Los tiempos no le han dado espacio a la nueva administración para tomarse las cosas con calma, la fuga del Chapo Guzmán no es un episodio aislado más, se trata de la culminación de la peor semana para esta administración y que no puede deslindarse de los operativos realizados en distintos estados del noroeste, del atentado contra Patricio Martínez y de los fracasos para avanzar en la negociación con el EZLN. La realidad ha sido más terca y la virulencia del crimen organizado ha golpeado y sorprendido a las propias autoridades. En el ámbito internacional el foxisismo recibió fuertes críticas en los diarios más destacados.
Se podrá argumentar que la administración Fox apenas comienza, que lleva menos de dos meses en el poder, que ni siquiera ha llegado a sus cien primeros días y que es injusto pedirle definiciones rotundas. Pero resulta que los tiempos no le han dado (tampoco se lo dieron en su momento a Ernesto Zedillo) espacio a la nueva administración para tomarse las cosas con calma ni al presidente Fox para administrar su alta carga de popularidad. Ello ha sido así, en buena medida, por sus propios errores, por la sobrestimación de sus posibilidades y la subestimación de sus adversarios: lo cierto es que el foxsimo se ha colocado, solo, en una situación altamente comprometida en los temas torales de la seguridad y la gobernabilidad del país.
La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, no es un episodio aislado más ni tampoco un simple traspié policial. Se trata de la culminación de la peor semana de esta administración que no puede deslindarse de los operativos realizados en distintos estados del noroeste, del atentado contra Patricio Martínez y de los fracasos para avanzar en la negociación con el EZLN en Chiapas.
Respecto al narcotráfico y el crimen organizado, el presidente Fox comenzó su gobierno a tambor batiente: visitó las fronteras, anunció medidas contra la corrupción aduanera, en Tijuana le declaró la guerra a los Arellano Félix, aceptó las denuncias de Patricio Martínez contra los delegados en Chihuahua de la PGR y la PJF y los hizo detener, los actuales mandos de la PGR continuaron las investigaciones sobre los Arellano y sus relaciones con las FARC de Colombia, se dieron golpes contra los grupos que comanda Osiel Cárdenas en la región del Golfo e incluso se llegó a prometer que en cien días, los principales líderes del narcotráfico, comenzando por los Arellano, estarían detenidos. Pero al mismo tiempo se retiraba o reposicionaba al ejército en Chiapas y se permitía que se agrediera a sus hombres impunemente: cinco posiciones entregó el gobierno federal al zapatismo sin que éste se dignara, siquiera, a sentarse a negociar la continuidad de la propia negociación.
Resulta extraño, pero pareciera que en el equipo gubernamental aún pensaban que estaban en campaña, que esas decisiones no tendrían repercusiones en la política real y que la popularidad presidencial serviría como antídoto para lo que fuera. La realidad ha sido más terca y la virulencia del crimen organizado ha golpeado y sorprendido a las propias autoridades que a casi dos meses de haber iniciado su gestión aún no consiguen ponerse de acuerdo en una estrategia común, global contra el narcotráfico. Buenas intenciones hay muchas, pero se están resintiendo los meses perdidos con el equipo de transición que conformaron Francisco Molina y José Luis Reyes, aquellos que consideraban al narcotráfico no como un problema de seguridad nacional sino como un simple problema policíaco y que postularon el retiro de las fuerzas armadas de todas las tareas de seguridad, desde el control en Chiapas hasta las tareas de combate al crimen organizado. Ahora, en un mes se debe construir una estrategia de seguridad que no se pudo concebir durante casi cinco meses de transición.
La realidad ha sido mucho más terca: el narcotráfico y el crimen organizado están comenzando a desestabilizar al país, a poner en riesgo la gobernabilidad en amplias regiones, a alterar seriamente las estrategias gubernamentales. Todo ello mientras no se termina de establecer una estrategia lógica y que integre a todos los involucrados en el área de seguridad pública y nacional. Cuando se habla con los principales hombres del poder en estas esferas, se percibe realmente buena voluntad pero está claro que no hay acuerdo sobre cuál es la línea a seguir, porque se están siguiendo lineamientos encontrados en todos esos aspectos.
