El presidente Vicente Fox lanzó la Cruzada Nacional contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, llamó a una lucha ?sin cuartel, sin distingos, sin descanso, amarga?. Y aceptó que, como consecuencia habrá ?reacciones? de los cárteles. El factor social y cultural no fue abordado plenamente en la reunión de Culiacán. Para muchos jóvenes, particularmente de la sierra de Sinaloa, el ser narcotraficante es un objetivo social, es una demostración de status. El problema real parece estar en la falta de definiciones comunes y de una estratgia clara, que abarque todos los ámbitos involucrados en esta peligrosa y difícil tarea de luchar contra el crimen organizado.
Ayer el presidente Vicente Fox lanzó en Culiacán, la Cruzada Nacional contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado. El acto realizado horas antes del viaje de Fox al foro económico mundial de Davos, ha sido, sin duda, el que mayor cantidad de funcionarios e invitados ha concitado en estos 50 días de gobierno y, también, uno de los que mayor interés generaba, después de acontecimientos tan traumáticos como el atentado contra Patricio Martínez y la fuga del penal de máxima seguridad de Puente Grande, de Joaquín El Chapo Guzmán.
En ese sentido y sobre todo viniendo de un hombre que sabe manejar tan bien las expectativas como el presidente Fox, el anuncio de ayer fue desconcertante y de alguna forma anticlimático. Se trata, muy probablemente, de una cuestión de formas, pero sin duda, y sobre todo en estos temas, la forma es fondo.
El discurso del presidente Fox fue de una retórica particularmente dura: anunció una virtual guerra contra el narcotráfico, llamó a una lucha “sin cuartel, sin distingos, sin descanso, amarga” contra el crimen organizado y aceptó que, como consecuencia de la misma, habrá “reacciones# de los cárteles que sentirán que están siendo afectados sus intereses. En un sentido similar se pronunciaron el procurador general de la república, Rafael Macedo de la Concha, el secretario de seguridad pública, Alejandro Gertz Manero y el propio secretario de la Defensa, el general Clemente Ricardo Vega.
Aceptar que se vive una suerte de guerra contra el narcotráfico es ya una definición dura, fuerte, pero por eso mismo se esperaba el anuncio de una programa específico, con medidas concretas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que, por lo menos ayer en Culiacán, no se presentó. Es más, a la hora de definir los ejes sobre los que se trabajará esa estrategia quedaron al descubierto carencias y vacíos difíciles de aceptar en un tema tan complejo y de tanta importancia para la mayoría de la población del país.
Dijo el presidente Fox que esa estrategia anticrimen organizado, se basa en dos ejes: uno, combatir las causas, que identificó como la pobreza y la marginación; segundo, erradicar la impunidad y la corrupción. Y sin duda, todos esos factores influyen en el crecimiento y la presencia del crimen organizado: miles de campesinos recurren al cultivo de drogas porque ganan más que con cultivos legales o trabajan como peones para distintos narcotraficantes, muchos otros se enganchan como “camellos”, transportadores de droga en pequeña escala para sobrevivir. Sin duda, el factor de la corrupción incide en forma decisiva para permitir el libre tránsito de drogas, armas y contrabando de todo tipo por el país y permite su entrada y salida libre de controles reales y, además, la impunidad en la que suelen quedar esos delitos permite que los mismos se multipliquen.
Pero para establecer una estrategia que vaya mucho más allá de los lugares comunes se requiere comprender la magnitud del fenómeno. En términos de narcotráfico estamos hablando de un comercio ilegal que ocupa a miles de personas en todo el país y que genera unos 60 mil millones de dólares al año (sólo en el “intercambio” México-Estados Unidos) de los cuales quedan en nuestro país unos seis mil millones de dólares anuales, que, coincide con la cantidad que, según la Asociación Mexicana de Banqueros, es la que queda como resultado del lavado de dinero en el sistema bancario nacional año con año. Es verdad que no todo se dinero proviene del narcotráfico, pero también lo es que no todo lo que queda en México producto del mismo se lava a través del sistema bancario.
