La Procuraduría General de la República está viviendo un momento complejo, difícil, Está participando como actor principal de una guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico. José Trinidad Larrieta renunció a su cargo como titular de la unidad especializada de lucha contra el crimen organizado, porque fue acusada públicamente de haber ayudado a la fuga de José Manuel Díaz Pérez. Ahora el procurador general de la república, el general Rafael Macedo de la Concha debe decidir que hará con las dos grandes ramas de lucha contra el crimen organizado de la propia PGR, la UEDO y la fiscalía antidrogas y con sus mandos.
La Procuraduría General de la República está viviendo un momento complejo, difícil. No sólo está participando como actor principal de una guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico sin contar con todo el equipo necesario para ello, sino que también debe moverse en un terreno muy fangoso, donde no sabe, siquiera quiénes, externa e internamente, son sus apoyos, quiénes son elementos confiables y quiénes son, en realidad, sus enemigos.
Esta semana renunció a su cargo el titular de la unidad especializada de lucha contra el crimen organizado, José Trinidad Larrieta, un hombre que había tenido en el pasado éxitos importantes en esa dependencia y que, en principio, había sido ratificado en su cargo. La renuncia de Trinidad Larrieta se produjo porque fue acusado públicamente en un programa radiofónico de haber ayudado a la fuga de José Manuel Díaz Pérez, el ex subdelegado de la PGR en Chihuahua, que estaba arraigado, custodiado por diez elementos mitad de la UEDO, mitad de inteligencia militar, y que, inexplicablemente (o mejor dicho en forma demasiado explicable), hace unos días, simplemente se fue del domicilio donde era retenido. Según esta versión, dos días antes de la fuga, Trinidad Larrieta habría ido a cenar con Díaz Pérez, le había llevado, incluso algunas botellas de vino para compartir con el detenido y ahí habrían acordado la fuga.
Pero ¿quién acusó a Trinidad Larrieta?. Todo indica que fueron los custodios que están bajo proceso y que si son encontrados culpables pueden tener una condena de hasta ocho años de prisión por haber permitido esa fuga. Ahora aseguran que, en realidad, se les ordenó desde la UEDO apoyar a Díaz Pérez en su huída quizás como una forma de reducir sus muy posibles condenas. Ante la denuncia, la PGR inició una investigación en la UEDO (misma que, hasta ahora, nos confirman fuentes de alto nivel de la procuraduría, no ha encontrado nada contra Trinidad Larrieta en relación con la fuga de Díaz Pérez) y la información se filtró a radio Red que informó, dándolo por cierto, del involucramiento de Larrieta en los hechos. Este decidió presentar su renuncia y ahora el procurador general de la república, el general Rafael Macedo de la Concha debe decidir qué hará con las dos grandes ramas de lucha contra el crimen organizado de la propia PGR, la UEDO y la fiscalía antidrogas y con sus mandos.
La controversia sobre toda esta historia va más allá. La denuncia sobre Díaz Pérez y el ex delegado de la PGR en Chihuahua, Norberto Suárez, fue un viejo informante de los sótanos del poder que trabajó en la Federal de Seguridad, muchos años con Fernando Gutiérrez Barrios (que aseguraba que éste hombre lo había traicionado) y luego con Jorge Carpizo y Jorge Madrazo, como una suerte de “informante externo”: José Luis Thirión Muñoz, actualmente bajo arraigo de la PGR, precisamente por su presunta participación en el caso de corrupción del delegado y el subdelegado de la PGR en Chihuahua.
¿Qué sucedió? Thirión dice que fue él quién denunció que el delegado de la PGR, Norberto Suárez, exigía hasta 500 mil dólares al subdelegado Díaz Pérez por la venta de plazas y que ese dinero era enviado hacia “arriba”, hacia otras instancias de la institución. A partir de allí, Thirión habría hecho la denuncia ante altos funcionarios de la secretaría de la Defensa, que realizaron algunas investigaciones y pasaron el caso a la PGR, que procedió al arraigo del delegado y el subdelegado, que al fugarse se convirtió en doblemente sospechoso de estar relacionado con el narcotráfico. El problema es que las investigaciones posteriores, habrían confirmado que Thirión habría recibido un millón de dólares de parte del cártel de los Arellano Félix para denunciar esa relación de autoridades policiales con el cártel de Juárez, para obstaculizar las labores de éste, como publicó, según fuentes estadunidenses de alto nivel, nuestro corresponsal en Washington, César Romero Jacobo. Según había declarado Larrieta, Thirión era, además, un hombre ligado al narcotráfico y que funcionaba como intermediario entre éstos y el subdelegado Díaz Pérez.
¿Qué hacer entonces: el principal acusador señala a un cártel para apoyar a otro; señala a dos funcionarios como responsables, pero el que parece como principal actor de ese proceso continúa arraigado mientras que el que el informante dice que es casi una víctima del primero, se fuga con la complicidad de todos sus guardias; éstos a su vez dicen que colaboraron en la fuga por instrucciones superiores y filtran esa información a los medios; las investigaciones de la PGR dicen que el renunciante no tendría responsabilidad en los hechos de los que se le acusa, pero por lo pronto éste ya abandonó sus tareas, en medio de fuertes enfrentamientos con otros funcionarios de la propia procuraduría?. El hecho demuestra con toda claridad porqué Macedo de la Concha no puede confiar plenamente en casi nadie y porqué, también, debería avanzar con rapidez en la reestructuración de la propia procuraduría.
Por lo pronto, la tesis que priva en la propia procuraduría es la de revisar sus estructuras internas. Actualmente, no hay un mando confirmado ni en la fiscalía antidrogas ni en la unidad de lucha contra el crimen organizado. En la primera se mantiene como encargado del despacho que dejó Mariano Herrán Salvatti al irse como procurador de justicia a Chiapas, Santiago Vasconcelos. Para la UEDO no hay nada confirmado: el procurador Macedo está barajando tres posibles candidatos para hacerlo encargado de ese despacho.
Pero esa no es la solución. La idea es fusionar ambas instituciones, bajo el paraguas de una fiscalía de lucha contra el crimen organizado, de la cual la fiscalía antidrogas sería una de sus principales ramas. La propuesta es coherente: en los hechos, la UEDO y la FEADS, se crean simultáneamente con mandos separados porque el trauma de la traición del entonces general Gutiérrez Rebollo, llevó a buscar una salida que impidiera que alguien tuviera todo el control del sector y que, además, unos controlaran a los otros. Esa etapa debería superarse y evidentemente la conformación de una sola fiscalía especializada en la lucha contra el crimen organizado, sería, bien enfocada, un avance importante.
El punto es a quién hacer responsable de esa nueva rama, estratégica, de la PGR. Muchos civiles preparados para esa responsabilidad no hay, los que existen tienen sombras, justificadas o no, sobre su historia pasada (¿habrá alguien con alguna experiencia en estos temas que no tenga alguna sombra, justificada o no, sobre ese pasado?). Si se decide recurrir a un militar, que quizás sería una de las salidas más viables para una responsabilidad de esas características, pueden venir presiones políticas contra el procurador por la “preocupación” que muestran algunos analistas por la presencia de militares en responsabilidades policiales. Mientras tanto, los éxitos, que los ha tenido, la PGR en la lucha contra el narcotráfico, de los que informó ayer el procurador Macedo de la Concha, aparecen opacados en la opinión pública por estas dudas que son, en el mejor sentido de la palabra, existenciales.