Hace casi un mes, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, anunció en una conferencia de prensa que si el congreso y el gobierno de Yucatán no aceptan las resoluciones del Trife respecto a entregar al consejo electoral designado, los recursos e instalaciones que le corresponde por ley para dejar bajo su control el proceso electoral del 27 de mayo próximo, simplemente se haría cumplir la ley. Las negociaciones parecen haber entrado en un absoluto estancamiento, mientras se acerca la fecha de los comicios y nada hace suponer que estemos más cerca que antes de una solución.
Hace casi un mes, el 8 de febrero pasado, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, anunció en una conferencia de prensa en Los Pinos que si el congreso y el gobierno de Yucatán no aceptaban las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a entregar al consejo electoral designado por el propio Trife los recursos e instalaciones que le corresponde por ley para dejar bajo su control el proceso electoral del 27 de mayo próximo, simplemente se haría cumplir la ley. Ese mismo día se movilizaron elementos del PFP hacia el sureste, se puso en estado de alerta a los elementos de la PGR y se dejó entrever que si ese mismo fin de semana las autoridades locales no acataban las resoluciones del Tribunal, intervendría la fuerza pública federal para hacerlo.
Pero desde entonces ha pasado un mes y no sólo esas resoluciones no se han acatado, sino que, además, las negociaciones parecen haber entrado en un absoluto estancamiento, mientras se acerca la fecha de los comicios y nada hace suponer que estemos más cerca que antes de una solución. Al contrario, se dijo que el 28 de febrero pasado era la fecha límite, que si para ese día no había una resolución, el proceso electoral inevitablemente se tendría que postergar. Pero terminó febrero y nada ha pasado: lo único cierto es que a menos de tres meses de los comicios del 27 de mayo, hay dos consejos electorales, uno reconocido por el congreso local, el ejecutivo estatal y el PRI y el otro aceptado por los partidos de oposición en el estado, por el tribunal electoral federal y el IFE. El primero tiene los recursos estatales para organizar las elecciones y las instalaciones físicas que se requieren para ello: ante ese consejo se registró el candidato del PRI, uno de los principales discípulos de Víctor Cervera Pacheco, Orlando Paredes. Ante el otro, se registró el candidato del PAN, que es apoyado también por el PT y podría serlo por el PRD, el senador panista Patricio Patrón Laviada. Este consejo tiene el reconocimiento del Trife y del IFE, además del PAN, PRD y PT y cuenta con el padrón electoral actualizado. El otro consejo argumenta que si no le son entregados los padrones y listas nominales actualizadas organizará las elecciones con los que se utilizaron en los últimos comicios locales.
Durante todo febrero se habló de una salida negociada que podría terminar en un tercer consejo conformado por tres elementos de cada uno de los existentes con un nuevo presidente elegido por consenso. Esa fue la propuesta original de la SG, y el gobierno de Yucatán no la aceptó, pero cuando el 8 de febrero Creel lanzó su advertencia sobre la intervención policial, el gobernador Cervera Pacheco dijo que estaría dispuesto al diálogo y dejó trascender que se podría hablar de un tercer consejo, pero luego se descubrió que era otro tercer consejo, el que había participado en las elecciones del 97, que es prácticamente el mismo que confirmó posteriormente el congreso local y que no acepta el Trife. La SG insistió, sin embargo en esa tesis y algunos de sus hombres imaginaron que Cervera, en realidad, se estaba “ablandando”, sin comprender que, en realidad, los estaba utilizando para ganar tiempo y fortalecer su posición en el Consejo Político Nacional del PRI que se efectuó hace dos semanas. Al mismo tiempo, el PRI estaba esperando para ver qué decisión adoptaría el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso Jalisco, que estaba impugnado, según el PRI, con elementos muy similares a los que llevaron al Trife a anular la elección para gobernador en Tabasco.
