Este sexenio de erupciones continúas del volcán va de la mano con el fin y el inicio de dos ciclos históricos: el final definitivo de la revolución y el principio de un periodo que se antoja de transformación hacia una auténtica democracia de corte relativamente liberal. El 2001 será el año en el que se deberán redefinir las bases de la gobernabilidad y cuando se deberá establecer ésta sobre un nuevo sistema institucional y de partidos. El menosprecio hacia el poder judicial y su importancia en el andamiaje institucional es notable, tanto de parte del ejecutivo como del legislativo, sin comprender que sin un eficiente, justo, legitimado y creíble sistema de impartición de justicia, lo demás será siempre endeble. Todo indica que en estos días se aprobará el presupuesto con recortes para el poder judicial, lo que sería una mala señal para el inicio del 2001 y para la verdadera transición de nuestro sistema político.
Este sexenio de erupciones continuas del volcán (según los especialistas el actual proceso comenzó en diciembre del 94) va de la mano con el fin y el inicio de dos ciclos históricos: el final definitivo de la revolución con todas sus secuelas y sucesores, y el principio de un periodo que se antoja de transformación hacia una auténtica democracia de corte relativamente liberal, una transición no exenta de peligros pero que parece ineludible.
El 2001 será definitivo en este sentido. Será el año en el que se deberán redefinir las bases de la gobernabilidad y cuando se deberá establecer ésta sobre un nuevo sistema institucional y de partidos, dos procesos que apenas están comenzando su propia transición. En el primer caso, sin duda, ha habido avances pero el paso de las declaraciones al fortalecimiento de las verdaderas instituciones democráticas aún está lejos de darse. Es verdad que en todos los partidos, y sobre todo en los sectores más duros del PRI y el PRD, la tendencia de mirar hacia atrás es muy poderosa. Parafraseando a Krauze, la tentación de adjetivar la democracia es muy fuerte y con ello se busca evitar, en última instancia, su consolidación como una democracia liberal. Pero en el panismo y en el gobierno esas tentaciones también existen: por una parte, hay sectores gubernamentales que siguen pensando en que Vicente Fox reconstruirá el presidencialismo, que ven su llegada al poder como un desplazamiento de otros sectores pero manteniendo el control, la centralización y la preeminencia del ejecutivo, al que conciben como un motor de la democratización en lugar de verlo como una parte, decisiva sin duda pero una parte, de todo el andamiaje institucional que debe ser reformado.
En este sentido, la expresión más preocupante, como decíamos ayer, está en el intento apenas soterrado, de minimizar el papel del poder judicial. Es verdad que tampoco existe un pleno respeto por un legislativo que cada día que pasa parece mostrarse más alejado de las verdaderas necesidades e intenciones de la sociedad. Un legislativo que es víctima en buena medida, ya lo analizaremos, de la muy incompleta transición interna que han experimentado los partidos políticos, todos. Pero un legislativo al cual, como consecuencia del voto del 2 de julio, el ejecutivo necesita para gobernar, para sacar las leyes que le permitan gobernar…porque solo no puede hacerlo.
Pero el menosprecio hacia el poder judicial y su importancia en el andamiaje institucional es notable, tanto de parte del ejecutivo como del legislativo, sin comprender que sin un eficiente, justo, legitimado y creíble sistema de impartición de justicia, lo demás será siempre endeble. Imaginémonos, por ejemplo, que hubiera sucedido en México con una crisis institucional y electoral como la que se acaba de producir en Estados Unidos donde, sin exageraciones, la decisión sobre el resultado electoral del 7 de noviembre pasado -que decidiría nada más y nada menos que la presidencia en el país más poderoso de la tierra- quedara en manos de la Suprema Corte de Justicia. La crisis política, fuera cual fuera el resultado sería inevitable, porque el poder judicial no tiene ni el lugar ni el reconocimiento de la sociedad ni los otros poderes le dan el peso y la importancia que merece y que sí tienen sus homólogos estadunidenses.
