Se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Joaquín el Chapo Guzmán. Sabemos que Leonardo Beltrán Santana, que era hasta el sábado el director de ese penal, fue director de Almoloya en la época en que se filmaron los videos que dio a conocer CNI Canal 40. Con el Chapo Guzmán en libertad, la guerra que ahora tiene como escenario Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y las dos Baja Californias se agudizará hasta límites extremos.
El viernes pasado, cerca de la medianoche, se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, el mayor enemigo directo del cártel de los Arellano Félix y jefe del cártel de Sinaloa: Joaquín El Chapo Guzmán, quien había sido detenido en junio de 1993, en una confusa operación, luego del atentado que le costara la vida al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. La versión oficial siempre sostuvo que ese atentado estaba dirigido contra El Chapo Guzmán, no contra el prelado que habría sido confundido con el narcotraficante.
La fuga de El Chapo fue anunciada y no sólo porque ya lo había intentado en 1995. Hace apenas una semana, en Milenio Semanal escribíamos que la divulgación de los videos de Almoloya que había dado a conocer CNI Canal 40 y luego otros medios electrónicos, se inscribía en una estrategia mucho más global, enmarcada en la guerra del narcotráfico contra las instituciones, para aflojar las condiciones de reclusión de los jefes del narcotráfico detenidos en ese penal y otros de máxima seguridad. Decíamos que esa divulgación iba de la mano con otros hechos de violencia, como el asesinato de Juan Pablo de Tavira y de quien fuera su segundo en Almoloya, Juan Castillo Alonso (y de Puente Grande), responsables de haber implementado las extremas medidas que se impusieron en los penales de máxima seguridad. Por otra parte decíamos que, según nuestras propias investigaciones, la filtración de esos videos a los abogados de los narcotraficantes que a su vez los filtraron a Canal 40 y distintas televisoras, sólo podía provenir de dos fuentes: los mandos de la PFP o la propia dirección del penal. Ahora sabemos que Leonardo Beltrán Santana, que era hasta el sábado el director del penal de Puente Grande, fue el director de Almoloya en la época en que se filmaron aquellos controvertidos videos. Hoy Beltrán Santana está detenido, junto con una treintena de custodios, acusados de haber facilitado la fuga de El Chapo Guzmán.
Las líneas de investigación deben ir mucho más allá. El mismo día de la fuga estaba en Guadalajara, el subsecretario de seguridad pública, Jorge Tello Peón. Reunido con él, nada menos que la presidenta de la comisión de derechos humanos del estado de Jalisco, Guadalupe Morfín, le exigió al subsecretario que disminuyera aún más las medidas de seguridad de Puente Grande porque sino haría un escándalo internacional, al mismo tiempo que las autoridades federales estaban preocupadas (y la CNDH) por lo contrario, por su relajamiento. A pesar de los reclamos de la señora Morfín y preocupado por lo que sucedía en el penal, Tello Peón había decidido reforzar la seguridad con un operativo especial qyue entraría en vigor el viernes a las 22.30 horas. A las 21.45 se vio por última vez al Chapo Guzmán en Puente Grande. Minutos después se trasladó a la cocina y escondido, se presume, en un carro con ropa sucia, abandonó el penal de máxima seguridad por las puerta. Cuando llegaron los efectivos de la PFP a las diez y media de la noche, el Chapo ya estaba lejos. Las autoridades de Puente Grande, aún invirtieron ocho horas en buscarlo dentro del penal antes de dar la voz de alerta y avisarle, cerca de las ocho de la mañana, a la PGR y a la Sedena. Las autoridades de Jalisco, que ya sabían de lo ocurrido, tampoco dieron aviso a las autoridades federales hasta la madrugada del sábado.
El hecho revela, como dijo el procurador Rafael Macedo de la Concha y el propio Tello Peón, una brutal traición y corrupción, por lo menos, de las autoridades del penal y muy probablemente de funcionarios de alto nivel del área de seguridad pública en el estado de Jalisco, pero también es una vuelta de tuerca en la guerra de cárteles que estamos viviendo. Decíamos el viernes en este espacio que estabamos en los prolegómenos de un proceso desestabilizador con muchas semejanzas al sufrido por el país en 1993 y 1994, que incluso no habían cambiado muchos de los actores que participaron, de una u otra forma en aquel. Pues bien, la fuga del Chapo, pone en el escenario desestabilizador a quien fue uno de los principales actores de aquel proceso.