Pero mientras la SG seguía insistiendo en que se podría dar una salida en torno al tercer consejo, dos hechos prácticamente impidieron ese tipo de salida: primero, el Trife decidió que la elección de Jalisco era legítima y que el ganador era el panista Francisco Ramírez Acuña. A partir de esa decisión, el priísmo endureció su posición en todos los niveles: anunció que no aceptará una reforma fiscal que implique el aumento de impuestos, también adelantó que no aceptará sin cambios la ley de derechos y cultura indígenas redactada originalmente por la Cocopa y que fue enviada al Congreso por el presidente Fox y, por supuesto, rompió lanzas contra el tribunal electoral al que acusó de ser un instrumento para tratar de destruir al PRI: con todo ello, quienquiera que pensara en la posibilidad de una salida negociada, aceptada por el priísmo, tendría que reconocer que estaba equivocado.
Por la otra, los principales legisladores del blanquiazul decidieron que ellos tampoco aceptarían una solución negociada y que sólo respaldarían al consejo designado por el tribunal, mientras que los priístas y el gobernador Cervera Pacheco ya han decidido que no se moverán de su posición, aunque en el tricolor yucateco se comienza a hablar otra vez de la posibilidad del tercer consejo, quizás para mostrar que ellos son los que están en disposición de negociar y que los cerrados son los dirigentes panistas. Y la secretaría de Gobernación parece haber quedado atrapada entre ambas posiciones con una sola convicción que ya ha dejado trascender en diferentes ámbitos: a lo único que no están dispuestos es a caer en la “trampa”, así la conciben, de ordenar a la fuerza pública la aplicación de las decisiones del tribunal electoral federal.
¿Qué puede pasar entonces en Chiapas?. Todo y nada. En primer lugar, la posibilidad de un acuerdo multipartidario parece haberse escapado ya de las posibilidades de los principales actores: en los hechos, pareciera que, salvo la Secretaría de Gobernación, ninguno de los otros actores están dispuestos a encarar una negociación que los ponga en entredicho. En ese esquema, en donde los priístas exigen que se respete la soberanía estatal y el tribunal (y el PAN) que se acaten sus resoluciones, el margen de negociación es mínimo.
La intervención de la fuerza pública también es muy difícil. En primer lugar por razones obvias: la SG no está dispuesta a utilizarla, pero además porque nadie podría garantizar resultados de la misma. Primero, porque evidentemente la intervención anunciada de fuerza policiales federales en un estado, cuando las dependencias locales de seguridad son muy disciplinadas al poder estatal, resulta por lo menos complejo; segundo, porque el propio Cervera Pacheco ya ha dejado trascender que controla a los delegados de la fuerzas policiales federales. En ese contexto, la intervención policial podría ser un desastre.
Se ha hablado también de la posibilidad de postergar las elecciones y desaparecer poderes, pero lo cierto es que para ello se necesitan dos terceras partes de los votos del senado y ni juntas, las bancadas del PAN y del PRD alcanzan ese número de votos: necesitan el apoyo de algunos priístas, y realmente no se percibe que ninguno de ellos se juegue, en estos momentos, en una apuesta de esas características. Con un problema adicional: si se desaparecen poderes postergando la elección, se tendría que reemplazar no sólo al gobernador sino también al centenar de presidencias municipales y al congreso local, algo que nunca ha ocurrido en el pasado reciente en la historia del país: ¿alguien se imagina la magnitud de la operación política que se tendría que realizar para ello?.
Finalmente, tampoco nadie podría garantizar que, incluso aunque se llegara a un acuerdo en el futuro próximo, las elecciones podrían realizarse sin contratiempos: lo cierto es que todo el proceso de preparación de las elecciones está retrasado y el único que está avanzando, con su propia lógica, es el consejo estatal designado por el congreso, porque cuenta con los recursos y el apoyo del gobierno estatal. En todo esto, la SG comienza a demostrar signos de debilidad ante la imposibilidad de encontrar una salida al conflicto y el gobernador Cervera está apostando todo a llegar al 27 de mayo imponiendo las condiciones de esos comicios. Un escenario que, en su conjunto, no es nada halagüeño para las autoridades federales que hoy, más que nunca, en el Palacio de Covián, deberían tener como objetivo no caer en el síndrome de Moctezuma, en la trampa en que cayó, o se dejó caer, el primer secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo.