Vicente Fox dejó encargada el área de orden y justicia al ex delegado de la PGR en Guanajuato, José Luis Reyes, y al ex fiscal antidrogas en el periodo de Antonio Lozano Gracia, Francisco Molina Ruiz. Ambos cometieron muchos errores, pero el más memorable fue cuando declararon que el narcotráfico no era un problema de seguridad nacional, que se trataba de un simple tema policial. La explicación de cómo funcionaba en realidad la lucha contra el crimen organizado entre México, Estados Unidos y Colombia, la recibió el entonces presidente electo durante su primera visita a la capital estadunidense. Un mes antes de tomar el poder Fox asumió que esos hombres no le servían y comenzó a buscar por otros horizontes.
Durante los primeros cuatro meses del periodo de transición, Vicente Fox dejó encargada el área que él mismo llamó de orden y justicia, al ex delegado de la PGR en Guanajuato (y su abogado personal) José Luis Reyes, y al ex fiscal antidrogas en el periodo de Antonio Lozano Gracia, Francisco Molina Ruiz. Ambos cometieron muchos errores, mantuvieron una pésima relación personal pero, sobre todo, se equivocaron radicalmente en la conceptualización de la estrategia de seguridad pública que requería el nuevo gobierno.
El más memorable de sus errores fue cuando, apenas designados en sus responsabilidades, declararon (con mayor énfasis Molina que Reyes) que el narcotráfico no era un problema de seguridad nacional, que se trataba de un simple tema policial y que, por lo tanto, no era necesaria la presencia de las fuerzas armadas, particularmente del ejército, en su combate. Algunos celebraron la declaración de los encargados del equipo del área de seguridad, pero la mayoría comprendió que, de esa forma, lo único que se lograría sería un sonoro fracaso en la lucha contra el crimen organizado y una ruptura en la estrategia continental que, al respecto, se había construido en los últimos años.
Dijimos entonces que, con motivo de la primera visita de Vicente Fox a Estados Unidos éste podría comprender lo que no había querido ver durante su campaña electoral o su periodo de gobernador en Guanajuato: la magnitud del problema y cómo se establecían los hilos de la coordinación con Estados Unidos y otros países, particularmente Colombia, una coordinación que se establece, es verdad, entre agencias e instituciones civiles, pero que en los hechos fluye de la colaboración entre los cuerpos militares, particularmente de esos tres países. La construcción de ese andamiaje de colaboración entre instancias militares de Estados Unidos, México y Colombia, fue lo que permitió los éxitos relativos que se han obtenido en los últimos años y la razón de ser de que Barry Mc Caffrey estuviera durante casi todo el periodo Clinton en la oficina antidrogas de la Casa Blanca. Las instancias operativas se dieron entre el jefe del estado mayor conjunto del ejército estadunidense, el general William Perry, el general Enrique Cervantes en México y en Colombia, el general José Serrano Cadena, encargado de la lucha antidrogas. Por eso mismo, el descubrir que el general Jesús Gutiérrez Rebollo era, en realidad, un colaborador del cártel de Juárez resultó tan doloroso, porque no se trataba sólo de un acto de traición (aunque ahora algunos medios quieran, extrañamente, de alguna forma reivindicar a este personaje) sino porque ponía en crisis una estrategia multinacional que se había desarrollado, durante los últimos tres años: no se sabía, en términos estrictos, hasta qué punto Gutiérrez Rebollo había podido conocer esos mecanismos y contaminarlos con filtraciones o información falsa. Superado el affaire Gutiérrez Rebollo, la consecuencia directa fue un redoblamiento de la colaboración entre instancias militares.
Por eso, las declaraciones de Molina y Reyes, aparentemente avaladas por Fox, cayeron como un balde de agua fría en Washington. Y la explicación de cómo funcionaba en realidad la lucha contra el crimen organizado entre México, Estados Unidos y Colombia, la recibió el entonces presidente electo durante su primera visita a la capital estadunidense. Desde allí comenzó a cambiar la conceptualización pero permanecieron los mismos hombres en el sector; Molina y Reyes también matizaron sus declaraciones pero ya era tarde: habían quedado rebasados por la realidad y, sobre todo, marcados por la desconfianza de militares y de los principales operadores civiles del sector.
Un mes antes de tomar el poder, según fuentes confiables, Fox asumió que esos hombres no le servían y comenzó a buscar por otros horizontes. Hubo intercambio de información con las fuerzas armadas, con sectores civiles y también con las áreas especializadas del gobierno estadunidense y poco después se transformó el equipo que se encargaría del sector: se comenzó por reasignar a Adolfo Aguilar Zínser que originalmente sería algo así como un secretario técnico de la presidencia de la república al consejo de seguridad nacional al cual, para enmendarle del todo la plana a Molina y Reyes, se le encargó, además, el área de seguridad pública, y poco antes de la toma de posesión se decidió no sólo que el ejército continuaría en la lucha contra el narcotráfico sino que, para fortalecer esa decisión, el propio procurador general de la república sería un militar, nada menos que Rafael Macedo de la Concha, hasta entonces procurador de justicia militar que se había encargado, entre otros casos, de enjuiciar a Gutiérrez Rebollo, Quiroz Hermosillo y Acosta Chaparro. Y en Seguridad Pública, se designó a Alejandro Gertz Manero quien venía no sólo de desempeñar actividades similares en el DF sino que también mantiene estrechas relaciones con las áreas de seguridad e inteligencia estadunidense desde hace años, cuando fue jefe de erradicación de drogas en 1976 en el famoso operativo Cóndor. Un ejemplo: de él se puede leer en ellibro Desperados de Elaine Shannon, cómo acompañado de periodistas y funcionarios estadunidenses participaba en estas campañas. Escribió Anthony Marro, entonces corresponsal de Newsweek que “Gertz Manero, con una chaqueta de piel castaño, una corbata estilo inglés púrpura-rojiza y anteojos de sol, acariciendo su propia M-16 entró al campo. Mirando a las cámaras se mantuvo erguido en medio del verde campo, luego se agachó y tomó una de las amapolas en flor…La olió, luego alzó su rifle automático con una sola mano y con la otra hizo señas a sus hombres y a los reporteros para que vieran al helicóptero…no quiero, dijo, que los pilotos me digan cuántas destruyeron, quiero que me digan que las destruyeron todas”. Por cierto, la operación Cóndor fue, en el pasado, antes del caso Camarena, la operación conjunta México-Estados Unidos más exitosa en la lucha antidrogas.
Lo cierto es que para el primero de diciembre estaban designados los hombres (no todos, el director del Cisen, Eduardo Medina Mora, fue designado, por ejemplo, una semana después del inicio del gobierno) pero todavía no había una estrategia gubernamental que reemplazara la que sobre bases erróneas se había construido en los meses anteriores. De allí han surguido muchos de los goles que, en ese ámbito, ha recibido la adminsitración Fox en las últimas semanas.
El martes, finalmente se dio otro paso en la conformación de la nueva estrategia: se hicieron las designaciones más importantes, exceptuando al propio fiscal, de la fiscalía antidrogas y las áreas antinarcóticos de la PGR, y en todos los casos esos nombramientos recayeron en militares, algunos que ya estaban en esas áreas y otros que fueron traídos por Macedo de la Concha. El mismo día se expidió el reglamento interno de la Secretaría de Seguridad Pública que girará en torno a la estructura de la policía federal preventiva que, una vez desplazado de ese cargo el almirante Wilfrido Robledo Madrid, no tiene aún un mando designado. El reglamento interno permitiría que esa función la asumiera personalmente el propio Gertz Manero, lo que podría ser una posibilidad muy viable. Por supuesto que los mandos y tropas de origen militar que están en la PFP permanecen en esa institución porque sin ellas la PFP se convertiría en un simple cascarón. Por otra parte, el mismo día se anunció algo que, incomprensiblemente, no se aceptó en el sexenio pasado: que el sistema de registro de vehículos, conocido hasta ahora como Renave, pasaría a formar parte de el sistema nacional de seguridad pública que en sus instalaciones y equipos tiene capacidad para manejarlo y para que esa información sirva no para una empresa privada sino para la seguridad pública. Ese punto había sido objeto de un intenso debate en el último tramo de la pasada administración entre el secretario de Comercio, Herminio Blanco y el entonces secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, sobre todo después de la detención de Ricardo Miguel Cavallo y el extraño suicidio del subsecretario Raúl Ramos Tercero. Entonces, el presidente Zedillo respaldó a Blanco. Hoy el registro vehicular estará donde siempre debió estar.
No es para echar campanas al vuelo pero en el área de seguridad pareciera que las fichas, por lo menos, comienzan a acomodarse. A ver si no es demasiado tarde.