Estamos hablando de un problema mucho mayor que la marginación y la pobreza. Fenómenos como los narcojuniors, los jóvenes de muy buena familia que se han incorporado a esa actividad, primero en Baja California y ahora, en forma muy destacada, en Sinaloa y Chihuahua, permiten comprobarlo: estamos ante un negocio de miles de millones de dólares, cuyas raíces sin duda trascienden cualquier estrategia nacional.
Pero, además, tampoco debemos subestimar la lucha contra un factor que no se abordó plenamente en la reunión de Culiacán, aunque por lo menos el gobernador Juan S. Millán, el procurador Macedo de la Concha y el secretario Gertz Manero lo han aceptado públicamente: el factor social y cultural. Para muchos jóvenes, particularmente de la sierra de Sinaloa, pero ello se aplica a muchas otras regiones del país, el ser un narcotraficante es un objetivo social, es una demostración de status, de ascenso en la pirámide social. Un objetivo que además, ha generado ya su propia cultura, desde los cientos de narcocorridos que siguen siendo los discos más vendidos en la república mexicana, hasta el culto a Jesús Malverde, el santo de los narcotraficantes y las causas difíciles, cuya capilla está ubicada a pocas cuadras de la propia casa de gobierno y es visitada por miles de fieles. En Sinaloa, como en otros estados, y de ello platicábamos hace unos días con el propio gobernador Millán, para muchos el narcotráfico es un fenómeno socialmente aceptado, y las “buenas familias” en ocasiones aceptan a los narcotraficantes como amigos, socios, vecinos y terminan convirtiéndose en sus cómplices. Y eso tampoco tiene mucho que ver con la marginación y la pobreza.
Algo similar sucede con el contrabando en todos sus niveles o con el tráfico de armas y de gente que tanto han crecido en los últimos años. En realidad es un error sostener que existe una suerte de conjura contra la administración Fox, que proviene de un único centro. Lo que hay es una suma de desafíos y de grupos de poder ligados a este tipo de organizaciones que están probando la capacidad de reacción del gobierno ante los mismos, y ella, hasta ahora, no ha estado a la altura de las circunstancias, de esos mismos desafíos: no lo ha estado en Chiapas, no lo ha estado ante el virulento aumento de ejecuciones derivadas del enfrentamiento entre cárteles y bandas de narcotraficantes en distintas entidades del país, tampoco en las investigaciones sobre el atentado contra Patricio Martínez o en la investigación de la fuga de El Chapo Guzmán.
Y el problema real no es de falta de voluntad, de valor o de capacidad de los hombres encargados en las distintas áreas de esa tarea: el problema parece estar en la falta de definiciones comunes y de una estrategia clara, que abarque todos los ámbitos involucrados en esta peligrosa y difícil, “amarga” diría Fox, tarea de luchar contra el crimen organizado. Una estrategia que parta de saber que en esta guerra, como la ha definido el gobierno federal, difícilmente se puede ganar a largo plazo (porque ni siquiera se libra en su totalidad en nuestras fronteras) pero en la cual se debe evitar que la gobernabilidad del país termine sujeta a sus vaivenes. Hoy esa estrategia común, todavía, no existe: ¿qué mejor ejemplo de ello que el documento sobre el plan de gobierno 2001-2006 que publicó ayer Milenio Diario sobre este tema, donde se especifica que se retirará a las fuerzas armadas de toda labor relacionada con la seguridad pública, incluyendo la lucha contra el narcotráfico?. Eso es irreal: sin esa presencia militar, en término de recursos humanos, materiales y sobre todo de información e inteligencia, esa sería ya, una batalla perdida. Esa, precisamente, fue la tesis que privó en el equipo de transición de Molina y Reyes y que retrasó la elaboración de una estrategia de seguridad y lucha contra el crimen organizado coherente y bien aterrizada, por más de cuatro meses.
Y es verdad que todas las dependencias relacionadas con la seguridad están en tareas de depuración, control, evaluación y reorganización de sus estructuras y mandos y ese proceso no se puede obviar o postergar, pero tampoco se pueden dejar vacíos. Y éstos hoy existen y están siendo aprovechados por la delincuencia organizada y otros grupos de poder para desafiar y desestabilizar a la administración Fox.