El enfrentamiento PGR-CNDH
Columna JFM

El enfrentamiento PGR-CNDH

Lo que era un rumor extensamente difundido se hizo público, el inocultable enfrentamiento entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos que preside José Luis Soberanes, y la PGR, que encabeza Rafael Macedo de la Concha. Ambas partes se acusan mutuamente de ser las responsables de haber propiciado el mismo. El punto clave de este enfrentamiento se dio en torno a la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán y la detención, casi simultánea, del delegado y subdelegado de la PGR en Ciudad Juárez acusados por venta de plazas.

Lo que era un rumor extensamente difundido se hizo público frente al propio presidente de la república y en Los Pinos: el inocultable enfrentamiento entre la comisión nacional de derechos humanos que preside José Luis Soberanes, y la PGR, que encabeza Rafael Macedo de la Concha, un enfrentamiento que parece recordar al que en su momento sostuvieron Jorge Carpizo e Ignacio Morales Lechuga, o posteriormente, Jorge Madrazo y Antonio Lozano Gracia, con el detalle de que ambos Jorge, saltaron, en el momento climático de esos enfrentamientos y concluidas sus gestiones en la comisión, directamente al otro lado de la barra: a la procuraduría general de la república.

En esta ocasión nadie podría decir que será así o que ese es el objetivo, pero el enfrentamiento ya está allí y ambas partes se acusan mutuamente de ser las responsables de haber propiciado el mismo. El punto clave de este enfrentamiento se dio en torno a la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán de la cárcel de “máxima seguridad” de Puente Grande y con la detención, casi simultánea, del delegado y subdelegado de la PGR en Ciudad Juárez. En el primer caso, hubo una serie de acusaciones cruzadas entre la comisión de derechos humanos de Jalisco que encabeza Guadalupe Marín, con la comisión nacional, porque la primera argumentaba que había informado a la segunda de las irregularidades que se presentaban en el penal sin que ésta hiciera nada al respecto. La CNDH argumenta que hizo lo que debía hacer: hablar con los carceleros que habían hecho las denuncias y visitar el penal. La comisión local dijo que las visitas habían sido para cumplir con un formalismo, mientras que la instancia nacional aún hoy está extrañada del interés, que para algunos incluso resulta sospechoso, de la comisión local por lo que sucedía en Puente Grande que contrasta con su desinterés por los penales que están bajo su jurisdicción, los estatales. El altercado entre las dos comisiones se acrecentó porque cuando se dieron las visitas de la CNDH a Puente Grande, habían sido avisadas las autoridades de la SSP que los tienen bajo su responsabilidad.

Cuando se da la fuga, la PGR pareciera apoyar la posición de la comisión local y ello se acrecienta cuando ordena la detención y el arraigo de todos los directivos del penal, incluyendo casi un centenar de custodios. Ante esa acción, la CNDH emitió una recomendación diciendo que ese arraigo era anticonstitucional, lo que provocó profundo malestar en los mandos de la PGR que consideraron que se estaba tratando de obstaculizar las investigaciones en torno a la fuga del conocido narcotraficante. Ello, además, se da en forma simultánea con la decisión del juez encargado del caso de rechazar el expediente de los arraigados, argumentando que estaba mal integrado, lo que obligó a una reconstrucción urgente de los mismos, lo que no impidió que casi la mitad de los arraigados quedaran finalmente total o parcialmente en libertad.

Al mismo tiempo se da otro grave enfrentamiento entre la PGR y la CNDH, en torno a la detención y arraigo de los delegados de la PGR acusados de venta de plazas en Chihuahua, en un caso que, como hemos señalado en este espacio, está lleno de claros oscuros, con la intervención de personajes tan siniestros como el denunciante de esos delegados, un ex agente de investigaciones coludido con el narcotráfico de nombre José Luis Thirion. Lo cierto es que la Comisión también cuestionó los términos del arraigo, lo que se tornó aún más confuso cuando el subdelegado José Manuel Díaz Pérez se fugó de la casa del sur de la ciudad de México donde estaba arraigado, en medio de acusaciones de los propios custodios de que días antes el director de la unidad especializada en la lucha contra el crimen organizado, José Trinidad Larrieta lo había visitado para cenar con él y arreglar, según esto, la huída, una versión ya desmentida por la propia procuraduría pero que profundizó las diferencias internas entre la procuraduría y el titular de la UEDO y llevó a su renuncia.

