Hace seis años estaba comenzando la mayor crisis financiera de la época posrevolucionaria en nuestro país, no sólo en el terreno de la economía, sino también de la percepción social y política. No se le puede hacer creer a la gente que ahora sí vendrán tiempos de crecimiento y prosperidad, por el contrario, lo que viene es un nuevo ajuste del cinturón, más brutal que cualquier otro. No hay, como entonces, un levantamiento zapatista que real o ficticio, que esté ocupando las primeras planas mundiales, no hay demonios sueltos. En el plano económico son precisamente esas altas expectativas uno de los mayores enemigos del actual gobierno. Otro punto es la caída de los precios internacionales del petróleo. Finalmente, en el ámbito de la discusión presupuestal sigue quedando pendiente un punto clave: la necesidad de llenar los vacíos legales que existen en caso de que no puedan ll egar a acuerdos con el presupuesto.
Hace exactamente seis años estaba comenzando la mayor crisis financiera de la época posrevolucionaria en nuestro país, cuyas consecuencias no sólo en el terreno de la economía, sino también de la percepción social y política seguimos viviendo hasta ahora. El error de diciembre (que en realidad fue precedido por un error de noviembre, ocurrido exactamente un mes antes, cuando el entonces saliente presidente Carlos Salinas y su secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, se negaron terminantemente a mover la paridad cambiaría y el presidente electo, Ernesto Zedillo decidió romper con el equipo económico saliente y colocar en esa posición a Jaime Serra Puche) fue sobre todo un terrible error de instrumentación, una muestra de ingenuidad política (haber anunciado que se devaluaría y haber dejado en espera, con sus teléfonos y a solas, a varios de los empresarios más ricos del país, algunos de ellos fuertemente endeudados en dólares, dándoles tiempo de iniciar una salida de capitales, una corrida financiera que catalizaría la devaluación hasta límites impensables), cuyo costo directo fue, casi seis años después, la derrota electoral del PRI.
No se le puede hacer creer a la gente que ahora sí vendrán tiempos de crecimiento y prosperidad, de avanzar, como se decía entonces, hacia el primer mundo y repentinamente demostrarle que nada de eso es posible y que, por el contrario, lo que viene es un nuevo ajuste del cinturón, más brutal que cualquier otro.
Hoy la situación sin duda es muy diferente en todos los sentidos. No hay, como entonces, un levantamiento zapatista que real o ficticio, esté ocupando las primeras planas mundiales, un presidente saliente que quiere conservar y ampliar sus márgenes de poder, un presidente en funciones que llegó al poder como candidato alterno al originalmente elegido que había sido asesinado en plena campaña, no hay demonios sueltos como una cortina para ocultar las verdaderas causas de un asesinato y la corrupción del acusador, y tampoco la economía se encuentra en una situación tan endeble como la de entonces. Pero tampoco, pese a las enormes expectativas que sigue levantando Vicente Fox, la situación es color de rosa y su camino, mucho menos, se ve libre de obstáculos.
En el plano económico son precisamente esas altas expectativas uno de los mayores enemigos del actual gobierno. Y lo son porque en la campaña se prometió mucho y ahora se puede cumplir poco y porque tampoco se explicó con tiempo cuáles eran los márgenes reales de operación, precisamente para mantener altas las expectativas de forma tal que permitan realizar en el primer trimestre del 2001 la imprescindible y sin duda socialmente dolorosa, reforma hacendaria.
Para colmo, todo indica que, a pesar de que en términos estrictamente económico el 2000 ha sido uno de los mejores años en mucho tiempo, el presupuesto que finalmente se votará para el año próximo será relativamente restrictivo. Ya el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, ha señalado los dos aspectos peligrosos para la economía nacional en el año próximo y en ello coinciden todos los expertos: por una parte la desaceleración de la economía estadunidense, que ha sido una verdadera locomotora de la economía mexicana en los últimos años, lo que ha llevado, incluso, a la Reserva Federal estadunidense a cambiar sus prioridades y colocarlas en lugar de en la lucha antiinflacionaria en la búsqueda de que esa desaceleración sea moderada y no vaya a caer en una recesión.
