueron altos hombres del poder, incluso ante el partido del Frente Sandinista (que ha tomado el caso de Espinosa como una punta de lanza contra el presidente Alemán), para lograr que en Nicaragua se afloje la presión contra el ex regente?. Algo huele definitivamente mal en el caso Espinosa y, paradójicamente, pese a que en la acusación concreta que se le hace, no parecen existir pruebas que lo incrimine, lo cierto es que su actitud y el tipo de protección que ha recibido, lo hacen sospechoso de pecados muchos mayores y aún no públicos.
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