Pero resultó que días después de la fuga de Díaz Pérez, la CNDH recibió una solicitud de los abogados defensores del ex delegado que permanecía detenido, Norberto Suárez, pidiendo que éste fuera visitado en la casa donde está arraigado porque había sido torturado por sus custodios. Llegaron los defensores del detenido y los visitadores de la CNDH y se encontraron con que Suárez tenía diversas lesiones, entre ellas numerosas quemaduras de cigarros en la espalda. Y éste confirmó que le habían sido infrigidas por los custodios, lo que motivó una nueva recomendación de la comisión a la procuraduría. Los máximos mandos de esta corporación aseguran en privado que sí se interrogó a Suárez pero que no sólo no hubo tortura alguna, por lo menos ordenada por los mandos de la PGR, sino que ello incluso sirvió para confirmar cómo se había efectuado la fuga de Díaz Pérez y para profundizar la investigación en torno a su propia detención y la del ex subdelegado y la participación que tuvo en el desarrollo de todo ese proceso Thirion. Nadie explica cómo aparecieron esas quemaduras en el cuerpo de Suárez y de qué magnitud eran, ni tampoco quién ordenó esas vejaciones. Pero mientras tanto, la PGR, que se siente acosada y amenazada en la declarada guerra contra el crimen organizado, considera que consciente o inconscientemente, la Comisión está jugando sus cartas en su contra.

Lo cierto es que la relación entre las dos instituciones se ha deteriorado rápidamente. Y ello se puso de manifiesto en Los Pinos, cuando Soberanes Fernández rindió ayer su primer informe de labores al frente de la Comisión. En ese informe y en una entrevista posterior que mantuve con él para la segunda emisión de Informativo MVS, Soberanes fue muy duro y muy explícito al hablar de sus divergencias con la procuraduría: dijo que percibía buena voluntad del presidente Fox para el respeto a los derechos humanos pero no de los mandos por debajo de él en el gobierno, explicó que veía a la SSP de Alejandro Gertz Manero tratando de hacer un esfuerzo en ese sentido y concentró sus críticas en la PGR. La procuraduría no ha respondido a esas críticas pero sin duda no han ayudado a distender la tensa relación entre ambas instituciones.

Pero nadie debería creer que éste es un conflicto nuevo: se arrastra del inicio de la administración de Soberanes Fernández en la CNDH y cuando el general Macedo de la Concha era procurador de justicia militar y se agudizó, sobre todo, con los casos de dos campesinos guerrerenses que han sido reconocidos como defensores de los bosques y la ecología por distintas instituciones de derechos humanos pero que, según las investigaciones militares de la época, en realidad, además de sus labores ecologistas eran simpatizantes del EPR y participaban en el narcotráfico en la entidad. Ese conflicto aún está lejos de dirimirse y el mismo ya llegó hasta las manos del propio presidente Fox que ha anunciado que revisará el caso de los dos campesinos ecologistas que, al mismo tiempo, podrían ser guerrilleros y narcotraficantes, una ecuación que siempre es bastante difícil de resolver. Desde entonces la relación entre Soberanes y Macedo es simplemente mala y nada indica que vaya a mejorar.

La pregunta es qué hacer ante esto: en todo caso, la guerra contra el crimen organizado existe, es real y está amenazando al Estado mexicano y sus instituciones. Y ante ello se deben tomar medidas firmes: no se puede estar tonteando. Por la otra, sin duda, esa lucha se debe dar en el marco del respeto a los derechos humanos. El punto está en cómo lograr que ambas cosas sirvan para potenciar la lucha contra el crimen organizado y no para ponerse, recíprocamente, obstáculos.

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