Es verdad que en nuestro caso, el poder judicial se ganó a pulso, como en su momento el legislativo, el desaire popular. Esos dos poderes estaban inexorablemente subordinados a un presidencialismo fuerte y mucho más poderoso del que literalmente dependían. No es tampoco, una novedad: en todos los regímenes surgidos de revoluciones, de cualquier signo, esa siempre ha sido la norma. Y en el largo periodo de transición que se inició con la reforma de Reyes Horoles en el 79, se trabajó sobre las decisiones electorales, el sistema de partidos, el juego político de las oposiciones, en la disputa por el ejecutivo y el legislativo pero nunca se prestó la suficiente atención al poder judicial.
Hay que reconocer que el primer intento serio en este sentido, se dio en el inicio del pasado sexenio, cuando se comenzó una reforma judicial real que implicó la renovación de la Suprema Corte, la creación del Consejo de la Judicatura y otras reformas importantes que se vieron opacadas y luego estancadas por la crisis económica: en estos días, hace seis años, cuando iniciaba la crisis, se intentaba sacar adelante la llamada reforma de la justicia que luego de los primeros avances, se dejó para mejor oportunidad ante los avatares de la crisis.
Esa reforma quedó, entonces, incompleta. Ahora es el momento idóneo para fortalecer al poder judicial y para hacerlo, además, cuando al frente de esa institución está un magistrado con una visión clara de hacia dónde debe dirigirse el poder judicial, como Genaro David Góngora Pimentel. Y si bien ha habido avances reales en este sentido éstos, aún, no han calado hasta las bases del propio poder judicial para garantizar su independencia y autonomías reales. Lo que resulta sorprendente en todo esto es que, precisamente ahora, la tentación desde el poder es a minimizar al sistema de impartición de justicia. Ya Vicente Fox en plena campaña electoral se refirió en términos despectivos respecto al Tribunal Electoral y a la Suprema Corte, es verdad que luego se retractó, pero dejó la sentencia en el aire.
Ahora, desde el ejecutivo y apoyado por la fracción panista en la cámara de diputados, precisamente en el momento en el cual la Corte está pidiendo mayores recursos para realmente eficientar el poder judicial y ponerlo a tono con los tiempos y las necesidades, se ha decidido reducir sustancialmente su presupuesto y, además, utilizando términos para ello inaceptables en una democracia basada en la división y el equilibrio de poderes. En ello ha destacado el presidente de la comisión de presupuesto, Luis Pazos, quien primero, sostuvo que si la justicia requería de mayores recursos el poder judicial debería poner de manifiesto cuál era su “productividad”. El propio Pazos dijo que se revisaría esa “productividad” del poder judicial antes de otorgarle el presupuesto que solicitaba. Parece que unos días después el diputado Pazos, que todo suele pensar que puede solucionarlo el libre mercado, dijo que de la partida de la justicia saldrán (junto con recortes a otras dependencias como la secretaría de la Defensa y de Marina) los recursos para atender las peticiones de los distintos partidos políticos y compensar otras ramas del llamado gasto social.
Es un grave error porque sin seguridad jurídica y sin un eficiente sistema de justicia, todo el resto del andamiaje institucional será endeble: allí deberían fincarse los mayores esfuerzos y los cimientos de cualquier construcción posterior, pero evidentemente el razonamiento es otro. La reacción de la Corte ha sido muy dura y en ella sobresale, particularmente, un texto que ha distribuido el magistrado Juventino Castro y Castro que resulta sencillamente demoledor respecto a las declaraciones del diputado panista y su concepto de la “productividad de la justicia”, demostrando que nada tienen que ver una con la otra, salvo que se piense no en términos de justicia sino de simple proceso productivo. Todo indica que en estos días se aprobará el presupuesto con recortes para el poder judicial y que se impondrá la tesis de Luis Pazos. Si es así, será una mala señal para el inicio del 2001 y para la verdadera transición que nuestro sistema político aún debe realizar.