La semana pasada presentamos en el programa México Confidencial de MVS un reportaje sobre los destinos que tienen los bienes asegurados a narcotráficantes mexicanos, una historia que generó múltiples repercusiones. Buena parte de esos recursos se utilizan para la corrupción de fuerzas policiales y de seguridad; pero la mayoría de esos recursos, se lavan en cuentas bancarias y se compran bienes muebles, sobre todo propiedades y se invierten en diferentes negocios.
La semana pasada presentamos en el programa México Confidencial de MVS un reportaje sobre los múltiples destinos que tienen los bienes asegurados, una historia que generó múltiples repercusiones. Es lógico que así sea: el de los bienes asegurados es un negocio que involucra miles de millones de pesos. Y es, también, una suerte de agujero negro, donde muchos de los bienes asegurados desaparecen o penetran definitivamente en otra dimensión.
Hagamos cuentas. Se estima que las utilidades mínimas de los narcotraficantes mexicanos que quedan en nuestro país oscilan en los seis mil millones de dólares al año. Buena parte de esos recursos se utilizan para la corrupción de fuerzas policiales y de seguridad, pero la parte del león, la mayoría de esos recursos, se lavan en cuentas bancarias, se compran bienes muebles, sobre todo propiedades y se invierten en diferentes negocios. En su nuevo libro, Ojos Vendados, Andrés Oppenheimer, hace un relato de las pocas semanas que pasó Amado Carrillo en Santiago de Chile, Buenos Aires y Punta del Este (Uruguay) y cuenta de qué forma el desaparecido jefe del cártel de Juárez, gastó millones de dólares en unas pocas horas comprando casas, ranchos, automóviles de lujo, camionetas, invirtiendo en empresas y hasta en campañas presidenciales. En nuestro caso hablamos de miles de millones provenientes del narcotráfico y siempre se habla de decomisos importantes, pero cuando se aterrizan esas cifras, comparados con el estimado, resultan ridículas.
Cuando un narcotraficante es detenido, esos bienes quedan en poder de las autoridades: estamos hablando de miles de propiedades, automóviles, cuentas bancarias, aviones, yates, empresas. Y si bien existe todo un esquema legal para disponer de esos recursos, lo cierto es que allí comienza uno de los más fructíferos negocios de la corrupción organizada. ¿Cuántos de los bienes decomisados llegan a su destino?¿cuántos se pierden?¿cuántos son utilizados para fines particulares?.
La historia comienza mucho más atrás, pero despertó interés en la opinión pública cuando el 8 de marzo del año pasado fue encontrado el cuerpo de Juan Manuel Izábal Villicaña, hasta ese día oficial mayor de la PGR. Izábal Villicaña, un hombre de toda la confianza del entonces procurador Jorge Madrazo, se suicidió porque las autoridades del Citibank descubrieron en una caja de seguridad privada a su nombre varios cientos de miles de dólares y decidieron informarle al procurador de su hallazgo. Las investigaciones posteriores permitieron comprobar que Izábal Villicaña tenía en distintas cajas de seguridad un millón 216 mil dólares en efectivo, 180 mil dólares en cheques de viajero y 680 mil pesos, en total cerca de un millón y medio de dólares. Las investigaciones que se realizaron entonces confirmaron que Izábal Villicaña no había recibido ese dinero del narcotráfico, porque no tenía responsabilidades operativas. Tampoco, aparentemente, se pudo comprobar que lo hubiera recibido por comisiones de compras realizadas por el PGR. La mira se enfocó entonces en los bienes asegurados y llevaron a la investigación y la fuga de su principal subordinado, José Francisco Miranda Noricumbo, ex director de bienes asegurados de la PGR.
Legalmente, desde el 14 de agosto de 1999, todos los bienes asegurados que incautan la PGR y otras áreas especializadas van a parar a manos del servicio de administración de bienes asegurados, un órgano desconcentrado de la secretaría de Hacienda y crédito público, conocido como el SERA. El problema es que no todos llegan allí y muchos otros lo hacen en condiciones muy diferentes a las idóneas. Según cifras oficiales, entre agosto de 1999 y noviembre del año 2000, al finalizar la pasada administración, el total de bienes asegurados era de 260 aviones, 137 embarcaciones, 978 inmuebles (actualmente superan ya los mil 200) cuatro mil 296 joyas distribuidas en 95 lotes, 120 millones 617 mil 380 pesos, 339 millones 761 mil 577 dólares y 6 mil 109 vehículos.
Según el propio SERA lo que ellos han recibido es una cantidad infinitamente menor: 4 mil 848 joyas, 842 vehículos, sólo 13 aeronaves, 15 embarcaciones, 29 empresas, 107 inmuebles, poco más de 13 millones de pesos y 19 millones de dólares. Evidentemente la diferencia entre los que se dice que se decomisa y lo que se entrega al SERA implica enormes diferencias.
¿Qué sucede con esos bienes? ¿cómo opera esa trama de corrupción y de dónde salen fortunas ilegales como la que se le encontró a Juan Manuel Izábal Villicaña? En realidad, el inicio se da en la propia PGR y se está trasladando progresivamente al propio SERA, este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda cuyas áreas operativas han comenzado a quedar en manos de ex agentes de la PGR y ex Ministerios públicos involucrados desde tiempo atrás en el manejo de los bienes asegurados.
