Hoy al celebrarse un aniversario más del día del ejército, el presidente Fox se encontrará con unas fuerzas armadas leales, pero que, no terminan de comprender, muchas de sus estrategias en el ámbito de la seguridad. La historia de Fox con las fuerzas armadas ha estado llena de equívocos y desconfiaza. Pero hay que reconocer que Fox es un hombre que sabe escuchar y poco después comenzó aceptar esa participación oficial en su esquema de seguridad personal.Hoy confía plenamente en el general Tamayo y en su estado mayor.
Cuando hoy se celebre un aniversario más del día del ejército, el presidente Fox se encontrará con unas fuerzas armadas que le son, indudablemente leales, pero que, también, y eso debe asumirlo el ejecutivo, no terminan de comprender, plenamente, muchas de sus estrategias en el ámbito de la seguridad y el propio papel que deben y pueden jugar los militares en el actual esquema de gobernabilidad.
La historia de Fox con las fuerzas armadas ha estado llena de equívocos. Cuando aún era precandidato presidencial desconfiaba profundamente de ellas. En alguna ocasión, por aquellas épocas, cuando se le había ofrecido seguridad de parte del Estado, en una entrevista televisiva me respondíió que quizás la aceptaría pero que nunca dejaría que lo cuidara el estado mayor presidencial, “sería, dijo, como dejar la iglesia en manos de Lutero”. Le comenté que si llegaba a la presidencia esa sería la responsabilidad del propio Estado Mayor. Muchos otros le hicieron comentarios similares y, como hay que reconocer que Fox es un hombre que sabe escuchar, poco después comenzó a aceptar esa participación oficial en su esquema de seguridad personal: hoy, ya como presidente, confía plenamente en el general Tamayo y en su estado mayor.
Porque, el proceso de descomposición de esa desconfianza que sentía Fox por los militares se fue acelerando en la misma medida en que se acercaba al poder. Durante la campaña y en los primeros meses del proceso de transición, la tesis que se manejó en términos de seguridad pública fue que se quitaría a las fuerzas armadas de funciones que consideraba policiacas, particularmente en la lucha contra el narcotráfico.
Se fue más allá, se colocó en el equipo de transición de esas áreas a Francisco Molina y a José Luis Reyes, el primero de los cuales, desde su época de procurador de Chihuahua y sobre todo luego, cuando fue fiscal antidrogas, había tenido fuertes enfrentamientos con los principales mandos de las fuerzas armadas y había declarado, en su nueva responsabilidad, que el narcotráfico era un problema policial, no de seguridad nacional y que por lo tanto las fuerzas armadas no tenían que participar en su combate. Pero desde aquellas fechas y sobre todo luego de su primera visita a Washington como presidente electo, Fox ya no creía en esa tesis, ya había comenzado a comprender lo complejo de la relación con las instituciones militares y, sobre todo, que allí se encontraba una de las poquísimas instituciones que sustentaban el proceso de transición democrática y que, para tener éxito en el mismo necesitaba su apoyo y respaldo.
En la medida en que se fueron construyendo los planes de gobierno, comenzó a quedar en claro que el esquema que había propuesto Molina era absolutamente inaplicable y que, por el contrario, propiciaba la debilidad de la nueva administración. Un mes antes del cambio de poderes, Fox decidió modificar radicalmente también ese esquema y se volcó por el contrario. Colocó en la procuraduría general de la república a un destacado militar, el general Rafael Macedo de la Concha, que, como procurador militar en el sexenio que acababa había detenido a los generales Jesús Gutiérrez Rebollo, a Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro, que conocía a fondo las cuestiones de seguridad y, sobre todo, hasta dónde podía llegar la penetración del narcotráfico y el crimen organizado. Pero que, además, tenía todas las condiciones para establecer una muy cercana coloboración con los institutos armados en el combate contra esos grupos.
En la secretaría de la defensa, después de muchas especulaciones, colocó al general Ricardo Clemente Vega, un hombre con formación y ascendiente en los grupos militares más importantes de una nueva generación, con una formación teórica que gira en torno a la seguridad nacional y con buenas relaciones con otros hombres del entorno de Fox como el consejero de seguridad nacional, Adolfo Aguilar Zínser. Hoy es evidente que cualquier estrategia gubernamental de seguridad nacional y aún de alguno de los aspectos más delicados de la seguridad pública, debe partir del sustento que le pueden dar las fuerzas armadas: cuando todas las demás instituciones policiales y de seguridad están en transición y cambio, cuando no existen efectivos policiales confiables suficientes, cuando aspectos como la lucha contra el narcotráfico colocan al Estado en una situación realmente difícil, el papel del ejército resulta irremplazable, y en ese sentido está actuando ahora sí con todo el respaldo y la confianza gubernamental.
Si en todos esos ámbitos la administración Fox ha logrado conocer y comprender cómo funcionan las fuerzas armadas y les ha dado su lugar, en el tema Chiapas aún tiene importantes pendientes. El mismo primero de diciembre el presidente Fox ordenó el inicio de lo que se denominó un repliege de fuerzas militares en Chiapas. En realidad se estaba hablando de un reposicionamiento: las tropas fueron dejando disitintas posiciones que reclamaba el zapatismo porque, supuestamente, presionaban a las comunidades (en realidad esas posiciones obstaculizaban sus propios sistemas de comunicación y también en realidad esos movimientos afectaron a muchas comunidades que quedaron así desprotegidas). Cuatro de ellas fueron dejadas, de un total de siete que, en una primera etapa demanda el zapatismo que sean retiradas. Algunas de las tres que restan por mover son estratégicas, como Guadalupe Tepeyac, considerado la puerta de entrada y salida a las cañadas chiapanecas, otras, de las que ya se movieron, como Amador Hernández tenían un valor más simbólico y propagandístico para el propio EZLN y sus epígonos.
Lo cierto es que, a pesar de muchas provocaciones, el ejército movió sus posiciones y reubicó a sus tropas en Chiapas como se le ordenó. Es verdad que no ha habido un repliegue sino un reposicionamiento, pero incluso eso se ha dado en el marco de una estricta disciplina militar hacia el nuevo gobierno a pesar de que, en muchas ocasiones, los hombres de verde no terminan de comprender una estrategia que no se les ha explicado claramente.
El problema, el pendiente que tiene la administración Fox en el tema Chiapas con el ejército es, sin embargo, otro. Y se trata de algo más intangible que los movimientos de tropas: es el reconocimiento público. Mientras que para el zapatismo desde el poder ha habido todo tipo de gestos públicos y privados, mientras la estrategia gubernamental está basada en hacerque el EZLN firme la paz (en realidad como no hay guerra no hay tal firma de paz, de lo que se trata es de integrar al zapatismo al proceso político legal, institucional) a fuerza de buena voluntad gubernamental, con los soldados y oficiales que han estado en Chiapas, que han pagado un costo personal e institucional muy alto en muchas ocasiones por mantener el control estatal de esa zona, el presidente Fox no ha tenido, hasta el día de hoy, un solo gesto público de agradecimiento y reconocimiento de su labor.
Las fuerzas armadas son y serán disciplinadas al presidente de la república, independientemente de colores partidarios, pero hoy el presidente Fox tendrá la oportunidad de demostrarles a esas mismas tropas y oficiales que él también les es leal. No se trata de algo menor: insistimos, es una de las pocas instituciones que servirán, que sirven como pivote en torno al cual puede y debe girar la transición. Un reconocimiento público de ese papel sería, sin duda, bien recibido.