El peso de la PGR se ha ido imponiendo poco a poco en el debate interno que se libra al interior del gobierno foxista entre los distintos organismos de seguridad; que se refleja, sobre todo, en la ausencia de una estrategia común de combate al crimen. Las cosas parecen estar cambiando: primero, porque la coordinación del área de seguridad que recae en Adolfo Aguilar Zínser ha ido apretando a los distintos organismos; segundo, por la mancuerna que han formado la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, la PGR ha comenzado a completar su plantilla con designaciones que permitirán profundizar en este esquema.
Pareciera que poco a poco el peso de la PGR se ha ido imponiendo en el debate interno que se libra al interior del gobierno foxista entre los distintos organismos de seguridad y que se refleja, sobre todo, en la ausencia de una estrategia común de combate al crimen: no es que no existan estrategias particulares de las distintas instancias de seguridad, lo que sucede es que hasta hace muy poco, cada una establecía la suya y la seguía en forma independiente.
Aparentemente, las cosas parecen estar cambiando en las últimas semanas y ello gracias a dos factores: primero, porque la coordinación del área de seguridad que recae en Adolfo Aguilar Zínser ha ido apretando a los distintos organismos que participan de la misma para “acotar” sus espacios de autonomía y para tratar de ceñirlos a una estrategia común. Segundo y tan importante como lo anterior, porque la mancuerna que han formado la PGR con la secretaría de la Defensa Nacional, que se puede comprobar fácilmente revisando el organigrama de la Procuraduría, hacen evidente que allí se concentra el polo de decisiones en el área y convierten a la procuraduría en una virtual cabeza de sector.
Incluso en la SSP que dirige Alejandro Gertz Manero, la presencia militar, pese a las desavenencias graves que se presentaron entre el titular de la dependencia y el anterior comisionado de la PFP, el almirante Wilfrido Robledo Madrid y que se reflejó en una denuncia bastante poco sustentada por la compra de distintas aeronaves en los dos años pasados para esa dependencia (una denuncia que ya prácticamente ha quedado desestimada porque lisa y llanamente se equivocaron quienes la levantaron) la presencia militar es inocultable.
Además, la PGR ha comenzado a completar su plantilla con designaciones que permitirán profundizar en este esquema. Afortunada, sin duda, es la designación de María de la Luz Lima Malvido en la subcprocuraduría de coordinación. Por varias razones: sabe su trabajo, conoce las áreas de seguridad y de la propia procuraduría, pero, además, se ha especializado a lo largo de los años en algo que quizás es el reto prinicipal en la lucha contra el crimen organizado: la participación de la sociedad en la misma. Lima Malvido viene de una larga trayectoria en esos espacios y sin duda será una pieza importante para Rafael Macedo de la Concha y le permitirá, por una parte, tener un interlocutor válido ante distintos sectores, y, por la otra, por su perfil, Lima Malvido podrá establecer una muy buena comunicación con la secretaría de seguridad pública, algo que, por diferencias políticas y personales no se daba entre Alfonso Navarrete Prida y Gertz Manero.
Para la unidad especializada en la lucha contra el crimen organizado, Macedo volvió a recurrir a procuradores o delegados estatales de la PGR, en este caso el de Nuevo León, Marcelo Garza y Garza, quien desde mayo pasado ocupaba esa posición. Y si la cumplió con responsabilidad, sin duda ya sabe cómo opera el crimen organizado porque ese estado se ha convertido muy rápidamente en un centro de inversiones (léase lavado de dinero) y de residencia de muchos operadores de alto nivel del crimen organizado. Un abogado, Carlos Mendoza, estará al frente de la Interpol-México, donde Ponce Edmonson había realizado durante varios años una muy buena labor (¿están convencidos los hombres del poder que tantos personajes de experiencia deben ser reemplazados simultáneamente en todas las áreas de seguridad pública?). En el área de comunicación social, Macedo de la Concha decidió apostar una vez más a lo conocido y designará a la mayor Manuela de la Rosa que ya ha cumplido y bien, esas funciones en la Sedena.