El gobierno Fox no quiere dar una imagen de dureza y ha enviado mensajes de todo tipo y color buscando gobernar con consensos, pero en estas áreas los consensos deben centrarse en la acción. Se trata, el que se está librando dentro del gobierno, de un conflicto entre la gobernabilidad y la imagen, sin comprender que la segunda siempre quedará vulnerada si la primera sufre. Si de preservar la imagen se trata, el lunes fue un día negro para el foxismo: no sólo sufrió una dura andanada de la mayoría de los medios nacionales por la fuga de El Chapo, sino que en el ámbito internacional, recibió fuertes críticas en El Financial Times, en Los Angeles Times, en el San Diego Unión-Tribune, en el San Antonio Express, en El País, el Wall Street Journal y recibieron un duro editorial institucional del Washington Post. Todos coinciden en un punto: no se sabe hacia dónde se dirige el gobierno en término de lucha contra la corrupción, en la seguridad pública y en el caso Chiapas.
Y tienen razón, porque los lineamientos internos son contradictorios. En Chiapas el presidente Fox parece haber comprendido que la estrategia presentada desde el mismo primero de diciembre fue equivocada: que ha concedido mucho a cambio de nada, ni siquiera en términos de imagen internacional, y que el zapatismo, que era una línea sumida en los últimos capítulos de la agenda nacional, se volvió a colocar, por obra y gracias del propio foxismo, en la cima de ésta. Ahora, el debate real ente los hombres del poder es si le seguirán concediendo, sin retribución política alguna, espacios al zapatismo, o si hacen una demostración de poder: si permiten que llegue a la ciudad de México la anunciada marcha del EZLN o si ponen condiciones mínimas para ella, como podría ser la exigencia previa de que el zapatismo se tenga que sentar a la mesa de negociaciones si quiere marchar. Las posiciones, dentro del gobierno están divididas, pero existe la convicción de que en este caso habrá que asumir pérdidas y elegir entre lo malo y lo peor.
En términos de seguridad, el narcotráfico está desafiando al régimen y las instituciones involucradas tampoco se ponen de acuerdo sobre cuál es la línea a seguir. Hace apenas una semana, comentábamos en este espacio lo contradictorio que era el que, por una parte, personal de la chancillería se reuniera con los dirigentes de la FARC colombianas buscando ser intermediarios para las negociaciones de paz en ese país, y por la otra se continuara con las investigaciones que demostraban que las FARC tenían un acuerdo de intercambio de drogas por armas con los Arellano Félix, los principales adversarios, en el terreno del narcotráfico, del actual gobierno. ¿Se es intermediario o se es adversario de esos grupos? Pero además, el presidente Fox públicamente ha apoyado el Plan Colombia, impulsado por la administración Pastrana y el gobierno de Estados Unidos para intervenir en esa nación sudamericana y erradicar, por lo menos, la mitad de los cultivos de coca que, en buena medida protegen las propias FARC.
Se está estableciendo una ambiciosa lucha antinarcóticos pero resulta que aún no hay definiciones sobre si se mantendrá la fiscalía antidrogas o si será reemplazada por otras instancias. Se requieren dispositivos de seguridad muy amplios pero, con la limpieza que ha iniciado Rafael Macedo de la Concha en la PGR y los cambios en la SSP, lo cierto es que no hay elementos suficientes, ni en la PJF ni en la PFP como para plantear operativos de mediano plazo en las entidades asoladas por la violencia del narcotráfico. Como si eso fuera poco, el Congreso, en una acción irresponsable, redujo los presupuestos a los principales cuerpos de seguridad, incluyendo la PGR.
La mejor demostración de lo contaminadas que están las instituciones de seguridad pública lo dio la fuga de El Chapo, pero habría que preguntarse, además, si los cómplices del narcotraficante se hubieran atrevido en otro momento a organizar una fuga de estas características y si lo hicieron ahora porque percibieron confusión, contradicción y/o debilidad del gobierno federal. Si no están calando, insistimos, a esta administración. Y en todo esto hay un problema adicional: muchas de las tareas que se deberán plantear en el macroproyecto de seguridad que dará a conocer Fox mañana, antes de partir a Davos, tendrían que realizarse con el respaldo, en efectivos y recursos, de las fuerzas armadas. La pregunta obvia es si, después de las “descortesías” que han sufrido los soldados y oficiales de parte del propio gobierno en Chiapas, ahora se les pedirá que redoblen su presencia en la lucha antinarcóticos en el resto del país. Insistimos: tiene que haber respuestas rápidas y coherentes porque habrá, sin duda, mayores provocaciones.