El otro punto es la caída de los precios internacionales del petróleo: si los precios se mantienen en su nivel actual de entre 18 y 20 dólares no sería problema, pero si continúa la tendencia a la baja, evidentemente los márgenes de operación serán mucho menores e incluso los recursos fiscales se pueden reducir en forma drástica. Ello se contradice además con el objetivo explícito de Vicente Fox de convertir a Pemex en una empresa autárquica y con recursos suficientes como para impulsar su propio desarrollo: hoy Pemex es literalmente exprimida por el fisco y la gran paradoja de la economía en los últimos años es que si bien en términos generales se ha despetrolizado, en el ámbito fiscal seguimos dependiendo en casi la mitad de la recaudación de Pemex y el petróleo.
Otro aspecto que no puede soslayarse es el de las deudas que no están presupuestadas como tales pero que sí absorben una cantidad importantes de recursos porque ya están predeterminadas, etiquetadas en los presupuestos, y que incluyen desde los famosos piridrigas (espero haberlo escrito correctamente), los bonos emitidos para impulsar la inversión en energía, hasta los recursos destinados a jubilados y pensionados del IMSS y el ISSSTE. En este último caso, se puede comprobar lo irracional de la política partidaria: todos los partidos son concientes de que indexar las pensiones al salario mínimo en forma automática llevaría a la quiebra técnica a la seguridad social, pero todos, desde la oposición, lo proponen y cambian de posición cuando llegan al gobierno. Evidentemente, no estamos como en 1994 con la economía prendida con alfileres, pero tampoco habría que hacer un esfuerzo por colocarla en esa situación.
Finalmente, en el ámbito de la discusión presupuestal sigue quedando pendiente un punto clave: la necesidad de llenar los vacíos legales que existen en caso de que no se pueda llegar a acuerdos con el presupuesto. No hay ninguna previsión legal al respecto y desde 1997, cuando el PRI dejó de tener mayoría en las cámaras, se vive año con año una situación de angustia que lo que provoca es que, con tal de tener un documento aprobado para el 31 de diciembre, se incorporen y quiten irracionalmente cosas en el presupuesto, pero que sirven para asegurar, de una u otra forma, votos de los grupos parlamentarios. Ahora uno de los temas más controvertidos es el del poder judicial: existe la decisión de los legisladores de recortar el presupuesto de la justicia, precisamente cuando la Suprema Corte está solicitando, en buena medida con razón, que ese presupuesto se incremente. Decía el panista Luis Pazos presidente de la comisión de presupuesto, que esos recursos para la justicia sí son necesarios, pero que lo son más para los programas sociales. Y se equivoca: cualquier estudio serio le demostrará que si se quiere avanzar en la consolidación de un sistema político, económico y social, tenemos que consolidar la seguridad jurídica. El principal reclamo de la sociedad, de los empresarios, de los trabajadores es que haya leyes justas pero que, por sobre todas las cosas, se apliquen con justicia. No será, sin duda, una lectura preferida de Pazos o de otros legisladores panistas, pero para comprender la importancia de invertir en el sistema de justicia por encima de muchas otras cosas, tendrían que leer La riqueza y la pobreza de las naciones, del inglés David Landes. Pero lo cierto es que habrá recorte en el presupuesto para justicia para poder tener recursos para financiar, por ejemplo, la legalización de automóviles chocolate o para mantener la exención fiscal del transporte de carga. Y el gobierno, sea panista o priísta, tiene que negociar esos capítulos, que sabe erróneos, porque no puede darse el lujo de comenzar el año sin presupuesto y sin ningún marco legal que decida qué sucederá entonces. Los legisladores, por su parte, tampoco legislan en este sentido porque la actual situación les permite mayor margen para cumplir con sus objetivos sectoriales o clientelares. Ni mucho menos consideran realizar una reforma para reducir, por ejemplo, el número de diputados de los actuales 500 (un número absurdo) por 300, eliminando a los plurinominales, o en reducir los recursos federales que reciben todos los partidos políticos, incluso aquellos que sólo pueden considerarse como fantasmas. Por supuesto, este fin de año no será la excepción.