Una gobernabilidad endeble
Columna JFM

Una gobernabilidad endeble

En Yucatán, como en muchos otros conflictos políticos en el país, las señales están cruzadas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación continúa en su posición original. El presidente Fox dice que aplicará la ley e incluso asegura que podría pedir el desafuero del gobernador y los congresistas locales yucatecos.

En Yucatán, como en muchos otros conflictos políticos en el país, las señales están cruzadas por no decir que entrampadas en una lógica que de tal no tiene nada.

Vea usted si no es así. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación continúa en su posición original pero no va más allá de enviar declaraciones. El presidente Fox dice que se aplicará la ley e incluso asegura que se podría pedir el desafuero del gobernador y los congresistas locales yucatecos para hacerlos detener, lo mismo se haría con los consejeros que aceptaron participar en el consejo designado por el congreso. El subsecretario de gobierno, Ramón Martín Huerta, dijo el martes en la noche en Los Pinos que “ese asunto” se arregalaría a más tardar a la medianoche del día siguiente, o sea hace más de 48 horas. Pero mientras se amenaza con el desafuero al gobernador y los legisladores y con la cárcel a los consejeros, resulta que el Congreso local lanza la iniciativa del superconsejo y logra tener a 13 consejeros, los siete originales más seis provenientes del consejo insaculado por el Trife (tres titulares y tres suplentes), lo que implica no sólo que se salió con la suya sino que, además, rompió el consejo insalucado por el Trife, ya que si se aplica estrictamente la interpretación de la ley que están utilizando las autoridades federales esos seis inegrantes que se sumaron al superconsejo también tendrían que ser procesados: en los hechos el consejo insaculado ya no existe como tal. Y en la SG se habló de la posibilidad de desaparecer poderes pero ello no es posible, por la sencilla razón de que se requieren dos tercios de los votos del senado y ni sumando al PAN y al PRD se llegan a obtener y ningún priísta se sumaría a esa estrategia.

Ya habíamos dicho en alguna oportunidad que en la administración Fox se ha hablado con insistencia de tener una “gobernabilidad democrática” quizás sin comprender que lo prioritario para éste o para cualquier gobierno es la gobernabilidad sin adjetivos. Y lo que el caso Yucatán está demostrando es que la gobernabilidad está lejos de haberse afianzado.

Porque el problema no es cómo se pueden solucionar o no distintos capítulos de la vida nacional por sí mismos, sino como se logra engarzar el conjunto de la toma de decisiones en un mismo sentido, en la búsqueda de objetivos definidos en el desarrollo del país: no puede haber una agenda para Yucatán, otra para Tabasco, una tercera para Chiapas, una agenda legislativa aparentemente separada de todo lo anterior y expedientes abiertos en todas las elecciones que vendrán este año y pensar que cada uno de esos y otros puntos se pueden analizar por separado y que las decisiones que se toman en un caso no se aplican al otro cuando en la mayoría de las ocasiones los que participan son exactamente los mismo actores políticos.

¿Cómo se aterriza todo esto? El punto central para la gobernabilidad del nuevo oficialismo que no tiene mayoría propia en el Congreso, es establecer acuerdos con el PRI o con el PRD, no hay más. Cuando el salinismo tenía mayoría pero no legitimidad tuvo que hacer acuerdos específicos con el PAN para gobernar. Cuando Ernesto Zedillo perdió la mayoría legislativa tuvo que hacer acuerdos con el PAN para sacar las pocas iniciativas que el congreso le aprobó. Hoy la administración Fox puede adornar como quiera el término gobernabilidad pero para ejercerla debe lograr acuerdos específicos con alguna de sus principales oposiciones pero con ambas, con el PRI y el PRD toma caminos que no llevan a ninguna parte.