Ahora bien, independientemente de estos nombramientos, quizás lo que puede resultar más interesante en el corto plazo es una suerte de vuelta de tuerca que se dará a los sistemas de coordinación surgidos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (que acertadamente la administración Fox ha decidido mantener e incluso fortalecer): además de la coordinación global que ese sistema permite, se están estableciendo esquemas de colaboración y operación regionales, por distintas áreas geográficas, para atacar problemas específicos. Un primer jeemplo de ello se ha dado con los estados del noroeste: Sinaloa, Baja California, Sonora, BCS incluyendo a Chihuahua y Durango, para atender la virtual guerra del y entre el narcotráfico que se libra en esas entidades y particularmente en Sinaloa, donde desgraciadamente el número de ajustes de cuentas crece día con día, con el objeto de, por una parte, establecer estrategias que incluyan y coordinen a ls fuerzas federales que operan en esos territorios tras objetivos específicos y otro, tan o más importante que el anterior, para involucrar a los gobiernos estatales en la lucha contra el crimen organizado, una tarea a la que muchos gobernadores le rehuyen. Un ejemplo más cercano fue la reunión que mantuvieron este fin de semana en Cuernavaca, la PGR con los procuradores del DF, el estado de México, de Morelos e Hidalgo, entre otros, para establecer mecanismos de seguridad conjuntos para toda el área metropolitana.
En este sentido, un objetivo clave debe ser la incorporación plena de todas esas procuradurías al Sistema Nacional de Seguridad Pública: hasta hace muy poco, el gobierno del DF, por ejemplo,se había negado a incorporarse y participar de una estrategia común, la que siempre fue rechazada por el ex procurador capitalino Samuel del Villar, y que ahora su sucesor, Bernardo Bátiz parece estar revisando a fondo. No es ninguna novedad decir que sin una participación de las autoridades capitalinas no habrá una mejora en la seguridad pública en toda el área metropolitana de la ciudad de México, pero que, además, sin ella, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tampoco podrá mostrar éxito alguno en este sentido. En todo caso, lo que estará a prueba con este nuevo esquema de muchas coordinaciones regionales, es la confianza que se logre entre las distintas instancias estatales y por ende el grado de infiltración que puede tener el crimen organizado en esos espacios de poder.
Simultáneamente, se están estableciendo en forma no pública, esquemas de coordinación entre la procuraduría y las áreas especializadas de los países con los que México debe atender el desafío del crimen organizado: está en marcha un acelerado programa de cooperación y colaboración bilateral con Estados Unidos, otro con Colombia y un tercero con las naciones centroamericanas, pero particularmente con Guatemala, un país donde el crecimiento del narcotráfico y de distintas ramas del crimen organizado, como es el tráfico de gente, ha tenido un crecimiento espectacular y que tiene en Chiapas y Tabasco una puerta de entrada realmente amplia (precisamente uno de los grupos regionales que deben comenzar a operar con mayor urgencia es el de los estados del sureste, como una forma de complementar la operación sellamiento que está mostrando más de una perforación en los últimos tiempos). Una vez más, el punto clave en todo esto parece ser la confianza y evitar las filtraciones de información, porque con esos tres países, en uno u otro sentido, siempre hubo problemas para establecer una adecuada coordinación, por la desconfianza existente entre las distintas autoridades.
El dato nuevo es que todo indica que, por lo menos con Estados Unidos y en otra dimensión con Colombia, se vive una suerte de luna de miel en materia de cooperación. Habrá que ver los resultados, aunque el primer desafío está a la vista: la decisión común de los gobiernos de Estados Unidos y México, de acabar con los Arellano Félix (una decisión en el que juega un papel clave también Colombia, porque de allí provienen los aprovisionamientos de droga del cártel de Tijuana y que se complica por las relaciones que sectores de las FARC pudieran tener con la producción de cocaína). Habrá que esperar los resultados.