Lo que sigue es un recrudecimiento de la guerra de los cárteles. No es difícil deducirlo. Toda la vertiente del Pacífico es objeto de una guerra brutal entre el cártel de los Arellano Félix, contra el que apuntan las miras del Estado desde fines del sexenio pasado y más aún desde el inicio de la administración Fox, contra la coalición de grupos más pequeños (pero que sumados son tanto o más poderosos que los Arellano) que alguna vez estuvieron nucleados en los cárteles de Guadalajara y Sinaloa y que ahora, aparentemente, están bajo el control de alguno de los sucesores de Amado Carrillo Fuentes, muy probablemente, el menos conocido y más experimentado de los grandes narcotraficantes: Juan José El Azul Esparragosa.
Lo cierto es que con El Chapo Guzmán en libertad, la guerra que ahora tiene como escenario Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y las dos Baja California, se agudizará hasta límites extremos, porque Guzmán podrá poner bajo su control a distintos grupos que ahora enfrentaban por separado a los Arellano Félix, como los Diaz Parada en Oaxaca y el famoso (y también muy poderoso) Ismael El Mayo Zambada en Sinaloa.
Ello agudizará la violencia en varios ámbitos y lugares geográficos. Por una parte en Chiapas: recordemos que allí había ido a buscar refugio el Chapo cuando fue detenido en 1993. En esa ocasión se dijo que había sido detenido en la frontera con Guatemala y rápidamente entregado a las autoridades mexicanas. Sin embargo, las versiones extraoficiales aseguran que su detención se dio en el rancho de un conocido ex funcionario federal que tuvo participación en las áreas de justicia precisamante en los años de crecimiento de los actuales cárteles. También que El Chapo, los días anteriores a su detención había dormido en San Cristóbal y se documentó la coincidencia de las rutas que alimentaban sus redes con las zonas de la conocida entonces como la guerrilla de Ocosingo y el tráfico de indocumentados. Ahora el contrrol de Chiapas, en el ámbito del narcotráfico está dividido entre varios actores: por un parte el cártel de Sayachex, por la localidad guatemaleteca desde donde concentra sus operaciones, que suele estar aliado con los sucesores del cártel del Golfo, que se han integrado a su vez, a través de Osiel Cárdenas, con los sucesores de Amado Carrillo (y allí otra vez aparece la figura del Azul Esparragosa) y por la otra por los propios Arellano Félix, que controlan parte del comercio en la región de Tapachula y toda la costa del Pacífico. Allí, también, ya comenzó la guerra, con distintas ejecuciones, sobre todo en Oaxaca, en el Istmo.
El otro gran escenario de batalla serán los estados fronterizos y del noroeste del país. En Sinaloa, sin duda, se recrudecerán los enfrentamientos, pero también se darán en Baja California, Sonora y el propio Jalisco. En Chihuahua y Tamaulipas ocurrirá otro tanto, allí no necesariamente porque los Arellano estén en posibilidad de controlar el tráfico de drogas y el crimen organizado (aunque lo disputen) sino porque, con una táctica que utilizan todos estos grupos contra sus adversarios, buscarán aumentar la inseguridad y la violencia en esas entidades para concentrar allí la atención de las autoridades y los medios y quitarse un poco de presión. Quizás esa es una vertiente sobre la que habría que poner mucha atención a la hora de investigar el atentado contra Patricio Martínez García.
Lo cierto es que las autoridades federales deben redoblar sus esfuerzos. La tesis, enarbolada por el propio presidente Fox, de que enfrentamos una serie de acontecimientos aislados, que no tienen relación entre sí, ya no tiene sustento: hay una guerra entre los cárteles del narcotráfico por el control del buena parte del territorio nacional y de éstos contra unas instituciones estatales a las que están desafiando abiertamente para saber hasta dónde están dispuestas a llegar. Y en este sentido están aprovechando un handicap que le ofrecen las instituciones de seguridad del Estado: aún no están coordinadas, no hay una línea única de acción ni de mando, un estrategia común, subsiste la división interna y se generan importantes vacíos que son utilizados por los grupos del crimen organizado para dinamitar la estabilidad política. Aquí el foxismo, enfrenta su verdadero desafío y en ello se juega, y no es exageración, el futuro de su gestión. La respuesta debería estar a la altura de ese desafío.