El secretario de Gobernación, Santiago Creel ha logrado fortalecer y mucho su posición con el acuerdo que finalmente se logró en Yucatán y con los avances registrados en Chiapas. Pero, la parte compleja, difícil, de su función apenas está comenzando. En primer lugar está la propia ley de derechos y cultura indígenas; la reforma hacendaría y el acuerdo de Yucatán. Como si la agenda nacional fuera pequeña, Creel realizará hoy y mañana una gira junto con el canciller Jorge Castañeda, por Washington.
Para el secretario de Gobernación, Santiago Creel, el trabajo en lo que resta del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión va a crecer en proporciones geométricas. Es verdad que el inquilino del Palacio de Covián, ha logrado fortalecer y mucho su posición con el acuerdo que finalmente se logró en Yucatán y con los avances registrados en Chiapas. Pero, la parte compleja, difícil, de su función apenas está comenzando.
La agenda que se ha acumulado en Gobernación es muy amplia y los márgenes que tiene el gobierno federal para moverse en este sentido es relativamente estrecho. Por eso mismo y porque, como se ha indicado, muchos de los instrumentos de los que gozaba en el pasado esa dependencia han pasado a otras manos (con la excepción del Cisen que, pese a lo que se ha dicho una y otra vez, sigue estando bajo control de la SG) el recurso privilegiado del que tienen que hacer uso Creel y su equipo es llegar a múltiples acuerdos políticos que, además, deben hacer respetar a los actores involucrados.
Lo estrecho de los márgenes de negociación se perciben cuando se analizan los principales puntos de la agenda de Gobernación. En primer lugar está la propia ley de derechos y cultura indígenas. Sin duda, las cosas en el tema chiapaneco salieron muy bien para casi todos, salvo para un actor que debería ser privilegiado para el gobierno federal, que es la bancada parlamentaria del PAN. Es verdad que las dificultades que tuvo el PAN en ese debate en parte le allana el camino al gobierno federal para lograr acuerdos con su propia bancada legislativa. Pero la verdad es que los diputados y senadores del PAN no podrán aprobar ahora sin cambios, luego de la forma en que apostaron en torno al debate de la ley indígena, lo que pretenden el presidente Fox y el secretario Creel. La tesis que se ha impuesto en el gobierno federal y que, paradójicamente comparte el PRD, es aprobar la iniciativa de ley como se envió, o sea con base en el documento elaborado hace ya casi cuatro años por la antigua Cocopa, quizás sólo con algunos ajustes menores y dejar para después, para la elaboración de la ley reglamentaria, el debate sobre los distintos aspectos muy específicos de la misma. El punto es que se le daría validez constitucional a criterios que siguen siendo muy debatidos (como las características de la autonomía, no la autonomía en sí que no es objeto real del debate) para después matizarlos en una ley reglamentaria. La lógica indicaría que tendría que ser exactamente al revés, las necesidades políticas quizás se orienten en otro sentido. De todas formas, será difícil que el panismo pueda aceptar sin cambios una iniciativa de ley a la que se ha opuesto en muchas oportunidades desde 1996. Y en ese sentido, el equilibrio para negociar con la bancada panista pero también con las del PRI y el PRD, operando cambios que permitan que todos los actores, incluyendo el EZLN, acepten la nueva legislación tendrá que provenir de la secretaría de Gobernación.
Con varios problemas adicionales: por ejemplo, la distancia de los legisladores priístas con el subsecretario de desarrollo político y encargado del contacto legislativo de parte de Creel, Juan Molinar Horcasitas, es muy amplia, por divergencias surgidas desde los tiempos en que Molinar fue consejero del IFE. No importa saber quién tiene razón en ese debate, ni tampoco hacer menos la personalidad de Juan Molinar, al contrario, lo que sí es un problema que esa vía esté, en el caso de los priístas y Gobernación, deteriorada. Es verdad que parte de esas labores la cumplen la influyente coordinadora de asesores, María Amparo Casar y el no menos influyente subsecretario de Gobierno, Ramón Martín Huerta. Pero el problema existe, aunque ha disminuido desde que la secretaría decidió buscar interlocuciones directas e institucionales en lugar de vías alternas cuya capacidad de interlocución está, con razón o sin ella, cuestionada por la propia situación que vive el priísmo.
Ello se reflejará, como decíamos ayer, sobre todo en la negociación de la reforma hacendaria. El presidente Fox, una vez convencida la fracción panista, necesita de una treintena de legisladores para sacar adelante esa ley, que podrían ser más si, como todo parece indicar, el PVEM de Jorge González Torres no respeta el compromiso que habría asumido la semana pasada con el propio presidente. El secreto para tener esos votos está en dos niveles: en los acuerdos que pudiera obtener con el PRI en general y en los que deberá establecer con los gobernadores priístas en particular (e incluso con algunos cercanos al PRD como Antonio Echevarría y Pablo Salazar). En los hechos esos contactos ya comenzaron y habrá que ver si se puede llegar a acuerdos.
Se podrá argumentar que la labor de lobbing en este caso le corresponde a la secretaría de Hacienda, y en la parte estrictamente económica pudiera ser así, pero en la negociación política, y ésta sin duda lo es, las cartas debe repartirlas la SG: allí es donde se ganan o pierden este tipo de negociaciones. Y los legisladores y dirigentes panistas lo saben mejor que nadie por su experiencia de años, lo único que antes estaban colocados del otro lado de la mesa.
Que esa operación ya ha comenzando se nota en algunos detalles interesantes. Por ejemplo, el acuerdo de Yucatán que no se había podido alcanzar con anterioridad por la oposición del PAN local. Para terminar respaldando lo que decida la Suprema Corte y no encajonarse, como ya lo había hecho sobre todo el panismo local (respaldado en parte por el nacional) en sólo aceptar la salida del consejo insaculado por el Trife, se debió llegar a un acuerdo con el PRI, con el PRD y con el propio PAN. No deja de ser significativo al respecto que, por ejemplo, finalmente el PAN no se haya sumado al recurso de inconstitucionalidad que presentó el PRD ante la Corte sobre la conformación del superconsejo. O que, finalmente, el PAN haya decidido no ir en una alianza con el PRD en Tabasco, lo que podría amplíar las posibilidades de un triunfo priísta. Recordemos que uno de los reclamos priístas era que el gobierno foxista les estaba pidiendo apoyo legislativos al mismo tiempo que el PAN impulsaba alianzas antipriístas en los estados. Por lo menos eso en Tabasco ya no se dio, además de que si bien se adelantó la fecha de las elecciones se mantuvo el del cambio de gobierno, el próximo primero de enero, y el PAN no cuestionó esa decisión. Evidentemente el PAN no hará alianzas con el PRD contra el PRI en ninguna de las otras entidades en las que se elegirá gobernador en este año, excluyendo Yucatán, donde el acuerdo se dio ya hace quince días. Y esas, muy probablemente, no sean casualidades. En política éstas no suelen existir.
Como si la agenda nacional fuera pequeña, Creel realizará hoy y mañana una gira, junto con el canciller Jorge Castañeda, por Washington. Ese tipo de visitas, en el pasado, no entraban en la agenda de trabajo y las responsabilidades del secretario de Gobernación: el único que hizo algo similar, en una visita que fue considerada, con toda razón, como una presentación en sociedad en los Estados Unidos antes de convertirse en candidato presidencial priísta, fue, en 1999, Francisco Labastida. Hoy eso también se transforma. Habrá que ver si al responsable de la política interior, le conviene involucrarse en la política externa.