Hoy el gobierno federal presentará oficialmente al Congreso de la Unión su ambiciosa reforma hacendaria, que incluye un amplio capítulo de reformas fiscales. El debate sobre la reforma hacendaria se ha centrado, hasta ahora, en un tema: el gravamen a las medicinas y alimentos. Cuándo en realidad se trata de gravar prácticamente todos los productos y servicios que, hasta ahora, están libres de impuestos.
Si no hay cambio de planes hoy el gobierno federal presentará oficialmente al congreso de la Unión su ambiciosa reforma hacendaria, que incluye un amplio capítulo de reformas fiscales pero que, sin duda, va más allá.
Hasta ahora el debate sobre la reforma hacendaria se ha centrado, y es lógico que así haya sido, en un tema: el gravamen a las medicinas y alimentos con el 15 por ciento del IVA. En realidad se trata de gravar prácticamente todos los productos y servicios que, hasta ahora, quedan libres de impuestos. Y en ese mismo sentido, las primeras reacciones han sido de rechazo hacia esas reformas: queda más que claro que a nadie le gusta que le aumenten los impuestos. Sin embargo, la mayoría de las encuestas serias que se han levantado sobre el tema reflejan esa realidad, pero también muestran que la ciudadanía, en su mayoría, ya ha asumido que ese incremento es casi inevitable y, si habláramos de mercados, diríamos que ya ha “descontado” el mismo. Pero la lucha política que se librará en torno a la reforma hacendaria está por venir.
El gobierno federal tratará de presentar la reforma desde una perspectiva mucho más amplia que lo fiscal: el eje político es presentar la reforma como una estrategia redestributiva, no sólo entre las personas y los grupos sociales sino entre los tres niveles de gobierno, de forma tal que permita un mayor y más sano crecimiento, un pago progresivo más justo de impuestos y una apoyo directo a los sectores más desprotegidos, con el gancho, en lo fiscal, de incrementar todo lo relativo a la carga de impuestos al consumo pero reduciendo los impuestos sobre la renta y simplificando la recaudación, eliminando muchos impuestos específicos o discrecionales.
Por eso la presentación del plan estará a cargo del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y de la secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota. La serie de medidas que se contemplan para paliar el costo del incremento al consumo en los sectores más desprotegidos es, en verdad, muy amplia. Se propone una devolución vía los padrones de Progresa, Liconsa y Tortilla, de 100 pesos mensuales directos a unas cinco millones de familias. A otras cinco millones de familias que están por encima de ese nivel se les otorgará un crédito al salario que implicará un reintegro de unos 900 pesos anuales. Según los cálculos oficiales, esas cifras, que involucran a los 10 millones de familias que viven en situación de pobreza o pobreza extrema, les retribuye mucho más de lo que pagan en términos fiscales, en cualquier concepto. Hay otros elementos contemplados en la iniciativa: se amplia la tasa cero para quienes tienen ingresos menores a los 50 mil pesos anuales de ingreso, se permitirá descontar de impuestos la prima de los seguros de gastos médicos y el 20 por ciento de las colegiaturas, en las empresas se autorizará la deducción inmediata de las inversiones realizadas en las que sean consideradas zonas marginadas, se elimina el impuesto a los dividendos, se iguala la tasa de ISR a personas físicas y morales y, sobre todo, este impuesto se reduce sustancialmente para dejarlo un poco por encima del 30 por ciento.
¿Implica ello que la reforma es efectivamente redistributiva o no exclusivamente recaudatoria?. En realidad, incluso con todos estos elementos puede ser las dos cosas. Dependerá en buena medida de cómo se utilicen los recursos que se recauden: allí estará el secreto. Los compromisos que el gobierno acepta adquirir en ese sentido son múltiples: el punto estará en analizar cómo se verifica su cumplimiento. Y ese instrumento lo tienen los legisladores vía la distribución presupuestal: si realmente el excedente que generará este incremento en la recaudación fiscal se aplica en programas sociales y de infraestructura social es algo que estará en las manos de los propios legisladores cuando aprueben o modifiquen la distribución de las partidas presupuestales.
En realidad, la reforma hacendaria parece ir en el sentido que se ha impuesto en la mayoría de las naciones: elevar el único impuesto realmente generalizado y que incluye a todos, que es el impuesto al consumo, mientras se reduce la carga a los impuestos sobre la renta, en nuestro caso involucrando también un programa especial de redistribución para apoyar a las familias que están, en los hechos, tanto fuera del ingreso real como del consumo. Y en ese mismo sentido, con las adecuaciones y ajustes que sean necesarios, debería ser apoyada si se garantiza, precisamente, que los excedentes fiscales realmente se canalizarán hacia el gasto social y todo ello va de la mano de una estricta política de austeridad gubernamental y se evita la corrupción (que ya hemos visto que es como la humedad, se cuela por todos lados y no respeta linderos partidarios o ideológicos).
Pero para que la reforma hacendaria sea aprobada se requiere del apoyo de los partidos en el congreso y allí, por más que Gil Díaz diga que tiene asegurado el voto del poco más del 80 por ciento, la situación es muy compleja. En primer lugar, el PRD ya ha anunciado que se opondrá. Incluso en una acción bastante infantil sus legisladores del DF y federales “clausuraron” simbólicamente la BMV en días pasados en su campaña contra el IVA. Su propuesta que no es nueva, reclaman que en lugar de castigar fiscalmente a los consumidores se graven las utilidades generadas en la Bolsa. Es una fórmula tan simplificadora como la que mostraba López Obrador cuando decía que la única razón para que existiera el horario de verano era para equiparar la BMV con las bolsas de Estados Unidos. Por supuesto que se producen utilidades muy altas en la especulación bursátil, pero también pérdidas espectaculares: la pregunta es sencilla ¿si se gravan las utilidades se permitirá descontar del fisco las pérdidas? Y, además, en un mercado globalizado y abierto como el que existe a nivel internacional, donde en cuestión de segundos se pueden mover millonarias sumas por mercados de todo el mundo ¿cómo se garantizará que los movimientos bursátiles simplemente se realicen en otros mercados en lugar de en el nuestro? ¿la lógica inherente en todo esto será que lo que se desea es alejar a los mercados mexicanos de esos mercados globales? ¿no se comprende que en última instancia el mercado bursátil mexicano no sólo depende sino que se mueve más al ritmo y las tendencias del de Nueva York -donde cotizan la mayoría de las grandes empresas nacionales-, que de las tendencias nacionales?. Evidentemente puede haber un marco regulatorio que permitiera que esas utilidades pudieran de alguna forma gravarse a nivel del ISR, pero por allí no pasa la solución a las exigencias recaudatorias del país. Pero es un buen slogan publicitario, como en su momento lo fue todo lo referente al Fobaproa.
Entonces el desafío para el gobierno está en lograr el apoyo del PAN y del PRI. Y en primer lugar, el presidente Fox debe tener al respaldo para esto de su propio partido, aligerar las diferencias que propició el tema chiapaneco y lograr tener una posición homogénea con los líderes de las bancadas, Felipe Calderón y Diego Fernández de Cevallos que necesariamente deberá contemplar compromisos mutuos, en éste y en varios otros temas. Por esa razón este fin de semana el presidente Fox se reunirá con Felipe, con Diego y con Luis Felipe Bravo Mena. Si no existe ese acuerdo con el PAN, la reforma no saldrá adelante. Lograr acuerdos con el PRI será más complejo pero puede avanzarse en ello. Los priístas parecen comenzar a encontrar su papel como principal partido opositor, por lo menos en el Congreso, y también comienzan a disfrutarlo. En este caso harán, sin duda, pagar un costo por un eventual apoyo al gobierno federal, pero si éste lo paga podrían respaldar la iniciativa con ciertas reformas que les permitan algunas ventajas políticas. Lo cierto es que viene la mayor batalla legislativa (mucho mayor que la de la ley indígena) que deberá afrontar esta administración. A ver cuál es el resultado.