Pocas veces la ciudad de México ha tenido un procurador de justicia tan incompetente como Samuel del Villar. Del Villar fue, según confesión de los más altos niveles del actual gobierno capitalino, responsable directo de que el PRD estuviera a punto de perder la elección del 2 de julio en la capital. Nunguno de los casos del ex procurador había concentrado tanto la atención de la opinión pública como el del asesinato de Paco Stanley. Decidió que por alguna razón que nunca pudo establecer, quien mandó asesinar a Stanley era el cártel de los hermanos Amezcua, los llamados reyes de las anfetaminas. Debería venir una demanda contra Del Villar y sus principales hombres que mintieron, torcieron la justicia, inventaron culpables y le quitaron a cinco personas casi dos años de sus vidas.
Pocas veces la ciudad de México ha tenido un procurador de justicia tan incompetente como Samuel del Villar, y recuerde usted que hemos tenido malos y peores. El ex encargado del programa de la “renovación moral” en la campaña electoral de Miguel de la Madrid, dice que es un abogado culto y honesto, si entendemos por ello un hombre que no se ha corrompido por el dinero malhabido. Pero su incapacidad al frente de la procuraduría capitalina en los pasados tres años (hasta que fue felizmente reemplazado por Bernardo Bátiz en diciembre pasado) sólo es comparables a sus intentos de manipular descaradamente la justicia, de utilizarla políticamente de acuerdo con sus intereses sin detenerse, con ese objetivo, ante nada, incluso recurriendo a inventar casos, acusados y supuestos delincuentes, en una dimensión sólo equiparable a la del tristemente célebre Pablo Chapa Bezanilla. No habría que asombrarse de ello, porque el propio Del Villar, nutrió su equipo de muchos de los hombres que acompañaron en su labor de desacreditar la justicia mexicana hasta límites inauditos, al ex fiscal de los casos Colosio, Ruiz Massieu y Posadas.
Del Villar fue, según confesión de los más altos niveles del actual gobierno capitalino, responsable directo de que el PRD estuviera a punto de perder la elección del 2 de julio en la capital. Antes había perdido todos los casos importantes que había abierto durante su gestión. Logró consignaciones porque, por un movimiento legal en la Asamblea de Representantes (que afortunadamente ya ha sido revisado por los legisladores locales), pudo hacer lo que ningún otro procurador del país: designar los jueces encargados de los casos que le interesaban particularmente a la procuraduría. Pero cuando fue a juicio siempre perdió. Perdió en las acusaciones que promovió contra IBM y Ericsson por supuesto fraude a anteriores gobiernos del DF, una acusación que era un mecanismo para llegar a acusar a distintos funcionarios de esas administraciones: logró encausarlos, pero todos, con excpeción de Oscar Espinosa Villarreal que está a la espera de ser extraditado a México, ganaron sus casos; tampoco pudo comprobar que un dirigente del Frente Popular Francisco Villa era el asesino del magistrado Abraham Polo Uscanga; cuando el actual secretario de seguridad pública del gobierno federal, Alejandro Gertz Manero acusó a doce comandantes de la policía auxiliar del DF de la malversación de miles de millones de pesos, entregando auditorías y pruebas de esos delitos, Del Villar los defendió a muerte, logró que muchos de ellos se mantuvieran en sus cargos y nunca fueron enjuiciados. El enfrentamiento de Del Villar con Gertz paralizó durante meses las labores de seguridad en la capital del país y ni Cuauhtémoc Cárdenas ni Rosario Robles pudieron (o quisieron) resolverlo.
Pero ningún caso había concentrado tanto la atención de la opinión pública como el del asesinato del conductor de televisión Francisco Paco Stanley en la mañana del 7 de junio de 1999. Ese día, televisión Azteca lanzó una feroz campaña de desprestigio contra las autoridades capitalinas y particularmente contra Cuauhtémoc Cárdenas, entonces jefe de gobierno, acusándolo implícitamente de la muerte de Stanley y pidiendo su renuncia. El gobierno capitalino y la procuraduría de Del Villar, contestaron con una campaña tan virulenta como aquella, decididos a demostrar que el asesinato de Stanley, de alguna forma, había salido de dentro de la televisora del Ajusco.
En realidad, Stanley estaba lejos de ser inocente: su asesinato tenía relación con sus conexiones con el mundo del narcotráfico y más particularmente con el cártel de Juárez, lo que iba más allá de la dosis de cocaína que portaba cuando fue asesinado o del consumo cotidiano que hacía de esa droga. La relación se establecía a través de la distribución de drogas en el medio artístico y la administración de inmuebles como el Premier, todo ello basado en contactos estrechos con los principales hombres de Juárez, particularmente con el asesinado Rafael Aguilar Guajardo.
