La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a las elecciones de Jalisco, se vio opacada por la marcha zapatista y paso casi desapercibida. Los priístas, mostraron su enojo ante la resolución pero mantuvieron una actitud mesurada que ayudó a no agrandar el conflicto. Los conflictos en los que se ha visto envuelto el Tribunal, sobre todo con el PRI, pero también con otros partidos obligará a revisar las atribuciones del mismo, y de paso, al propio Instituto Federal Electoral.
Opacada por la marcha zapatista, la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a las elecciones de Jalisco, pasó casi desapercibida: los propios priístas, mostraron su enojo ante la resolución pero mantuvieron una actitud de mesura y bajo perfil que ayudó a no agrandar artificialmente el conflicto. La declaración más dura, la de que mediante el Tribunal se está buscando destruir, en acuerdo con la secretaría de Gobernación al PRI, fue respondida por el propio Santiago Creel que se reunió con senadores tratando de bajarle, él también, presión al tema.
Pero nadie debería equivocarse, los conflictos en los que se ha visto envuelto el Tribunal, sobre todo con el PRI, pero también con otros partidos obligará a revisar profundamente las atribuciones del Tribunal y, quizás, de paso, al propio Instituto Federal Electoral. Independientemente de que se esté o no de acuerdo con las decisiones que ha tomado el Tribunal, no cabe duda que, primero, el hecho de que sus decisiones no puedan ser apeladas ni ante la Suprema Corte de Justicia tendría que revisarse y, por otra parte, pareciera que a sus magistrados les ocurrió algo que los hombres que han pasado por el IFE saben que es una tentación muy grande cuando se tiene tanto poder en las manos: el protagonismo, la tentación de ser importantes actores del proceso político en lugar de modestos jueces, podría haberse impuesto en algunos de ellos.
Hay varias decisiones controvertidas que demostrarían cómo el tribunal se ha rendido a las preocupaciones de los distintos actores políticos. Cuando el tribunal decidió en plena campaña electoral que no se aceptaba en la boleta para los comicios la utilización de la foto de Fox ni posteriormente su silueta, tomó una decisión controvertida pero que le provocó una dura andanada del entonces candidato Vicente Fox, quien dejó en duda su legitimidad hasta el mismo día de la elección. Hasta el momento de la entrega de su constancia de mayoría, Vicente Fox se disculpó de aquellas dudas pero el propio Tribunal pareció que quedó “tocado” por esa decisión. Las dudas del foxismo con el tribunal crecieron cuando éste decidió que en la integración de la asamblea legislativa del DF, que, el tribunal local había decidido que correspondía por mayoría al PAN, en realidad le tocaba al PRD. Esa decisión, poco fundamentada, provocó muchas dudas en el que sería el próximo gobierno y poco después el Trife decidió reemplazar a su presidente, el magistrado José Luis de la Peza (que había tenido una buena y discreta gestión al frente del tribunal, pero que había tenido algunos choques por aquella controversia con el candidato Fox) y fue reemplazado por Fernando Ojesto Martínez.
Pero vino después la que es la más controvertida de las decisiones que ha tomado el tribunal. Las elecciones de Tabasco llegaron hasta el ámbito federal. Poco después de las elecciones Ojesto Martínez había tenido un traspié, cuando declaró que a su entender las elecciones en Tabasco habían sido limpias y no había habido serias irregularidades: el PAN y el PRD pidieron públicamente su renuncia. Precariamente, el presidente del tribunal logró mantenerse en su puesto pero la decisión sobre Tabasco comenzó a prologarse mucho más allá de lo previsto. En una decisión muy controvertida, los magistrados esperaron hasta el 29 de diciembre, a unas horas de la toma de posesión del nuevo gobernador en esa entidad, para anunciar que la elección para gobernador se anulaba, iniciando un prolongado conflicto institucional.