Un ejemplo: el PAN está analizando una alianza con el PRD en todos los estados donde el PRI tiene mayorías con el objeto de derrotarlo: ello se da en Yucatán y Tabasco específicamente, se dio en Chiapas y podría darse en varias elecciones municipales de las muchas que habrá este año. Pero al mismo tiempo, el PAN quiere una alianza con el PRI para sacar adelante su agenda legislativa, a la que el PRD se opone frontalmente. O sea que el nuevo oficialismo quiere aliarse con el perredismo para que el PRI pierda todas sus posiciones de gobierno significativas al mismo tiempo que quiere que el tricolor lo ayude a mantener la gobernabilidad incluso asumiendo costos por ello. En otras palabras, quiere que el PRI se suicide políticamente, a cambio de nada, para salvarle la vida. Ese no es un esquema de gobernabilidad: es la mejor forma de hacer estallar ésta en mil pedazos.

Los hombres de Gobernación no parecen comprenderlo. Hablan de que no quieren negociaciones secretas, que no parezcan concertacesiones sin comprender que, en muy buena medida, hoy el PAN está en el gobierno por haber utilizado durante un largo periodo de acumulación de fuerzas precisamente esa capacidad de negociación para consolidar sus posiciones. Y eso no es politiquería ni algo turbio, así funcionan todos los regímenes democráticos del mundo. ¿Cómo puede el gobierno federal aterrizar su agenda legislativa si el secretario de Gobernación no ha tenido encuentros formales o informales con la dirigencia del PRI o del PRD, sin saber específicamente qué quiere cada partido, hacia dónde se quiere dirigir, cuáles son sus reivindicaciones en otros terrenos, las ofensas que sienten que el gobierno les ha infrigido y las posibilidades de acuerdos?

Los hombres del poder e incluso el propio presidente Fox se quejan de que en el PRI y en el PRD no tienen interlocutores, que ambos partidos se encuentran en una crisis interna sin dirigencias claras. Y sólo tienen una parte de la razón: tanto el PRI como el PRD tienen dirigencias formales y aceptadas por los propios partidos independientemente de las divisiones internas que esos partidos tienen: Dulce María Sauri es la presidenta del PRI y Amalia García la presidenta del PRD. Y ellas deben tener la interlocución con el gobierno federal: si en el nuevo gobierno creen que con tener interlocución vía legislativa con los coordinadores de esos partidos en las cámaras es suficiente se equivocan, están fraccionando la negociación y el debate y por eso no encuentran un espacio de gobernabilidad real en el cual moverse.

Eso es más notable aún respecto al PRI que al PRD. Porque en el PRI se conservan no sólo muchos espacios de poder en las cámaras, en 20 gobiernos estatales y en más de dos tercios de los municipios del país, sino también porque, a pesar de todo, allí el esquema de disciplina sigue funcionando aunque usted y yo no lo creamos. Los priístas parecen estar concientes de que la hora de la lucha interna abierta aún no llega y buena parte de ellos quiere operar como un partido político. Y como tal, el nuevo oficialismo debería tratarlo, no como una suma de corrientes divergentes entre sí.

Porque nadie debería engañarse, si la administración Fox quiere que se aprueben la ley hacendaria, la reforma energética, la ley de derechos y cultura indígenas y otras iniciativas, tendrá que hacerlo con el voto conjunto del PAN y el PRI, porque evidentemente el PRD no apoyará ninguna de esas propuestas. Y aquí llegamos a un punto tan preocupante como los anteriores que explica los graves problemas de gobernabilidad que se presentan: no sólo los contactos orgánicos de la SG y del resto del gobierno federal con el PRI y el PRD son escasos cuando no inexistentes, sino que, además, tampoco se establecen entre el gobierno y el propio PAN. Y si se quieren ejemplos allí está el propio caso Yucatán, la reforma hacendaria o la ley de derechos y cultura indígena, en los que es evidente que el gobierno no ha podido aterrizar (o no lo ha intentado) una estrategia con su propio partido.

Es paradójico: hoy ni el PRI sabe actuar como una verdadera oposición (porque tampoco han sabido acercarse al gobierno para provocar esa negociación) ni el foxismo sabe actuar como lo que es: un nuevo oficialismo que debe actuar con una lógica de poder, no de partido opositor, como todavía en buena medida lo hace.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *