El PAN anunció este fin de semana que apoyará la propuesta fiscal del presidente Vicente Fox. El PRD se opondrá frontalmente y el PRI ya ha anunciado mediante un vistoso desplegado que se opondrá a ella. Sin embargo, es muy probable que los votos en el Congreso, finalmente se presenten de otra forma. Ya que un punto central de la propuesta, un cinco por ciento de lo recaudado a través del nuevo ordenamiento quedaría en poder de las autoridades estatales y la parte principal quedaría en manos de los gobernadores.
El PAN anunció este fin de semana que apoyará la propuesta fiscal del presidente Fox. Luego de las reuniones que mantuvo el presidente con los legisladores panistas salió ese acuerdo que fue reforzado con encuentros personales con dirigentes partidarios y legislativos del blanquiazul. El punto estará en saber, ahora, en qué medida los diputados y senadores del PAN estarán dispuestos no sólo a apoyar la propuesta del presidente sino también a defenderla y respaldarla.
El esquema legislativo para sacar adelante la propuesta fiscal es complejo y bastante impredecible. En términos muy esquemáticos se podría decir que el PAN votará por ella, que el PRD se apondrá frontalmente y que el PRI ya ha anunciado mediante un vistoso y muy poco razonado desplegado que se opondrá a ella. Sin embargo, es muy probable que los votos en el congreso, finalmente se presenten de otra forma.
Lo que sucede es que los términos de la reforma pueden hacer alejar a los líderes legislativos de los diputados y senadores que tienen compromisos con los gobernadores de su propio partido. Un punto en esto es central: según la propuesta, un cinco por ciento de lo recaudado a través del nuevo ordenamiento quedaría en poder de las autoridades estatales. Y estamos hablando de cantidades muy importantes, sobre todo para muchos estados que han visto en el pasado inmediato como los gobiernos locales quedaron ahorcados para realizar obra pública porque una parte se la llevaba la federación, pero otra venía a los municipios en forma directa, ya etiquetada. Muchos gobernadores quedan así a medias: las obras importantes las hace la federación y la cotidiana los municipios. Y de esa forma su poder se diluye. Con la nueva propuesta, si bien un porcentaje de esa recuadación extra, de ese cinco por ciento, iría a los presidentes municipales, la parte principal quedaría en manos de los gobernadores. Y allí puede estar la diferencia a la hora de votar.
Porque aquí veremos en los partidos en crisis interna que tenemos en estos días, cómo se alinean los poderes internos y hasta qué punto la disciplina se impone respecto a los intereses específicos de cada uno de esos sectores. En el caso del PAN esas contradicciones, en esta ocasión, serán menores: los senadores y diputados del blanquiazul, en el tema zapatista, jugaron a representar las posiciones de los sectores tradicionales de su partido y con ellos quedaron bien, pero pagaron un costo en relación con su imagen política. Y sobre todo, se mostraron distanciados de un poder presidencial que sigue teniendo cotas de popularidad altas: el presidente Fox y el PAN tienen y pueden seguir teniendo diferencias importantes pero ambos se necesitan mutuamente y sería inconcebible que el partido en el poder no apoyara al presidente en el prinicipal proyecto legislativo que éste enfrentará en su administración. Pero, además, sin duda, esta iniciativa tiene el respaldo de los gobernadores panistas que, en general, se mostraron indiferentes al tema zapatista.
En el PRD se supone que las posiciones están tomadas. Habrá una férrea oposición a la reforma hacendaria por razones de principios y de estrategia: puede ser que algún gobernador termine apoyándola (sobre todo Antonio Echevarría y, quizás, Pablo Salazar Mendiguchía, aunque ninguno de los dos puede ser considerado perredista), pero los factores de poder real del partido: Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Amalia García y Rosario Robles se opondrán a la reforma y cualquier voz disidente será, sin duda, acallada por el peso del aparato partidario. En todo caso, la mayor disidencia que podrá encontrarse en el perredismo será alguna abstención.
En el PRI se enfrentarán a una decisión difícil. Una propuesta como la que ahora impulsa Fox intentó ser presentada en múltiples oportunidades por la pasada administración de Ernesto Zedillo, pero el costo traumático del aumento del IVA a principios del 95 lo impidió, como lo impidió la oposición panista a esa medida. Pero muchos priístas son concientes de que es una decisión necesaria, de la misma manera que en el pasado muchos panistas también lo sabían y, sin embargo no la apoyaron. Desde esa perspectiva, el desplegado que mandó publicar el PRI oponiéndose al aumento del IVA en medicinas y alimentos, tiene lógica política. Pero habrá que ver cuáles son sus alcances reales.
Porque en pocos aspectos puede presentarse una contradicción tan dura en el priísmo como en este campo (también se presentó en el debate sobre la utilización de la tribuna por los zapatistas, pero fue más matizada). Sin duda, Dulce María Sauri, desde la presidencia del PRI impulsará el rechazo a la iniciativa presidencial, pero ¿qué sucederá abajo?.
Con mayor poder real que la propia Sauri en la bancada priísta, seguramente también se opondrá Beatriz Paredes que ya ha comenzado una operación de largo alcance tratando de quedarse con la presidencia del partido tricolor en la asamblea partidaria de noviembre próximo. Beatriz fue la artífice del cambio de voto entre los diputados priístas en el tema EZLN, para que apoyaran la propuesta de abrir la tribuna y, si bien se dijo que no hubo línea lo cierto es que la presión para que el voto fuera por el sí de parte de la ex gobernadora de Tlaxcala, fue intensa y logró arrancar esa veintena de votos que, finalmente, hicieron la diferencia. En la lógica con la que está operando Beatriz, se opondrá a la reforma hacendaria.
Pero esta vez se enfrentará a la posición de los gobernadores priístas. En realidad, hasta ahora, la mayoría de los gobernadores no han operado en la situación interna del PRI. Lo han hecho en un grado mucho mayor los coordinadores parlamentarios y algunos políticos en particular, pero la mayoría de los gobernadores se han ocupado más en conservar la gobernabilidad en sus estados en el contexto del nuevo equilibrio de poder, de restablecer o establecer su relación con Fox y con los distintos centros de poder, que a intervenir en las decisiones internas de su partido. Y en esta ocasión, todo parecería indicar que los gobernadores seguirán actuando con esa lógica: primero, porque las participaciones fiscales adicionales hacen la diferencia para muchos de ellos; segundo, porque ellos mismos sufren presiones similares a las del gobierno federal en este tipo de cuestiones; tercero, porque la mayoría saben que, una ruptura con el presidente al inicio del mandato de éste, les podría generar problemas que, desde el primero de diciembre pasado han querido evitar: actuarán, como en buena medida lo hicieron los gobernadores panistas en el pasado.
Así que no sería nada descabellado que los gobernadores priístas o por lo menos buena parte de ellos impulsaran entre sus diputados y senadores una posición pro reforma hacendaria que se podría reflejar en dos cosas: un apoyo parcial a la misma presionando por mayores beneficios directos o indirectos para sus respectivos estados o un abstencionismo activo que los lleve a oponerse públicamente pero no participar en las votaciones, como en el pasdo lo hicieron en más de una oportunidad los panistas cuando quisieron darle luz verde a alguna iniciativa del PRI, sin comprometerse con ella. Recordemos en este sentido que la votación de la ley, de la reforma hacendaria, es por mayoría simple y no se requiere, como en una reforma constitucional, de los dos tercios de los votos.
El tema se torna más complejo porque si bien los coordinadores parlamentarios del tricolor en estas circunstancias tienen amplios espacios de poder, cualquiera que tenga un proyecto que vaya más allá, como es el caso de Beatriz Paredes, tendrá que contar con el respaldo de sus gobernadores para hacerlo realidad. El punto clave de la reforma, entonces, estará en saber hacia dónde se inclinarán los gobernadores del PRI.