La trama abarca varios capítulos: en primer lugar, de las mil 200 propiedades aseguradas, el SERA ha recibido, hasta ahora, poco menos del 10 por ciento de ellas. Al mismo tiempo se estableció un doble negocio. Una parte de las propiedades aseguradas no pasan a manos del SERA y quedan bajo el control, sobre todo, de una empresa de seguridad conformada por los ex comandantes de la PGR, para su resguardo y administración. Esa empresa se llama Seguridad Profesional Integrada, Seprisa, y está bajo la dirección de la ex comandante Clementina Mendoza Tenorio. Esta empresa se creó desde hace cinco años y ha trabajado desde entonces con los bienes asegurados de la PGR. Es una forma que encontraron los entonces mandos de la PGR y de la PJF para tener bajo su control esos bienes que, oficialmente están bajo control de una empresa privada.
El mecanismo que se utiliza es sencillo. Los bienes asegurados de mejor nivel y calidad terminan siendo rentados u ocupados por responsables del sector, e incluso muchos de ellos, cuando no son registrados legalmente, terminan siendo vendidos. Otros van a las manos de la empresa encargada de su resguardo que también los renta o los ocupa. De esta forma, se explotan los bienes de varias formas: se cobran rentas y se cobra por el servicio de resguardo, que supuestamente brindan las personas que los están ocupando (y pagando renta) y evidentemente tampoco se invierte en ese servicio. El negocio es perfecto: no sólo no se gasta en prestar ese tipo de servicio, salvo en algunas propiedades, sino que además se cobra la renta por ocupar los bienes asegurados.
No se trata de simples especulaciones. Por una parte está el contrato con la empresa Seprisa, conformada por ex miembros de la PJF. Por la otra en el SERA es cada vez más fuerte la presencia de ex Ministerios Públicos Federales y ex altos funcionarios de la PGR, de épocas pasadas, en las principales posiciones y delegaciones. Por ejemplo, la principal plaza del SERA, la dirección de recepción y destino, está en manos de Víctor Aznar; en Ciudad Juárez, donde existe el mayor número de bienes asegurados, sobre todo al cártel de Amado Carrillo, sus delegados son Reyna Catalina Nevarez y Carlos Montes Nanni. En Morelia, está el ex MP federal, José Felipe Alvarez. Y la lista podría ampliarse en cada una de las principales entidades de la república con alta carga de bienes asegurados.
Estos mecanismos se pusieron al descubierto de una forma sencilla. Cuando distintas propiedades son entregadas al SERA para que queden en custodia de otros grupos de seguridad, la norma es encontrarse con que esas propiedades no pueden ser “recuperadas” por la sencilla razón de que están siendo ocupadas y sus ocupantes, en algunas ocasiones están relacionados con la PGR o con algún cuerpo de seguridad, y en otros, simplemente son personas que están pagando renta por esas propiedades. En otros casos, las propiedades han sido vendidas.
Por ejemplo, en Chetumal, todas las propiedades que fueron decomisadas al ex gobernador Mario Villanueva no han sido entregadas al SERA y no se sabe quiénes están administrándolas. Lo mismo sucede con las casas de Cancún, en Isla Dorada que fueron decomisadas a los hombres del cártel de Juárez en esa ciudad. Se supone que una vez decomisadas las propiedades en 72 horas deben ser entregadas al SERA. Lo cierto es que a dos años, esas casas aún no han sido entregadas al SERA y la versión, no confirmada, es que son utilizadas como casas de veraneo por altos funcionarios de la PGR e incluso son rentadas en periodos vacacionales. ¿O dónde están las más de 140 propiedades que le fueron incautadas a Juan García Abrego en Monterrey?. En resguardo del SERA no se encuentran.
Hace unos meses hicimos un amplio recorrido por las propiedades que le habían sido decomisadas a Ismael el Mayo Zambada en el poblado de El Salado, en Sinaloa, donde le habían sido incautadas diversas propiedades, incluyendo el rancho más importante de la región, llamado Costa Rica. Hoy, ese rancho y otras propiedades les han sido regresados a la familia del líder del cártel de Sinaloa. ¿Por qué?
Pero hay otros casos. Tenemos imágenes (que mostramos en México Confidencial la semana pasada) de viviendas decomisadas al narcotráfico en Tijuana y que cuando fueron entregadas al SERA estaban rentadas. Una de ellas en la calle de Caracas 12506, en el fraccionamiento El Paraiso. Otra más, también ocupada, se encuentra en la calle de Violeta sin número, entre Bugambilias y Gardenias, en la hacienda Lindavista, también de Tijuana. Una vez más, al llegar funcionarios del SERA encontraron que la casa estaba ocupada por una familia que pagaba renta por ella.
El caso se repite en Mazatlán. Tenemos imágenes de una casa en la calle de Sierra de Venados 327 que al tratar de ser recuperada se comprobó que también estaba rentada y ocupada. En la misma ciudad de Mazatlán, se entregó al SERA un edificio de tres pisos que alguna vez fue de lujo, ubicado en las calles de Rotarismo y Rosas, en la colonia Reforma. Quienes fueron a resguardarlo se encontraron con que, una parte de lo que queda del edificio, que está en absoluto abandono, está ocupada. Otra tiene instalado un humilde negocio. Todos pagan renta ¿a quién?
Lo cierto es que la circulación de los bienes asegurados pareciera estar, desde la época de Izábal Villicaña y Miranda Noricumbo, fuera de control. Que desde la propia PGR se creó entonces, una estructura paralela para el resguardo de los inmuebles que esa estructura renta y ocupa ilegalmente, e incluso en ocasiones los vende. Que al SERA se le envían menos del 10 por ciento de los bienes asegurados y que, con el cambio de administración, varios de los personajes que manejaron bienes asegurados en la PGR en la pasada administración, comienzan a ocupar posiciones en el propio SERA.
El negocio ahí está, y trasciende la formalidad de la ley.