Pero la decisión tabasqueña es controvertida por dos razones, independientemente de la idea que se tenga respecto a la limpieza de los comicios en el estado de Roberto Madrazo. Por una parte, resulta que en la constitución local no está contemplada la figura de la anulación de las elecciones: se pueden anular casillas, modificar resultados pero no anular todo el proceso. Pero, concediendo que se pudiera anular la elección, lo que resultó incomprensible es porqué anular la elección de gobernador y no los otros procesos procesos que se dieron en forma simultánea: la elección del congreso local y de los presidentes municipales. Si la elección estuvo viciada de nulidad había que anularla toda, por completo, ¿porqué solo la de gobernador?. El tribunal se esperó hasta el último día y tomó una decisión que se podrá compartir o no desde el punto de vista político (en lo personal estaría inclinado a apoyarla) pero que no pareció tener demasiado sustento en el ámbito legal. ¿Le ganó la tentación de ser un actor político al tribunal, de catalizar, con sus decisiones ciertos cambios políticos? Esa podría ser una respuesta.
No terminaba de agitarse el caso tabasqueño cuando el tribunal se metió en otra disputa también controvertida. En Yucatán, el congreso local decidió elegir un consejo electoral estatal para regular los comicios del 27 de mayo cuyo método de elección fue impugnado, a nivel federal, por el PRD. El tribunal aceptó la petición y obligó a elegir un nuevo consejo al congreso local. Estos, en los hechos, repitió el procedimiento y reeligió al mismo consejo anterior. Entonces el tribunal desconoció ese consejo electoral y decidió intervenir en el estado y organizar, el propio tribunal, una elección de otro consejo, reconocido por el propio tribunal, por el PAN y por el PRD pero no por el congreso local ni por el PRI. Hasta el día de hoy coexisten los dos consejos y si hoy mismo no hay una resolución sobre el tema, muy probablemente se tendrán que postergar los comicios de mayo.
¿Cuál es la crítica?. Se puede compartir o no la decisión del tribunal de intervenir en la conformación del consejo electoral local (muchos consideran, con fundamento, que el tribunal no tenía atribuciones para intervenir porque la decisión del congreso es soberana, en mi opinión existe un vacío legal que sí aceptaría esa intervención) pero lo que resulta incomprensible es que el tribunal participe en la integración de otro consejo electoral, cuya conformación ahí sí, sin duda, es una atribución del propio congreso local: en todo caso hay instancias políticas y legales que pueden obligar al congreso a respetar esa decisión: nada tenía que hacer al respecto el tribunal más que exigir la intervención de las autoridades competentes. Pero lo hizo y lo cierto es que el conflicto no parece tener un horizonte de solución.
Y cuando el conflicto con el PRI por Tabasco y Yucatán estaba más álgido que nunca, se presentó el caso Jalisco. En términos estrictos, el Tribunal no tenía atribuciones para anular las elecciones de Tabasco, pero lo hizo dándole a su resolución una interpretación política. En esa lógica, también tendría que haber anulado las elecciones de Jalisco, que fueron políticamente tan controvertidas como las tabasqueñas. Legalmente, como ocurrió con la anterior, el sustento para esa anulación era pobre: la diferencia es que ahora el tribunal utilizó el segundo criterio y en Tabasco se inclinó por el primero. Explicarles a los priístas que el tribunal no está siendo parcial en su contra es, en este contexto, por lo menos difícil.
Lo cierto es que las decisiones del tribunal electoral del poder judicial de la federación son inapelables y como tales deben ser aceptadas: quedar modificarlas con declaraciones o marchas es absurdo. Pero quizás no lo sea tanto, porque esa institución ha demostrado ya que es susceptible a las presiones políticas. Por lo pronto, la suma de esas controversias llevarán en forma casi inevitable a revisar las atribuciones del tribunal y, para algunos casos, dejar que sea la Suprema Corte la que tenga la última palabra. Y otra consideración, que deberá ser analizada por separado, es la repercusión que estas decisiones tendrán en la relación del PRI con el foxismo: un PRI herido que se siente acosado, no tiene nada mejor para homogeneizar sus fuerzas que un buen enemigo exterior. Y así va a reaccionar.