Pero resultó que esa vía de investigación no le servía al procurador para sus propósitos políticos. Entonces inventó una historia inverosímil. Decidió que por alguna razón que nunca pudo establecer, quien mandó asesinar a Stanley era el cártel de los hermanos Amézcua, los llamados reyes de las metanfetaminas, un tipo de droga y un cártel que, aparentemente, nada tenían que ver con la historia de Stanley. Para comprobarlo utilizó a un recluso, Luis Gabriel Valencia que decía ser el cocinero de Luis Amézcua dentro de la cárcel. Este hombre, que según las propias autoridades del DF es un desequilibrado mental, aseguró sin poder ponerse jamás de acuerdo con las fechas, que en dos oportunidades había visto a una edecán del programa de Stanley, una muchacha de 23 años, llamada Paola Durante, acompañada por otro personaje con antecedentes penales, Erasmo Perez, el Cholo, visitar a Amézcua y planear el asesinato en el que involucraban como cómplice al coconductor de Stanley, Mario Rodríguez Bezares, para vengarse de algo que nunca pudieron identificar. Poco importó que no existiera ninguna constancia de que El Cholo y Paola Durante se conocieran entre sí o que alguno de ellos conociera a Amézcua, tampoco había constancia de que ambos hubieran ido solos o por separado a visitar a ese narcotraficante, no existía móvil para que Bezares participara en ese crimen (se llegó a publicar, divulgada por la PGR, una foto del hijo de Bezares para “demostrar” que el niño tenía algún parecido físico con Stanley, dando a entender que era su hijo). Tampoco tuvo importancia que los compañeros de trabajo de El Cholo, testificaran que éste, el día del asesinato de Stanley, estaba trabajando en un taller de la colonia Narvarte o que se comprobara que las fechas en que según El cocinero, Paola Durante había visitado a Amézcua, ella estaba trabajando en el Auditorio Nacional o que la otra fecha que atestiguó para ese encuentro, fuera meses antes de que Luis Amézcua estuviera detenido. Que tampoco pudiera reconocer a Paola y que en su testimonio describiera literalmente a otra persona.
Todo se derrumbó cuando el propio Valencia reconoció que había mentido porque la PGJDF le había propuesto reducir su condena y mejorar su condición carcelaria a cambio de su testimonio y cuando la Comisión de Derechos Humanos del DF, que preside Luis de la Barreda, demandó la liberación de Paola Durante por ser el suyo un caso notoriamente inventado. La actitud de Del Villar y su gente, fue desestimar la declaración de Valencia y presionarlo para que volviera a rectificar su declaración y en un hecho insólito, sobre todo en un gobierno proveniente de sectores que se asumen de centroizquierda y liberales, comenzar a acosar policial y judicialmente a los miembros de la propia comisión de derechos humanos, lo que motivó incluso protestas internacional de comisiones similares.
Fue necesario que pasaran meses de detención, que López Obrador decidiera no ratificar en su cargo a Del Villar, que se cambiara al anterior juez de consigna por el juez 55 penal, Rafael Santana, que retomó el caso y actuó con independencia de la procuraduría capitalina, para que, finalmente se hiciera justicia en un caso que nunca debió haber llegado a los tribunales y se cerrara así, aunque fuera un capítulo, de una de las historias más oscuras que ha tenido la procuración de justicia en la capital del país.
¿Qué viene?. Debería venir una demanda contra Del Villar y sus principales hombres que mintieron, torcieron la justicia, inventaron culpables y le quitaron a cinco personas casi dos años de sus vidas. Debería servir la oportunidad para que el procurador Bernardo Bátiz, como hemos dicho un hombre más sensato y capaz que Del Villar, pudiera realmente limpiar a la procuraduría capitalina de muchos de los lastres que se quedaron en ella después de la salida de Del Villar. Podría servir, también, para que el gobierno del DF ejercitara, aunque el pecado no haya sido suyo sino de las anteriores administraciones, un leve acto de contricción pública y actuara, ahora sí, contra quienes fueron responsables de esos actos. Por lo menos, antes de la que puede ser la última derrota de Del Villar: el caso Espinosa, porque si el ex regente sólo es extraditado por la acusación presentada por la PGJDF, con las pruebas que mostró Del Villar, quedará, tarde o temprano, él también en libertad.